Nacional

La Junta destina 45 millones de euros a costear entes públicos que han suprimido otras autonomías

El Gobierno de Susana Díaz mantiene una estructura de organismos públicos regionales prácticamente idéntica a la etapa de Griñán. Los Presupuestos de 2014 no contemplan la supresión del Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, la Agencia de la Competencia o la Cámara de Cuentas, eliminados por el PP en Castilla-La Mancha. 

Cámara de Cuentas, Consejo Económico y Social, Agencia de Defensa de la Competencia, Consejo Consultivo, Consejo Audiovisual, Agencia Andaluza de Promoción Exterior (o red de embajadas), Defensor del Pueblo… La elefantiásica administración de la Junta de Andalucía permanecerá sin notables cambios el próximo año. Estos órganos de control, de consulta y de representación en el exterior seguirán costando a las maltrechas arcas públicas andaluzas alrededor de 45 millones de euros, según se desprende del análisis de los Presupuestos autonómicos para 2014 realizado por este periódico.    

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado en las últimas semanas el “maltrato que sufre esta región” en la financiación por parte del Estado. De hecho, su gabinete ha reiterado que si han conseguido elaborar unas cuentas autonómicas para 2014, despejando así el fantasma del adelanto electoral, ello ha sido posible tras “superar las restricciones que nos imponen desde el Gobierno central, con  1.200 millones de euros menos para políticas sociales en los Presupuestos Generales del  Estado (PGE) para 2014". Sin embargo, pese a esta reiterada queja, el Ejecutivo de Díaz apenas va a reducidir la estructura de entidades públicas heredada de la etapa de su antecesor, José Antonio Griñán. Ello lo prueban las diferentes partidas contempladas en los Presupuestos andaluces del próximo año, recién presentados y que inician ahora su tramitación parlamentaria.

Al margen del Castilla-La Mancha, existen otras comunidades gobernadas por el PP (Murcia) e incluso por el PSOE (Asturias) que no necesitan la figura del Defensor del Pueblo y la han eliminado de su organigrama

Los socialistas no piensan alterar el Plan de Reequilibrio Económico para el periodo 2012-2014, aprobado en junio del año pasado por el Consejo de Gobierno, y así conservarán organismos que ya han sido eliminados en otras comunidades del PP para evitar duplicidades y conseguir ahorro económico. Es el caso, por ejemplo, del Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo o la Comisión Regional de la Competencia, eliminados por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal (PP) en Castilla-La Mancha nada más llegar al poder. También estuvo cerca de suprimir la Sindicatura de Cuentas en 2011, pretensión para la que llegó a encargar un informe de viabilidad, pero al final optó por conservar esta institución. Aunque por poco tiempo, pues el pasado septiembre, anunció la supresión del ente, cuyas competencias pasan directamente a ser asumidas por el Tribunal de Cuentas, órgano constitucional del Estado.

También existen otras comunidades gobernadas por el PP (Murcia) e incluso por el PSOE (Asturias) que no necesitan la figura del Defensor del Pueblo y la han eliminado de su organigrama. Desde el Gobierno central, a través del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), se han emplazado a las autonomías a la eliminación del Defensor del Pueblo y a delegar sus funciones en la institución estatal que dirige Soledad Becerril, que cuenta con medios suficientes para asumir tal tarea.

Cuantiosas dotaciones 

De mayor a menor asignación en las cuentas andaluzas, aparecen la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), empresa matriz de las oficinas comerciales o embajadas de la Junta, que recibe 18 millones de euros; la Cámara de Cuentas, que obtiene 9,1 millones, el Defensor del Pueblo, con un presupuestos de 4,9 millones; el Consejo Audiovisual de Andalucía, con 4,6; el Consejo Consultivo, con 3.338.171 euros; la Agencia de Defensa de la Competencia, con 2,8 millones y el Consejo Económico y Social (CES), con 2.012.510 euros.

En lo referente a su red de embajadas, la Junta, ya con Susana Díaz al frente, transmitió el mes pasado su intención de mantener abiertas las 21 oficinas con que cuenta en 19 países diferentes pese a que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación apuesta por la integración de las mismas en las legaciones estatales o dependencias del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), según reza en la Ley de Acción Exterior que se encuentra ahora en las Cortes.

El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, esgrimió en respuesta a Exteriores que Andalucía es la primera región en exportaciones, justificando así el seguir operando en estos centros de negocio. Jiménez Barrios precisó que ya hay tres sedes andaluzas integradas en el ICEX --las de Tokio, Mexico y Londres--, pero avanzó sobre el resto que no están dispuestos a renunciar a la defensa de sus intereses comerciales.


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