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La Ley de Transparencia podría acabar controlando ONGs, medios de comunicación y empresas

Los expertos debaten sobre el modelo jurídico con el que encajar a todas las empresas privadas, no sujetas a derecho administrativo, pero que reciben ayudas públicas hasta en porcentajes superiores al 50% de su presupuesto total.

La Ley de Transparencia crece y crece conforme los expertos debaten sobre su configuración. El proyecto de ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno iba, en principio, a afectar sólo a las Administraciones Públicas, pero la anunciada inclusión en la misma de partidos políticos, sindicatos y patronal, unida a la de la Casa Real, ha suscitado la duda sobre si debe contemplar a un conjunto amplísimo de entes que reciben fondos públicos. Y ahí es donde el abanico se abre hasta el infinito porque, a decir de un miembro de la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, "rara es la organización en este país que, de un modo u otro no recibe fondos públicos". ONG, medios de comunicación, empresas de todo tipo, la Iglesia... todos ellos subsisten en mayor o menor medida de los fondos que les llegan vía distintos ministerios.

El debate en torno a los medios de comunicación ya se abrió hace tiempo en el seno del PP,tal y como informó este medio. La publicidad institucional, ahora diezmada, ha sido sobre todo para los medios regionales, una de sus principales fuentes presupuestarias, "y eso es dinero público". Se trata, sin duda, de una cuestión complicada de articular, tanto por la obligación de transparencia que obligaría a los medios como a la propia Administración que podría quedar al descubierto en caso de primar a la prensa afín ideológicamente.

Por su parte, la mayoría de las ONG sobreviven gracias a las ayudas públicas, que, en muchos casos, suponen más de 50% de sus ingresos frente a las cuotas de sus socios o donaciones privadas. Pero también son legión las empresas, grandes, medianas y pequeñas, especialmente las grandes, que reciben ayudas públicas por distintos y variados canales. En estos momentos se debate cuál debe ser el porcentaje de ayuda pública, en función de su presupuesto total, que determine qué organización queda bajo control de la Ley. La idea más generalizada es que este porcentaje sea del 50% o 51%, aunque no está cerrado definitivamente.

La "transparencia" de las empresas privadas subvencionadas es difícil de articular porque no están sometidas al derecho administrativo

¿Todos ellos deben quedar sometidos a las reglas de transparencia? El actual proyecto de Ley recoge que las Administraciones públicas están obligadas a dar información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia jurídica económica, presupuestaria y estadística. Asimismo, quedarán sometidas al criterio de buen gobierno y a infracciones en materia de conflicto de intereses y de gestión económico-presupuestaria. El 'striptease' afectaría prácticamente a todos los organismos e instituciones en un país fuertemente subvencionado a pesar de los recortes.

Capítulo aparte es el de la Iglesia. No todos, ni siquiera en el PSOE, según ha podido constatar Vozpópuli, creen que deba entrar en la Ley de Transparencia, pero la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó el pasado viernes, en la rueda de prensa que sigue a la reunión del Consejo de Ministros, que estará incluida al recibir mayoritariamente fondos públicos. Tras indicar que el Gobierno no había hablado de momento con representantes de la Iglesia Católica, como sí lo ha hecho con la Casa del Rey, señaló, no obstante, que habrá que estudiar la fórmula en la que se incluirá en la ley a la Iglesia y otras instituciones, que,al no ser administraciones públicas, tienen estructuras y composición diferentes y no están sometidas al derecho administrativo.


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