Publicado: 22/11/2013 04:00
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, se ha visto obligado a pedir a uno de los imputados en el 'caso Gürtel' algo insólito: que sea él mismo quien traiga a nuestro país una millonaria cantidad de dinero para así poder bloqueárselo. Y todo por la negativa a inmovilizar el dinero de las autoridades del país donde se encuentra depositado éste. Ocurrió el pasado lunes. Ese día, el magistrado dictó una diligencia en la que requería a Ángel Sanchis Perales, encausado en el sumario de la trama de corrupción como una de las personas que presuntamente ayudó a Luis Bárcenas a esconder su fortuna suiza, que transfierera desde EEUU a nuestro país los 3,5 millones de dólares (2,6 millones de euros) que figuraban en el saldo de una de sus cuentas en Nueva York sobre la que la Justicia española mantiene la sospecha de que podía haber acogido parte del dinero del político ahora encarcelado. El motivo no era otro que la negativa de las autoridades de Washington a inmovilizar dicho saldo. El propio imputado ya ha dado los primeros pasos para hacerlo tras comunicar a Ruz la cuenta abierta en Madrid a la que lo va a traer.
El juez investiga desde el pasado mes de agosto la cuenta de EEUU desde la que va a ser transferido el dinero como posible destino de parte de la fortuna que Bárcenas atesoró en Suiza
La peripecia judicial de la millonaria cantidad de dinero comenzó el pasado verano, más en concreto, el 12 de agosto. Ese día, el juez Ruz remitió a los EEUU una nueva comisión rogatoria, la decimoséptima del 'caso Gürtel', para solicitar, entre otras medidas, el bloqueo de la cuenta que en el HSBC de Nueva York tenía abierta la empresa TQM Capital, propiedad de uno de los hijos de Sanchis. La sospecha sobre dicho depósito había surgido días antes, tras analizar la documentación enviada por Washington sobre otro depósito tenía que en el mismo banco una segunda compañía, la uruguaya Rumagol, investigada también por su presunta participación en los movimientos bancarios realizados por Bárcenas para ocultar su dinero. En dicha documentación se reflejaba que esta última cuenta había sido cerrada sólo unos días antes de que pudiera ser intervenida por la justicia norteamericana y que parte de sus fondos habían sido transferidos a la de TQM en la misma entidad financiera. Con estos nuevos datos, el magistrado español pidió la colaboración de EEUU que, sin embargo, rechazó el bloqueo de dicha cuenta y se limitó a facilitar detallada información sobre los movimientos bancarios de la misma.
La situación permaneció así hasta que el pasado 28 de octubre el instructor del 'caso Gürtel' dictó un auto por el que impuso una fianza de 8 millones de euros a Ángel Sanchis y éste ofreció, precisamente, el saldo en esa cuenta como parte de la misma. Según señalaba el empresario en un escrito que remitió a la Audiencia Nacional el pasado 5 de noviembre, la cuenta tenía aquel día 3,5 millones de dólares (2,6 millones de euros) que ponía en ese momento a disposición del juzgado, junto a 1,7 millones de acciones de la empresa con la que explotaba su latifundio argentino de limones, como garantía para hacer frente a las futuras responsabilidades económicas que pudieran recaer sobre él. El magistrado, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, aceptó el ofrecimiento del imputado "dado que no se ha llevado a efecto el bloqueo interesado por comisión rogatoria", como detallaba el Ministerio Público en el escrito en el que daba el visto bueno a la decisión judicial.
El juez fijaba en el mismo escrito del pasado lunes un plazo de diez días para que Sanchis remita la millonaria cantidad a "una cuenta que pueda ser bloqueada por este Juzgado", es decir, en España. No ha hecho falta agotarlo. El pasado miércoles los abogados del empresario registraban un escrito en la Audiencia Nacional en el que informaban al magistrado que el dinero seráfinalmente transferido en los próximos días a una cuenta que abierta en una céntrica sucursal del Barclays Bank en la que el empresario cobra su pensión y solicitaban al magistrado que tomara las medidas pertinentes para que el millonario movimiento de dinero no provoque la alarma ni de la propia entidad ni del Servicio de Prevención de Blanqueo de Dinero (SEPBLAC). El juez ha accedido a todo ello este mismo viernes
Otra cuenta sin bloquear
Los 2,6 millones de euros de la cuenta de TQM no son, sin embargo, la única cantidad millonaria que el juez Ruz ha intentado inmovilizar en los últimos meses sin éxito. En la misma comisión rogatoria que solicitaba el bloqueo de ésta, también pedía a las autoridades de EEUU una medida similar para otra en la misma entidad financiera de de Nueva York, en este caso de la empresa argentina La Moraleja SA, la sociedad de la familia Sanchis con la que explota el célebre latifundio de limones para el que trabajó Bárcenas. Como en el caso de la primera, las autoridades de EEUU se han negado a inmovilizar el saldo. Algo similar ha ocurrido con una segunda cuenta de esta misma compañía agroalimentaria abierta en el Atlantic Capital Bank de la ciudad de Atlanta, también en EEUU. Lo único que han hecho hasta ahora las autoridades de Washington sobre las mismas ha sido facilitar abundante documentación sobre su apertura y los movimientos que se han registrado en todas ellas.
Washington tampoco han querido bloquear otras dos cuentas abiertas a nombre de La Moraleja SA, la empresa de la familia Sanchis que explota el latifundio argentino de limones
Tanto en estos dos casos como en el de la cuenta desde la que van ahora a ser transferidos los 2,6 millones de euros, las autoridades estadounidenses consideran que la información remitida por el juez Ruz no aportaba datos suficientes para concluir que los fondos depositados en las mismas tenían origen ilícito y que, por tanto, no estaba justificada la inmovilización de sus saldos. No ha pasado mismo, sin embargo, con el depósito que La Moraleja SA tenía en el Banco Macro, de Buenos Aires. El juez Ruz pidió el pasado 25 de septiembre a las autoridades argentinas que bloqueasen los saldos de dichas cuentas. En este caso, la justicia del país sudamericano sí ha accedido a la medida.
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