Susana Díaz cede ante Izquierda Unida: la Junta destina 3 millones de euros al ‘banco de tierras'

El huracán Susana Díaz también flaquea. La firmeza con que la líder de los socialistas andaluces obligó al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a apoyar la moción de UPyD contra el derecho a decidir (la postura inicial era abstenerse, como hizo el PSC) no la evidenció al mismo nivel en su negociación con IU para sacar adelante las cuentas autonómicas, presentadas ayer. Según fuentes solventes consultadas por este diario, de la reunión que mantuvo el lunes en el Palacio de San Telmo hasta bien entrada la madrugada con el líder de los comunistas andaluces, Antonio Maíllo, éste salió satisfecho por haberle arrancado a Díaz no sólo congelar el capítulo de personal de la Junta, sino uno de los reclamos de IU presente en la alianza de gobierno sellada el año pasado y que todavía no se había materializado: el germen del futuro “banco público de tierras”.

Así, heredando también aquí el compromiso que adquirió con los comunistas su predecesor, José Antonio Griñán, Díaz no ha querido tensionar la relación por este asunto con sus socios de Gobierno y ha cedido con tal de aprobar los presupuestos autonómicos de 2014 con el mayor apoyo posible. Aunque podría haber postergado la puesta en marcha de este experimento, la presidenta se ha plegado a la imposición de Maíllo, recurriendo al erario público para costearlo, asignando una partida que asciende a los 3 millones de euros. 

Si bien Maíllo, antes de sentarse con Díaz, se había limitado a decir que eran unas cuentas “difíciles y complicadas”, corrientes de su partido, como CUT-BAI o Izquierda Unida, sí las criticaron abiertamente. Desde el colectivo que lidera el diputado regional de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, expresaron su “rotundo rechazo” al Presupuesto por imprimir “más recortes” a la ciudadanía. Para la escisión impulsada por Gaspar Llamazares, habría que haber avanzado "mucho más" en aspectos que creen “empleo de calidad” y que cubran las necesidades urgentes de los andaluces.

La realización de un diagnóstico de las tierras disponibles será el primer paso de una futura reforma agraria andaluza, basada en buena medida en el decreto ley que IU quiere aprobar antes de 2014

En su discurso de investidura el pasado septiembre, Díez se había comprometido a crear un “observatorio” para hacer un diagnóstico de la situación de las tierras sin cultivar que hay en Andalucía, pero la negociación con Maíllo ha precipitado los acontecimientos. Dicha herramienta, según las fuentes antes citadas, será el primer paso de una futura reforma agraria andaluza, basada en buena medida en el decreto ley que IU quiere que salga aprobado en el Parlamento antes de final de año.

El texto elaborado por los comunistas incluye la creación del banco público de tierras y la expropiación de fincas que “incumplan la función social de la propiedad y lleven sin explotarse dos años, como mínimo, siendo susceptibles de explotación agraria, ganadera o forestal”. Asimismo, contempla la expropiación de aquellos terrenos en los que de modo manifiesto “no se aprovechen correctamente los medios o recursos disponibles como consecuencia de obras construidas o auxiliadas por el Estado u otros entes públicos”.

Por motivos de "emergencia social"

En otro apartado, el proyecto de decreto ley establece que las comarcas donde por razones “emergencia social” se busque dar respuesta urgente a problemas de “desempleo generalizado”, la Junta podrá iniciar procesos expropiatorios de fincas rústicas para incorporarlas al Patrimonio Agrario Andaluz en el marco de la legislación estatal. En concreto, dicha declaración de emergencia social “se acordará mediante decreto del Consejo de Gobierno”, tras haber escuchado a los municipios afectados, así como a las organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales con mayor implantación en la comarca.

Según IU, Andalucía cuenta con 10.000 hectáreas idóneas para el cultivo que permitan crear un banco público de tierras para ponerlas en manos de cooperativas, ayuntamientos, pequeños agricultores y parados. Una acotación dentro de las 20.000 hectáreas que, a juicio de los comunistas, son susceptibles de expropiación para diferentes aprovechamientos. En el caso de explotación agropecuaria por cooperativas, los comunistas quieren seguir el ejemplo de los jornaleros que cultivan la finca de Somonte, propiedad de la Junta y que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), liderado por Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, ocupó hace más de un año y medio en el término municipal de Palma del Río (Córdoba).