Nacional

Recta final para la 'ley mordaza', que disparará las sanciones por desórdenes públicos

La Ley de Seguridad Ciudadana podría salir del Congreso en un mes, tras el debate de las enmiendas parciales presentadas esta semana. El PP quiere regular las devoluciones en caliente y CiU, la videovigilancia privada de espacios públicos.

'Rodear' el Congreso: 30.000 euros; vender discos piratas: 30.000 euros; insultar a un agente: 600 euros; hacer botellón: 30.000 euros. Son algunas de las sanciones que podríamos llegar a pagar por participar en cualquiera de estos actos si se aprueba la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo trámite parlamentario se ha visto acelerado esta semana con la presentación de las enmiendas parciales una vez superado el debate de totalidad. El PP hizo valer su mayoría absoluta para tumbar hasta nueve enmiendas a la totalidad presentadas por cada uno de todos los grupos que forman la oposición.

La mayoría absoluta ha permitido al PP tumbar todas las enmiendas a la totalidad; es el turno de las parciales

El debate parlamentario fue intenso, en la línea de las protestas ciudadanas contra el contenido del proyecto de ley, que se suceden desde que el Ejecutivo concluyó su redacción hasta la actualidad, pese a las modificaciones introducidaspara aliviar la polémica en la calle y en la Cámara, como la introducción de los principios de no discriminación y proporcionalidad en las identificaciones. El pasado martes terminaba el plazo para presentar las enmiendas parciales y los grupos parlamentarios no hacen sino añadir focos de debate.

Legalizar por la puerta de atrás

Los populares aprovechan la menor repercusión mediática de estas iniciativas para introducir por la puerta de atrás algunas reformas no exentas de polémica. La más clamorosa es la regulación del rechazo en frontera, no confundir con las devoluciones en caliente, ilegales, reconoce Fernández Díaz, en todos los casos. Con esta propuesta el PP busca, explica, dar mayor seguridad jurídica tanto a los agentes destinados en Ceuta y Melilla como a las personas que intentan traspasarla de forma irregular. El problema está en la delgada línea que separa el rechazo en frontera y las devoluciones en caliente, que se produce una vez que los inmigrantes ya han pisado suelo español y atenta contra el principio de no devolución y otras garantías recogidas en la Ley de Extranjería. Esta norma sería modificada de aprobarse la enmienda y el Gobierno acabaría, de paso, con la polémica en torno a la actuación de la Guardia Civil en la frontera sur, un triunfo que se uniría al de sacar adelante la controvertida 'ley mordaza'.

CiU pide más mano dura…

El partido de Duran i Lleida va más allá del control policial y apuesta por incluir a los ciudadanos en las actividades encaminadas a proteger la seguridad ciudadana. CiU pide en sus enmiendas incluir una nueva disposición transitoria sobre videoviligancia para "regular la posible colaboración ciudadana mediante una web para la identificación de los responsables de los delitos contra el orden público". También proponen regular las cámaras híbridas (tanto fijas como móviles) y la posibilidad de autorizar cámaras privadas para captar espacios públicos por razones de seguridad ciudadana. Según argumentan, "la videovigilancia es uno de los mecanismos más utilizados por los cuerpos y fuerzas de seguridad para la identificación de ilícitos y de los sujetos que los cometen".

CiU apuesta por la videovigilancia, incluso privada, y por la colaboración ciudadana en el control del orden público

Otra de las cuestiones que propone incluir como infracción grave es "la ocultación del rostro durante la participación en alteraciones de la seguridad ciudadana y con el fin de impedir o dificultar la identificación". Este aspecto solo se encuentra recogido en otro capítulo del texto, en el artículo 16, que dispone que los agentes “podrán requerir la identificación de las personas” para prevenir o evitar la comisión e un delito, incluso de aquellas “cuyo rostro no sea visible por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto” que lo cubra. La redacción actual de la ley no prohíbe, sin embargo, ocultar el rostro.

El proyecto de ley elaborado por el Gobierno contempla como infracción leve, multada con hasta 600 euros, "la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente". Ahora el PP introduce en una de sus enmiendas que "se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada", pero mantiene la calificación de la infracción como leve. CiU pide incrementar las sanciones previstas contra el ‘top manta’, proponiendo para ello su calificación como infracción grave, lo cual acarrea multas de hasta 30.000 euros.

… y el PSOE quiere suavizar el texto

Mientras, el PSOE pide en sus enmiendas parciales rebajar la calificación de determinadas infracciones de graves a leves. En las 26 enmiendas que presenta el grupo en el Congreso proponen suprimir un total de 9 faltas graves, como la “perturbación grave de la seguridad ciudadana con ocasión de reunionesfrentea las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas de las comunidades autónomas”, cuya sanción según el texto del Ejecutivo oscilaría entre los 600 y los 30.000 euros.

El PSOE pide retirar la prostitución, el botellón y los insultos a agentes de la lista de infracciones

Los socialistas piden también eliminar la infracción grave relativa la “negativa a identificarse ante los agentes” o la “solicitud o aceptación de servicios sexuales en zonas de tránsito público, en las proximidades de colegios, parques infantiles, zonas de ocio de menores o lugares en los que se ponga en riesgo la seguridad vial”. El PSOE apunta que las multas por este motivo serían más altas que las previstas por conducir bajo los efectos del alcohol o de forma temeraria. El grupo de Sánchez pide además retirar seisinfracciones leves, sancionadas con hasta 600 euros, entre ellas las “faltas de respeto e injurias a los policías en el desempeño de sus funciones de seguridad ciudadana en una manifestación” y la relativa a ocupar casas.

Por otro lado, solicitan rebajar la gravedad de determinadas actividades. Los socialistas consideran que no debe figurar como infracción grave, sino leve la sanción del 'botellón', “el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”. También las llamadas 'cundas', el traslado de personas con el objeto de facilitar el acceso a drogas.


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