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El PP se niega a incluir a los 'lobbies' en la futura Ley de Transparencia como exige el PSOE

Los populares mantienen que son los partidos políticos y no estos grupos de presión quienes actúan de "enlace legítimo" entre la sociedad y los poderes públicos. Los socialistas reclaman su regulación en una enmienda al proyecto de ley en el Senado. El Gobierno de Mas sí incorporará este perfil en la sucedánea normativa catalana. 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la impulsora de la Ley de Transparencia.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la impulsora de la Ley de Transparencia. EFE

Después de su tibieza en el debate abierto sobre la inclusión de los lobbies en la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Acceso a la Información y Buen Gobierno, el PSOE ha dado un paso al frente. En el paquete de enmiendas al proyecto de ley, que ahora sigue su tramitación en el Senado tras ser aprobado por el Congreso, los socialistas han insertado un punto que reclama la regulación de estos grupos de presión. En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista exige que el texto incorpore una nueva disposición adicional, sería la novena, cuya redacción fuese la siguiente: "El Gobierno promoverá las iniciativas necesarias para la regulación de la actuación de personas, empresas u organizaciones representativas de intereses ante el Gobierno, la Administración y la Cortes Generales".

Se trata de una enmienda de adición, puesto que el proyecto de ley que salió de la primera votación en la Cámara Baja no incluye ninguna referencia a los lobbies. En el PP, según las fuentes parlamentarias consultadas, no están dispuestos a ceder en este punto, ya que consideran que son los partidos políticos y no estos grupos de presión quienes actúan de "enlace legítimo" entre la sociedad y los poderes públicos. En este sentido, las mismas fuentes apuntan a "la dificultad que entraña someter a control a los lobbies, grupos muy heterogéneos que persiguen diferentes intereses cruzados".

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular apuntan a "la dificultad que entraña someter a control a los 'lobbies', grupos muy heterogéneos que persiguen diferentes intereses cruzados"

Ya en marzo del año pasado, el GrupoPopular en el Congreso de los Diputados recurrió a su mayoría absoluta para rechazar en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas una proposición no de ley presentada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para instar a la creación de un registro de lobbies. La propuesta también pedía que estos grupos se sometan al control del Parlamento, así como un código de conducta común para sus miembros por el que declaren el interés o intereses que representan. Esta PNL, defendida por Laia Ortiz, diputada de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), decía que "existen ejemplos claros de la capacidad de influencia de los lobbies en nuestra economía y nuestra política, y de los privilegios que determinados sectores gozan en el ámbito financiero, el de las empresas concesionarias y también en el mercado eléctrico; se trata de maniobras especulativas que quedan al margen del control público y democrático".

Desde el Gobierno ha sido el titular de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, quien se ha referido a estos grupos de presión en sede parlamentaria. El pasado marzo, en respuesta a una pregunta del senador Iñaki Anasagasti (PNV) sobre los supuestos trabajos "delicados, confidenciales y clasificados" que la princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, amiga del Rey, habríarealizado para el Gobierno, García-Margallo manifestó: "Escuchar a los lobbies no está mal, enriquece el conocimiento; lo que está mal es subordinar el interés general al interés particular que defiende un lobby y lo que está fatal es corromperse ante un lobby".

La Generalitat no termina de ser pionera

Aunque CiU apoyó la aprobación del proyecto de ley en el Congreso el pasado 12 de septiembre, junto a PNV y Coalición Canaria, los nacionalistas catalanes también son partidarios de incluir un registro de lobbies en el texto durante su paso por el Senado. De hecho, el Gobierno de Artur Mas sí tiene intención de regular estos grupos de presión en su futura Ley de Transparencia, que ahora se debate en el Parlament. La Generalitat había pensado establecer un registro al que se pudiera acceder desde el portal Transparència, pero tal información aún no está disponible en este sitio. Asimismo, desde CiU ven también con buenos ojos la creación de un código de buenas prácticas sobre la relación del Govern con los grupos de presión, así como un régimen que permita sanciones a los mismos.

A la hora de abogar por tales medidas, los nacionalistas catalanes se basan en la existencia ya de un listado de lobbies en el seno de la UE. El 23 de junio de 2011, la Comisión y el Parlamento Europeo pusieron en marcha un Registro de Transparencia Común que facilita información sobre todos aquellos que aspiran a influir en la política europea. Esta herramienta sustituía al registro que había establecido la Comisión en 2008. Bruselas es actualmente el segundo punto con más lobbies del mundo, después de Washington. La Eurocámara cuenta con más de 4.400 lobbistas acreditados, que tienen acceso a las sesiones de las comisiones y también a los plenos.


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