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La Junta adjudicó Aznalcóllar "sin el más mínimo rigor" a un consorcio vinculado al PSOE

La presidenta andaluza, Susana Díaz
La presidenta andaluza, Susana Díaz Efe

"No se observa el más mínimo rigor en la actuación de la Administración", señala la juez Patricia Fernández en un auto del pasado 7 de marzo tras investigar cómo la Junta de Andalucía adjudicó la explotación de la mina de Aznalcóllar al consorcio formado por Grupo México y Minorbis -filial de Magtel, una empresa que recibió 15 millones en ayudas en cuatro años y que fichó a un ex alto cargo socialista. 

Según la juez, el consorcio no cumplía ni uno solo de los requisitos fijados, pese a lo cuál, se hizo con los derechos de explotación durante 30 años

En ell auto, según publica el diario El Mundo, la juez de instrucción número 3 se Sevilla habla de un procedimiento plagado de irregularidades en la que era una de las propuestas estrella del Gobierno de Susana Díaz, que en plena precampaña apostaba por la reapertura de la mina y la creación de cientos de puestos de trabajo. Según la juez, el consorcio no cumplía ni uno solo de los requisitos fijados, pese a lo cuál, se hizo con los derechos de explotación el pasado 16 de marzo por un periodo de 30 años. De hecho, Minorbis-Grupo ni siquiera estaría en condiciones de superar la primera fase del concurso. 

La juez recuerda también que la explotación minera provocó en 1998 el mayor desastre medioambiental en España, y entre los requisitos incumplidos se encontrarían precisamente los medioambientales. De ahí que se investigue la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociación ilegal, por lo que ha pedido a la Policía que interrogue a la "responsable" de las decisiones adoptadas en la adjudicación, María José Asencio -directora general de Industria, Energía y Minas- y a los técnicos que intervinieron en el concurso. 

La intención de la magistrada es que los sospechosos expliquen por qué se otorgó la concesión de la mina a Minorbis-Grupo México y más aún, por qué superó incluso la primera fase. 

Numerosas irregularidades

Entre los requisitos incumplidos está el de acreditar la capacidad de Grupo México con el informe preceptivo de la Oficina Consular y que las empresas no detallasen las inversiones comprometidas. Además ve "cuestionable" el acuerdo por el que ambas empresas se asocian, ya que no pasa de "una declaración de buenas intenciones". Tampoco presentaron el millón y medio de euros de seguro obligatorio, y la acreditación del capital social se hizo mediante "simples capturas de pantalla de las web". Además, la maquinaria necesaria está en América. 

El consorcio se había presentado al concurso prometiendo una inversión de 304 millones de euros y la creación de 476 puestos de trabajo directos, además de 700 indirectos. La otra aspirante, responsable de la denuncia, ofrecía invertir 642 millones y prometía 892 puestos de trabajo directos. 

Se da la circunstancia de que Grupo México está siendo también investigado en su país de origen tras provocar el mayor desastre medioambiental en la historia del país, algo similar al ocurrido en Aznalcóllar en 1998. 

Se da la circunstancia de que el socio mexicano de Minorbis está siendo investigado en su país tras provocar el mayor desastre medioambiental de su historia

Las irregularidades, denunciadas por Emerita Resources -también aspirante a la adjudicación- han sido investigadas por la UDEF, que ha aportado "abundantes indicios que vendrían a confirmarlas", según el diario. 

Para seguir adelante con las pesquisas, la magistrada ha pedido a la Policía Nacional que investigue una reunión del presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, con responsables de Emerita Resources en la sede de estos últimos en la que les propuso asociarse ya que el concurso estaría adjudicado de antemano. La prueba de veracidad de su influencia en la Junta era una llamada que los responsables recibirían nada más abandonar López Magdaleno la sede de Emerita Resources, llamada que efectivamente se produjo a los cinco minutos de la marcha del presidente de Magtel. Fue el secretario general de Industria quien llamó para conocer detalles del encuentro. 

Además de los 15 millones en subvenciones de la Junta que habría logrado Magtel, la estrecha relación de la empresa con el gobierno andaluz se hace palpable también con la concesión de 9,3 millones de euros que el Ejecutivo de Zapatero le otorgó cuando el PP ganó las elecciones y el PSOE se mantenía en funciones, una decisión que también se está investigando para saber cuál fue el destino de tales ayudas. 


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