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Las cesantías de los consejeros de Susana Díaz cuestan un millón de euros a las arcas públicas

La Junta de Andalucía mantiene este privilegio para los miembros salientes del Consejo de Gobierno que así lo reclamen. PP y UPyD han pedido al Ejecutivo autonómico que suprima estas indemnizaciones contempladas en una ley de 2005.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, en el primer consejo de gobierno sin sus exsocios de IU.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, en el primer consejo de gobierno sin sus exsocios de IU. EFE

La convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la presidenta andaluza, Susana Díaz (PSOE), trae aparejado un coste extra para las arcas públicas: las cesantías de los consejeros. En el caso de que no consiguieran ni repetir en el nuevo Consejo de Gobierno ni entrar en el Parlamento autonómico, podría hacer uso del derecho a percibir una indemnización del 80% de su salario durante un máximo de dos años. La suma de lo que correspondería a los once colaboradores del Díez (desde este semana son ocho tras la salida de Diego Valderas, Elena Cortés y Rafael Rodríguez, los tres de IU) asciende, según los datos recabados por Vozpópuli, a más de 1.080.000 euros.

La normativa andaluza, a diferencia de otras comunidades autonómas donde se ha puesto fin a este tipo de privilegios -propios de la "casta" que denuncia Podemos-, mantiene cesantías para los altos cargos de la Junta, aunque distingue entre expresidentes, exvicepresidentes y exconsejeros, por un lado, y resto de directivos, por otro. Ambas regulaciones están recogidas en la Ley autonómica 3/2005, de 8 de abril, aprobada por el Gobierno de Manuel Chaves. Mientras los primeros se rigen por un articulado que remite a la legislación estatal (Ley 74/1980), los segundos están sometidos al régimen de asignación económica de una mensualidad por cada año de trabajo, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce. Estas dos concesiones son incompatibles con otro ingreso público o privado.

Los seis consejeros que Díaz heredó de Griñán podrían percibir hasta 100.480 euros por persona, a ingresar a lo largo de 24 mensualidades

En concreto, para los exconsejeros, la Ley autonómica 3/2005 se refiere al artículo 10 de la ley presupuestaria de 1980, redactada por el Ejecutivo de Adolfo Suárez. Dicho precepto establece que aquellos "que cesen en el ejercicio de dichos cargos a partir del 1 de enero de 1981 tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de 24 mensualidades, una pensión indemnizatoria mensual igual a la dozava parte del 80% del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado".

Atendiendo al salario que perciben los consejeros andaluces, 59.527 euros según el último ejercicio, el 80% que les quedaría ronda los 50.240 euros. En base a este porcentaje y a la antigüedad en el cargo, habría seis consejeros con derecho a cobrar la totalidad de la asignación tras permanecer en el Consejo de Gobierno más de dos años. Serían, además de los tres de Izquierda Unida, la responsable de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero; el de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, y el de Justicia e Interior, Emilio de Llera. A todos ellos les corresponderían 100.480 euros por persona, a ingresar a lo largo de dos años.

Por su parte, los cinco consejeros restantes, los fichajes de Susana Díaz cuando sustituyó a José Antonio Griñán en septiembre de 2013, no podrían cobrar la indemnización más allá de un año y siete meses. El máximo importe que verían Manuel Jiménez Barrios (Presidencia), José Sánchez Maldonado (Economía), María José Sánchez Rubio (Salud), Elena Víboras (Agricultura) y María Jesús Serrano (Medio Ambiente), estaría en torno a los 96.420 euros por cabeza si agotaran todas las mensualidades. Cabe también la posibilidad de que los consejeros renuncien por cuestiones éticas a estas cesantías, concebidas en su día como compensación por el régimen de incompatibilidades que impide realizar en dos años funciones relacionadas con el puesto anterior. 

Una transparencia que no termina de llegar

Tanto PP como UPyD han reclamado sin éxito la supresión de este privilegio. La Junta de Andalucía mantiene un gran hermetismo sobre el número de exaltos cargos que cobran cesantías en la actualidad y sobre las cantidades de las mismas. De momento, el Gobierno de Susana Díaz se remite al futuro Portal de la Transparencia, recogido en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía que aprobaron PSOE-IU el pasado febrero). El lanzamiento de este sitio estaba previsto para el primer semestre del presente año.

El Pleno del Parlamento andaluz, con los votos en contra de PSOE e IU, rechazó en septiembre de 2013 una proposición no de ley presentada por el PP, en la que reclamaba "medidas urgentes" en materia de transparencia en la Administración autonómica, "imprescindibles" para la recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus representantes y el fortalecimiento de las instituciones. Entre ellas, los populares instaban al Gobierno andaluz a publicar semestralmente las asignaciones económicas o cesantías de cada exalto cargo de la Junta. 


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