Nacional

La Generalitat catalana amenaza con la insumisión a la Ley de Educación de Wert

Irene Rigau ha asegurado que tiene la esperanza de que no sea necesario llegar a este punto, "porque la norma no se acabará aplicando", y ha anunciado que interpondrán un recurso al Tribunal Constitucional (TC).

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau.
La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau. EFE

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha afirmado este miércoles que la insumisión de aplicar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) es una "posibilidad" si finalmente se implanta la norma.

"Es una posibilidad que no hemos de dejar de pensar que también pueda existir", ha sostenido la consejera en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, a lo que ha agregado que interpondrán un recurso al Tribunal Constitucional (TC) si no se modifica la norma porque una ley orgánica modifica competencias estatutarias.

Así, ha asegurado que tiene la esperanza de que no sea necesario llegar a este punto porque la norma no se acabará aplicando, por lo que ha defendido actuar "en cada momento", como ya están haciendo, puesto que este martes todos los partidos -menos PP y C's- acordaron redactar enmiendas conjuntas en el Congreso.

"Conviene que cada uno haga su enmienda a la totalidad, pero proponíamos a los grupos que pudieran compartir los rasgos fundamentales con el mismo texto para que se viera la fuerza en el Congreso", ha reiterado la responsable catalana de Enseñanza.

Rigau también ha sostenido que la Lomce, impulsada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es "una ley del PP", y ha ironizado sobre que se tendría que ver a quién han encargado la norma, puesto que coincide con los postulados de la Fundación para el análisis y los estudios sociales (Faes), vinculada a los populares.

Además de defender el mantenimiento de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, los grupos acordaron que Cataluña continúe diseñando el 45% del currículo y el Estado el 55%, puesto que la 'ley Wert' otorga más competencias al Estado en la definición y evaluación.


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