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El Gobierno reformará la ley para agilizar los macroprocesos y limitar los plazos de instrucción

El Consejo de Ministros aprobará este viernes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar las causas más complejas: se fija un límite de 6 meses de instrucción para los procesos simples y 18 meses para los complejos. 

El ministro de Justicia ya anunciaba la reforma en una comparecencia en octubre
El ministro de Justicia ya anunciaba la reforma en una comparecencia en octubre Efe

El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes la reforma que agilizará los llamados macroprocesos para hacer posible instruir y juzgar los delitos sin necesidad de concatenar piezas e impedir así que los procesos se alarguen durante años, y que fijará un plazo máximo de instrucción.

Fuentes parlamentarias han informado a Efe de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) será aprobado casi con seguridad en el próximo Consejo de Ministros, dando así cumplimiento a una de las prioridades del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

La reforma pretende limitar a 6 meses la instrucción de los sumarios judiciales más simples y a 18 meses los más complejos

Así lo ha confirmado el propio ministro, que ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros aprobará este viernes la reforma en la que pretende limitar a 6 meses la instrucción de los sumarios judiciales más simples y a 18 meses los más complejos con el objetivo de agilizar la justicia.

Catalá ha explicado que estos plazos tendrán un margen de flexibilidad y ha dicho que no considera imprescindible aumentar la plantilla en los juzgados para aplicarlos porque, a su juicio, se puede lograr una mayor eficiencia con otras medidas como la informatización o las mejoras en los procedimientos. "Igual que los plazos de los recursos obligan a los ciudadanos, igual que la administración tiene unos plazos para resolver los procedimientos administrativos, también el orden jurisdiccional es razonable que tenga unos plazos para resolver los procesos", ha dicho Catalá en rueda de prensa tras participar en el Consejo de Justicia de la UE.

"La propuesta que mañana (por este viernes) presentaremos al Consejo de Ministros lo que plantea es fijar unas referencias: que las instrucciones de menor complejidad tengan un plazo de 6 meses y las de mayor complejidad tengan un plazo de 18 meses, como regla general", ha explicado el ministro de Justicia. "Esas reglas podrán ampliarse cuando así lo considere el órgano instructor y también la fiscalía informe favorablemente", ha agregado.

Según ha explicado Catalá, la definición de los plazos "se ha trabajado con fiscales, con jueces y con catedráticos y todo el mundo entiende que es razonable incorporar esas referencias". El objetivo es agilizar los procedimientos porque "una justicia lenta es una justicia de menos calidad", ha alegado.

Se busca agilizar los procesos

El texto pretende impulsar y agilizar los causas más complejas de ámbito penal que "se alargan durante años sin que parezca que llegue nunca el día en que se dicte sentencia y, por lo tanto, se imparta una justicia efectiva".

Así, la reforma agilizará los macroprocesos mediante la separación de las piezas, que podrán instruir otros jueces de forma separada pero coordinada con la causa principal.

Se trata, según Catalá, "de imprimir agilidad y eficacia a las causas, acabando con la sensación de retardo que genera el hecho de que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años sin que en ese tiempo se puedan determinar y finalizar responsabilidades penales".

Se trata de imprimir agilidad y eficacia acabando con la sensación de retardo que genera que procesos de gran repercusión estén abiertos durante años y terminen sin responsabilidades penales

La otra gran novedad del texto estará en el establecimiento de un plazo máximo para la instrucción, de manera que se hagan compatibles las necesidades propias de la labor de investigación con la duración de los procesos.

La reforma también regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, lo que facilitará la actuación de los jueces de lo penal, en particular de los jueces de la Audiencia Nacional, que en ocasiones deben "apoyar medidas de investigación que no tienen hoy un soporte en nuestra legislación", afirmó el ministro.

Según las fuentes, se trata de una "reforma parcial" de la norma ante la "imposibilidad material" por falta de tiempo para abordar una propuesta más ambiciosa como la que defendía el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, y que entregaba la instrucción de las causas a los fiscales en vez de a los jueces de instrucción.

No obstante, se tomarán algunos elementos "urgentes y necesarios" del borrador de la comisión de expertos que impulsó Ruiz-Gallardón para aprovechar ese trabajo previo que realizaron los juristas y que "no fue en vano" pues ha servido de base para este anteproyecto. "Había que tomar medidas ya y hacer aquellas cosas que realmente se pueden hacer", precisan las fuentes, que explican que hay ciertos asuntos que urgía afrontar de manera inmediata.


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