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Los agentes forestales alertan de que la nueva Ley de Montes abre la puerta a la privatización del cuerpo

El cuerpo de funcionarios públicos está alarmado por las modificaciones que introduce la nueva Ley de Montes. Las competencias de la policía ambiental se verán reducidas, quedando como meros auxiliares de otros cuerpos. Alertan de que la reducción de sus capacidades y efectivos allana el terreno para privatizar la vigilancia del medio natural.

Un vehículo del cuerpo de Agentes Forestales.
Un vehículo del cuerpo de Agentes Forestales. APAF Madrid

El Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Montes, aprobado el pasado 9 de enero en Consejo de Ministros, ha levantado en armas a uno de los colectivos afectados por el cambio de la norma que rige la gestión del medio natural: los agentes forestales. Además de abrir la posibilidad de construir en zonas incendiadas -a diferencia de la ley actual que prohíbe el cambio de uso de áreas arrasadas por el fuego durante al menos 30 años para evitar incendios con fines especulativos- la nueva ley incorpora otras polémicas modificaciones, entre ellas las que tienen que ver con la policía forestal, a la que resta competencias. Según denuncia el colectivo, la ley limita su condición de policía judicial imposibilitando su actuación frente a los delitos medioambientales, lo que conllevará una grave desprotección del medio natural en contra del interés público y abre la puerta a la privatización de la vigilancia, prevención y persecución de actuaciones contra el medio ambiente.

Los agentes forestales pasarán de actuar como policía judicial ante la detección de cualquier delito medioambiental a intervenir "de forma auxiliar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad"

Los representantes de las principales organizaciones de estos empleados públicos a nivel nacional (la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), la Coordinadora de Agentes Medioambientales de FSC-CCOO y el Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de FSP-UGT) se han unido para mostrar su total rechazo a una ley que creen que dificulta la persecución de delitos medioambientales. El PSOE en una reunión en el Congreso, se ha comprometido a colaborar para que "el enésimo despropósito medioambiental del PP en esta legislatura no llegue a cometerse". Si la ley se aprueba el texto y como ha planteado el Gobierno del PP, los agentes forestales -con condición de agentes de la autoridad- pasarán de actuar como policía judicial ante la detección de cualquier delito medioambiental en coordinación con otros cuerpos a intervenir "de forma auxiliar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que elaborarán, en su caso, el correspondiente atestado. Para ello, los agentes forestales les darán conocimiento de cuanto hubiesen practicado, poniéndose a su disposición", según recoge el texto.

Según profesionales consultados por este diario, esto significa que los agentes medioambientales pasarán a ser meros avisadores de la Guardia Civil. "Cuando nos encontremos con un delito tenemos que levantar las manos y avisar a la Guardia Civil.". En el caso de la Comunidad de Madrid "será como tener a 200 trabajadores mirando a la pared". Aunque tendrán que concretarse los protocolos de actuación, creen que con la nueva ley no podrán hacer atestados y tendrán que limitarse a realizar las diligencias previas en el caso de un supuesto delito medioambiental y esperar a que llegara un cuerpo diferente al suyo para poder empezar a realizar su trabajo, con la consiguiente pérdida de tiempo y eficacia, ya que -según defienden- son los efectivos forestales quienes mejor conocen el terreno y tienen mejor dotación para llegar a las emergencias.

Dejar morir lo público para justificar lo privado

Los 6.000 agentes forestales serán recursos inutilizados, denuncia el colectivo. Consideran absurdo que quieran restar competencias a un cuerpo con conocimientos específicos, que ha tenido que pasar una oposición de tres años y lleva más de 40 haciendo atestados a la Fiscalía. "Somos 6.000 trabajadores a los que ya están pagando y no los quieren aprovechar". Lo que subyace de todo esto, explican las mismas fuentes, es la intención de que esta profesión desaparezca como servicio público. Con la estocada a la policía medioambiental, "lo que está haciendo el Gobierno es preparar el terreno para privatizar la gestión del medio natural". Así, se abre la puerta a que sean empresas privadas las que sustituyan a los funcionarios en las tareas de vigilancia del medio forestal, lamentan los profesionales.

Al Gobierno le interesa meter seguridad privada en el monte para hacer negocio y poder controlar lo que se denuncia y lo que no, denuncian

Hay un mercado muy importante en el ámbito de la seguridad y los vigilantes privados pueden resultar más manejables, explican. "Al PP le viene de miedo meter seguridad privada en el monte para hacer negocio y poder controlar lo que se denuncia y lo que no, así mata dos pájaros de un tiro". Están convencidos de que los movimientos del Gobierno van en esa dirección, después de los ejemplos de la privatización de la vigilancia del exterior de las prisiones y el intento de dar potestad a los vigilantes privados para detener, cachear e identificar en la vía pública. "En el futuro veremos cómo los guardias privados acaban vigilando los montes, las fincas...", alerta otra de las fuentes consultadas.

Aunque están pendientes de lo que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal establezca sobre la figura de la policía judicial y los procesos de prevención en los que pueden actuar, se muestran pesimistas y vislumbran un futuro negro, en el que al principio el vigilante privado y el cuerpo de funcionarios públicos convivirán hasta que el agente forestal sea privado. Señalan como ejemplo el "aumento espectacular de los espacios y terrenos protegidos en el medio natural con una necesidad evidente de protección y vigilancia según las propias normas que los crean".

Competencia con otros cuerpos

Tal y como viene denunciando el colectivo, el cuerpo está llamado a desaparecer. Tras once años sin oposiciones en Madrid, no se ofertan nuevas plazas para cubrir las jubilaciones y las bajas, por lo que la plantilla es, irremediablemente, cada vez más reducida. Están convencidos de que todos estos movimientos lo que persiguen es liquidar poco a poco esta especialización y ponen como ejemplo la orden expresa de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid de excluir a los agentes forestales de los avisos del protocolo de Emergencias 112, en el que están integrados.

La Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid (APAF-Madrid) denuncia lo que considera un "corporativismo profesional policial mal entendido", ya que creen que son considerados una competencia para el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil). Según denuncian trabajadores, los agentes forestales se encuentran en un limbo de la estructura policial ya que no se les ha dado la misma seguridad jurídica que a otros cuerpos pese a tener las mismas competencias que el SEPRONA. Además, consideran "un disparate" que la protección medioambiental, de competencia autonómica se empiece a regular ahora de forma estatal.


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