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El polémico realojo del bipartito andaluz provoca un 'efecto llamada' entre los antidesahucios

Las plataformas civiles llaman a la movilización y demandan al Gobierno de PSOE-IU que ponga fin a la "indigna competencia entre pobres". El CGPJ indica que el año pasado se registraron más de 9.270 desalojos de inmuebles en Andalucía, 36 al día. La consejera Cortés justifica su actuación: "En los hospitales hay personas en listas de espera y otras que entran por urgencias".

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el actor Antonio Banderas, juntos en la Parroquia de San Pablo de Málaga.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el actor Antonio Banderas, juntos en la Parroquia de San Pablo de Málaga. EFE

La decisión de la Junta de Andalucía de realojar primero a 22 familias de la Corrala Utopía y luego, tras el decreto amenaza de Susana Díaz, a ocho de ellas está teniendo ya consecuencias en la calle. Más allá del debate sobre la fragilidad o no del pacto bipartito PSOE-IU, lo que ha dejado este singular episodio es la impresión, entre grupos de activistas sociales, de que más realojos colectivos, como el de la pasada semana, pueden alcanzarse con movilización ciudadana.

Con la entrega de estas viviendas a ocho familias por razones de "emergencia social" (en Andalucía hay cerca de tres millones y medio de personas que viven el círculo de la pobreza, según el último informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), se ha marcado un precedente difícil de gestionar.

El realojo del Gobierno andaluz ha provocado un efecto llamada entre las plataformas antidesahucios, cuyas reivindicaciones han llevado hasta la misma puerta de la Junta nada más comprobar el desenlace del caso de la Corrala. El Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, que agrupa a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios, Intercomisión de Vivienda del 15M y otros grupos, se personó este lunes en la Consejería de Vivienda de la Junta para concertar una reunión con la presidenta andaluza. Ello, con la intención de buscar soluciones urgentes y conformar una hoja de ruta con la que "responder realmente a la situación de emergencia habitacional y de suministros básicos en que se encuentra la región". La insistencia de estos activistas arrancó a la Junta el compromiso de una reunión para el próximo 25 de abril, aunque no se garantizó que la jefa del Ejecutivo socialista asista a la cita.

En opinión de estos colectivos, los "dos años de lucha de las familias de la Corrala Utopía han servido para evidenciar el agotamiento del modelo de ayudas y planes de viviendas públicas, marcado por la escasez, la falta de inversión y una gestión opaca y burocrática que obliga a las familias a listas eternas y una indigna competencia entre pobres". Por ello, exigen un cambio sustancias en las políticas de vivienda, y mientras ello no se produzca, llaman a la "acción directo no violenta" en "defensa de nuestros derechos". Actualmente, hay 700.000 viviendas vacías en Andalucía.

"La Junta sigue demostrando, tras la retirada y devolución de competencias en la crisis de gobierno, su desorganización e incapacidad para garantizar derechos básicos", denuncian los firmantes

En el manifiesto adjunto a la solicitud de reunión presentado este lunes en el registro de la Junta, los firmantes cuestionan la actuación de Susana Díaz y sus decretazos de ida y vuelta. "El Ejecutivo de Andalucía sigue demostrando, tras la retirada y devolución de competencias en la crisis de gobierno generada, su desorientación, desorganización e incapacidad para garantizar derechos básicos y responder a la situación socioeconómica que afecta a la comunidad", subraya el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda. Y añade: "No parecen dispuestos a corregir la pésima gestión realizada en materia de vivienda y su histórica connivencia con los intereses de promotores y bancos durante las burbujas inmobiliarias, tanto a nivel autonómico como municipal, y los cientos de expedientes judiciales de corrupción que así lo certifican".

Dentro de esa estrategia de salir a la calle para reclamar políticas de "emergencia" a la Junta, ante "el expolio que ejerce el sector financiero con el apoyo de actores políticos afines", el Movimiento Andaluz por una Vivienda Digna también ha convocado movilizaciones para el mes de mayo en todas las provincias de la comunidad. Como anticipo, ya en la jornada de ayer hubo concentraciones de activistas antidesahucios delante de las delegaciones provinciales de la Junta.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados de primera instancia y mixtos practicaron 67.189 desahucios en todo tipo de inmuebles en 2013, unos 184 diarios, de los que el 38,5% derivó de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el 4,8% de otras causas. Andalucía fue la tercera autonomía con más lanzamientos practicados, 9.272 (el 13,8%), o lo que es lo mismo 36 al día, por detrás de Cataluña (23,8%) y la Comunidad Valenciana (14,6%)

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 (los expedientes abiertos durante el año pasado), alcanzaron las 82.860 a nivel nacional. Andalucía y Cataluña se situaron a la cabeza con 18.395 cada una (el 22,2% del total en ambos casos), seguidas de la Comunidad Valenciana (14%) y Madrid (10,3%).

La "igualdad" que promueven Díaz y Cortés

La presidenta de la Junta andaluza esgrimió este lunes que el tiempo le ha dado "la razón" tras retirar las competencias de vivienda provisionalmente a la Consejería de Fomento de Elena Cortés, puesto que, según ella, "de 22 familias inicialmente, pasamos a ocho y los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla dirán quiénes están en una situación real de exclusión y qué hay que hacer".

Asimismo, Díaz comentó en la cadena Ser que "cuando hay miles de familias esperando una vivienda, 12.000 de ellas en Sevilla, hay que garantizar la igualdad de los ciudadanos". La dirigente socialista se refirió así a demandantes de vivienda, un perfil demasiado amplio. Sin embargo, se olvidó de las verdaderas cifras del drama: más de 9.200 personas son desahuciadas en Andalucía y cerca de tres millones y medio están en riesgo de pobreza en esta comunidad.

Por su parte, Cortés justificó este lunes la medida argumentado que ocurre como en los hospitales: hay personas en lista de espera y otras que entran por urgencias, y eso "no significa en ningún caso ni saltarse las listas ni vulnerar derechos de cientos de familias", apostilló. 


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