Publicado: 30/09/2012 04:00
Desde el inicio de la crisis, en España se han destruido más de 2,6 millones de puestos de trabajo, la cuarta parte del empleo que ha desaparecido en el conjunto de países de la OCDE. Pero el grueso del ajuste se ha hecho en el sector privado, incluso durante este año 2012 en el que el cuadro macro preveía un aumento del paro de más de 630.000 personas.
La mayoría de los 176.000 trabajadores expulsados del sector público en los últimos doce meses eran temporales
En los últimos doce meses, la destrucción de empleo público ha afectado directamente a 176.000 trabajadores, pero continúa habiendo más de tres millones de personas al servicio de las tres administraciones entre funcionarios, contratados laborales, interinos y eventuales. En otras palabras, el recorte de empleo pendiente va a afectar en los próximos meses a ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas. La tasa de paro prevista para el año que viene sigue anclada en el 24%.
Los presupuestos estatales de 2013 que acaban de entrar en el Congreso confirman que en los últimos cuatro trimestres el sector público expulsó del mercado laboral a más de 176.000 trabajadores, un 5,5%, una cifra por debajo de lo previsto que en adelante se verá alimentada por la aplicación de la reforma laboral.
Para pagar los sueldos de los empleados públicos, el Estado destinará el año que viene casi 16.000 millones de euros. Estos gastos de personal se disparan por encima de los 27.000 millones si se les suma la partida dedicada a pagar las pensiones de los funcionarios ya jubilados, que rozará en 2013 los 12.000 millones de euros.
La cuantía destinada al personal en activo cae un 3,8% respecto a 2012, frente a un incremento del 8,9% de los recursos previstos para el pago de las pensiones. Este aumento obedece al crecimiento de funcionarios jubilados y a la decisión del Gobierno de elevar las pensiones un 1% el año que viene.
Entre los sueldos de los empleados públicos y las pensiones de los que ya están jubilados se consumirán 27.000 millones
La tasa de temporalidad entre los empleados públicos se sitúa en casi el 21%, con una caída algo superior al punto porcentual en el segundo trimestre del año. La mayoría del ajuste se ha centrado en los contratos temporales.
Aquí descansa una de las principales denuncias de los sindicatos, conscientes de que en las tres administraciones se están practicando expedientes de regulación de empleo encubiertos, circunstancia especialmente visible en el sector de la educación, donde en el curso que acaba de iniciarse se han contratado menos profesores interinos.
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