Publicado: 13/09/2013 04:00
El Pleno del Congreso aprobó ayer el dictamen de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con los votos favorables de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria y entre críticas sobre la opacidad del texto y su partidismo por parte del resto del arco parlamentario. Así, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y parte del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai) rechazaron el proyecto estrella del Gobierno de Mariano Rajoy para combatir la corrupción política y fomentar la regeneración democrática.
Ahora, el articulado pasará a tramitarse en el Senado, donde la vicepresidenta del Ejecutivo e impulsora de la iniciativa, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo “no descansaremos para que puedan incorporarse más grupos” a la misma, principalmente el PSOE, que había protagonizado un acercamiento a los populares antes del verano, pero que terminó levantándose de la mesa negociadora ante la negativa de Rajoy a dar explicaciones sobre el caso Bárcenas.
No obstante, a la espera de que se introduzcan enmiendas en el paso del texto por la Cámara Alta, los nacionalistas vascos y catalanes recalcaron que prestaban su apoyo al Gobierno, pero con matices. En el caso del diputado de CiU Jordi Jané manifestó que en la norma que se remite al Senado hay "demasiados límites" al derecho de acceso a la información e insistió en que habría que introducir excepciones al silencio negativo de la administración. Es precisamente este aspecto una de las lagunas que presenta la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, según denuncian organizaciones internacionales como Access Info Europe (AIE). Un reciente informe del proyecto Global Right to Information Rating, que examina la idoneidad de este tipo de normas en países que las han incorporado a su ordenamiento jurídico, observa numerosas carencias en el articulado español.
Desde IAE se reprocha al Gobierno que “no todos los ciudadanos tienen los conocimientos necesarios para interpretar y manejar resoluciones presuntas por silencio administrativo”
Por ejemplo, AIE recalca que si bien la norma fija en más de 20 días hábiles el plazo para responder a las solicitudes de información, también “reconoce la posibilidad de resolución por silencio negativo”. En lo relativo a las “reclamaciones” ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la ley señala que “se interpondrán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Desde IAE se reprocha al Gobierno que “no todos los ciudadanos tienen los conocimientos necesarios para interpretar y manejar resoluciones presuntas por silencio administrativo”.
Pero si hay un apartado de este informe en el que los reproches a Ley de Transparencia cobran especial relevancia, ése es el referente a los recursos. Aquí la ONG Access Info Europe es clara y rotunda: tras la formulación de una “reclamación”, precisa, “se excluye, adicionalmente, la posibilidad de presentar cualquier tipo de recurso administrativo ante un número alto de instituciones” y cita la Casa del Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. De este modo, AIE subraya que “todo solicitante que quiera recurrir las resoluciones dictadas por los órganos mencionados, deberán recurrir judicialmente en vía contencioso-administrativa”.
Falta de independencia política
Desde UPyD, el diputado Carlos Martínez Gorriarán centró sus reproches en la regulación del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley. "No puede ser una delegación del Ejecutivo" ni su presidente "un mandado del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas”, denunció.
La ley dice que el máximo responsable de dicho Consejo “será nombrado por un periodo no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular de Hacienda y Administraciones Públicas entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional”. Este presidente trabajará junto a una comisión, compuesta, además de él, por un diputado, un senador y representantes del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia Española de Protección de Datos, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y Autoridad de Responsabilidad Fiscal. Para AIE, el Consejo “carece de personal independiente dado que se compone de profesionales con cargo en órganos políticos o administrativos”.
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