La Junta Electoral reconoce "dificultades" en la ley para que voten los 1,8 millones de españoles en el extranjero

La Junta Electoral Central ha reconocido que existen "dificultades" para que tanto los emigrantes españoles como los que se encuentran temporalmente en el exterior, un colectivo que ronda los 1,8 millones de electores, puedan ejercer su derecho al voto. 

Así lo asegura el organismo que supervisa los procesos electorales en un acuerdo que responde a una denuncia-solicitud que interpuso Izquierda Unida el pasado 21 de abril para que este organismo instase a la Administración "a remover los obstáculos que dificultan el ejercicio del derecho de sufragio" a los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y a los españoles que están temporalmente en el extranjero. Además de admitir que los plazos que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General son "insuficientes", la Junta Electoral habla también de "problemas derivados del funcionamiento de los servicios postales de otros Estados". 

La Junta Electoral reconoce "problemas derivados del funcionamiento de los servicios postales de otros Estados"

En este sentido, se remite a los informes emitidos por la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y por la Oficina del Censo Electoral. En ellos se detallan las medidas tomadas por esos centros y ponen de relieve que "las principales dificultades" residen en la ley electoral, "particularmente en los casos en los que se presentan recursos contra los acuerdos de proclamación de candidaturas", además de los ya citados "problemas derivados del funcionamiento de los servicios postales de otros Estados", circunstancias ambas "ajenas" a sus competencias. 

IU ha informado en un comunicado que lleva denunciando "este grave problema desde hace años, con más insistencia desde que PP y PSOE lo agravaron tras pactar un cambio de la ley electoral en ese sentido, pero hasta ahora no se había producido un reconocimiento oficial de su existencia". 

El último ejemplo de las consecuencias de los "obstáculos" al voto de los españoles que residen fuera, según IU, fue el de las pasadas elecciones europeas de 2014, en las que "sólo el 2% de los incluidos en el CERA ejercieron su derecho al voto". IU ha subrayado que el acuerdo de la JEC "viene a confirmar" lo que esta formación política "advierte desde hace años".