Publicado: 19/08/2014 04:00
La trama de los cursos de formación en Andalucía que implica al exconsejero de Hacienda y Planificación de la Junta entre 1987 y 1990 Ángel Ojeda Avilés, imputado por presunto fraude en la obtención de 50 millones de euros de ayudas públicas entre 2009 y 2012, también tiene sus ramificaciones territoriales. El supuesto trato de favor a Ojeda, en libertad con cargos, no sólo se limitó al ámbito competencial de la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta, donde estaba al frente su propia cuñada, la exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Teresa Florido Mancheño.
La red de sociedades -constituida por empresas, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro- que tejió el que fuera alto cargo del último Ejecutivo de José Luis Rodríguez de la Borbolla se benefició igualmente de concesiones que otorgaban los órganos periféricos de la Administración andaluza.
Según ha podido constatar Vozpópuli, la delegación de Empleo de la Junta en Córdoba asignó una dotación de 200.000 euros al entramado de Ojeda Avilés justo 48 horas antes de las elecciones autonómicas de 2012 que dieron el Gobierno de Andalucía al bipartito PSOE-IU pese la victoria del PP en las urnas y al escándalo de los ERE fraudulentos que arrinconaba entonces al candidato socialista, José Antonio Griñán.
En concreto, el entonces director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Córdoba, Antonio Fernández Ramírez, acordó el 23 de marzo de 2012 otorgar a dos entidades del conglomerado de Ojeda Avilés tres subvenciones dirigidas a la "realización de acciones de formación de oferta para personas desempleadas". La publicación de la resolución no llegó al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hasta el 16 de abril de 2012 (número 73), dos días antes de que PSOE e IU sellaran su alianza de gobierno.
La Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe) consiguió sendas ayudas de 87.590 y 74.745 euros. Por su parte, la Asociación de la Sociedad de la Información (Innova) se hizo con 37.360 euros para gestionar desde el municipio cordobés de Lucena.
La fundación Forpe fue constituida el 4 de diciembre de 2009 en Madrid por un grupo de entidades formado por la propia Asociación de la Sociedad de la Información (Innova); la Asociación de Empresas Aeronáuticas; la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas); la Asociación para la Calidad Europea, Inteca; Asociación para la Sociedad de la Información (Innova); la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente; la Asociación de Prevención de Riesgos Laborales (Prevengo) y la Asociación de Empresas de Base Tecnológica (Ebatec). El domicilio de esta fundación, establecido en La Rinconada (Sevilla), fue registrado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 7 de agosto en el marco de la Operación Óscar, pieza desgajada de la Operación Edu.
Estas empresas recibieron subvenciones de la Junta tanto a nivel provincial (entre ellas las firmadas por el delegado por Empleo de Córdoba antes citadas) como desde la dirección general de Empleo. Esta oficina central adjudicó 45 ayudas sin justificar al entramado de Ojeda Avilés, incluyéndose aquí las que fueron aprobadas cuatro días antes de las elecciones autonómicas de 2012 por valor de 5,3 millones de euros, según ha publicado el diario El Mundo.
Una estrategia para acaparar dinero público
El informe elaborado por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF y remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz señala que el expolítico jerezano comenzó a articular un enjambre de empresas en 2009, momento en que, precisa la policía, "entra de lleno en el negocio de la subvención". Hasta entonces, su actividad se hacía centrada básicamente en sociedades relacionadas con el sector aeronáutico.
Los agentes ven relación entre el aumento de actividad en las empresas de Ojeda Avilés y la aprobación por parte de la Junta -fue el propio Griñán quien firmó la resolución en 2009- de la orden que cambiaba las condiciones para acceder a las subvenciones para impartir cursos para parados. El nuevo sistema, más laxo que el anterior en el seguimiento de la ayudas, permitía a los interesados, sin inspección alguna, recibir de antemano el 75% del total de la asignación.
De este modo, los investigadores sugieren que el exconsejero habría tenido información previa, gracias a sus contactos en la Junta, de las elevadas partidas presupuestarias que iban a destinarse a la formación para desempleados.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.