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La Junta andaluza concedió por sistema a UGT ayudas "excepcionales" millonarias sin justificar

El sindicato afín al PSOE percibió en abril de 2008, entre otras asignaciones, 50.500 euros para desplazamientos y manutención, 72.000 para reparaciones de sedes y 250.000 para comunicaciones. Los expedientes que habían recibido "reparos" de la Intervención General revelan que faltaba la "acreditación de los importes recibidos por estos conceptos". El Gobierno de Díaz se resiste a personarse en la causa que instruye la juez Alaya.

La presidenta de la Junta de Andalucía, junto a los secretarios regionales de CCOO y UGT.
La presidenta de la Junta de Andalucía, junto a los secretarios regionales de CCOO y UGT. EFE

Los métodos empleados por la Junta de Andalucía para la concesión de ayudas públicas a sindicatos como UGT y Comisiones Obrerasfueron poco ortodoxos de 2008 a 2012 en la principal consejería implicada en el caso de los ERE falsos, el departamento de Empleo. Las subvenciones “excepcionales”, aquellas previstas para actuaciones puntuales “por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente motivadas que dificulten su convocatoria pública”, se convirtieron prácticamente en ordinarias para estos destinatarios y se otorgaron cuando no se habían justificado aún ayudas anteriores, según establece la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía.

En concreto, entre los 119 expedientes de dicha consejería que la Intervención General había cuestionado por irregularidades en su gestión, decenas de ellos tienen como beneficiarios a UGT, CC OO y la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Si bien se desconocía la textualidad de los "reparos" u objeciones hechas por el órgano fiscalizador debido al veto de la Junta para acceder a estos informes, ahora sale a la luz que, según la Intervención, faltaba la “acreditación de los importes recibidos” por diferentes conceptos.

Por ejemplo, existe una ayuda de 1,1 millones de euros solicitada en enero de 2008 por el anterior secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana. Su concesión fue autorizada por el entonces director general de Trabajo y Seguridad, Francisco Javier Guerrero, y por el exviceconsejero Agustín Barberá, ambos imputados en la trama de los ERE fraudulentos.

En abril de ese año, su asignación recibió la firma del propio Pastrana y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, con el siguiente desglose según los datos consultados por Vozpópuli: 50.500 euros se destinaron a gastos de desplazamiento y manutención; 24.000 a reuniones del sindicato; 420.750 a personal; 50.000 a un plan de medios; 72.000 a reparaciones de sedes; 250.000 a comunicaciones; 50.000 a vigilancia y seguridad; 26.000 a arrendamientos y cánones; 16.500 a servicios profesionales independientes; 200.000 para asesoramientos externos y 90.000 para actos sindicales. Ninguna de estas cantidades que pidió UGT y que la Junta le ingresó fueron justificadas por el sindicato, según consta en los expedientes.

Otra ayuda de las cuestionadas por la Intervención asciende a 2,3 millones de euros y fue dirigida a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). El objeto de la misma era la "optimización de recursos de empleo en la mejora de la eficiencia del tejido productivo andaluz" y fue firmada por Manuel Recio, último consejero de Empleo antes de que este departamento se integrara en Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

En este expediente constan incluso pagos que se efectuaron cuando la fundación “estaba ya en proceso de liquidación”. La FAFFE, entidad pública constituida en 2003 y que sirvió de agencia de colocación de familiares de cargos del PSOE y afiliados, fue suprimida en 2011.

"Cómplice de la corrupción"

Entretanto, la Junta de Andalucía continúa sin personarse en el caso de las facturas falsas de UGT que instruye la juez Mercedes Alaya. El portavoz parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas, emplazó ayer a la jefa del Gobierno autonómico, Susana Díaz, a “ordenar de inmediato la personación en sede judicial de la Junta” para no ser “cómplice de la corrupción”. El dirigente popular le exigió que “pase a la acción de una vez” y deje de hacer “discursos huecos sobre la transparencia".

Tras poner en marcha un “procedimiento de información reservada”, la Junta amplió a principios de noviembre esta investigación interna y encargó una “revisión de oficio”. Los servicios jurídicos de la Administración andaluza tienen tres meses para elaborar el informe, que luego remitirán al Consejo Consultivo de Andalucía para decidir si la Junta debe reclamar a UGT los fondos que acabaron en fines distintos a los previstos.


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