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El exdelegado de la Junta salpicado por la trama de formación participó en el 'ERE más fraudulento'

Juan Carlos Lomeña está en el epicentro de las irregularidades que investiga la Policía en la provincia de Málaga. Destituido en 2011 por razones que no trascendieron, estuvo al tanto del expediente de regulación de empleo de A Novo Comlink, donde hubo anomalías en 42 pólizas y se otorgó una subvención de 35 millones de euros.

El exdelegado de Empleo en Málaga (2d), junto a la exalcaldesa socialista de Rincón de la Victoria Encarnación Anaya (2i).
El exdelegado de Empleo en Málaga (2d), junto a la exalcaldesa socialista de Rincón de la Victoria Encarnación Anaya (2i). AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía vuelve a estar en el ojo del huracán. Y lo hace ahora en el marco de la Operación Edu, que adelantó en exclusiva Vozpópuli. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está investigando el fraude supuestamente cometido por los responsables de gestionar y otorgar ayudas para cursos de formación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras irregularidades detectadas por la Seguridad Social. Las primeras pesquisas han llevado a los agentes a la provincia de Málaga, pero se extenderán también a Granada y Almería. En cuanto al periodo de tiempo en que han centrados sus rastreos, se trata del comprendido entre 2009 y 2012. En el caso de Málaga, la presunta trama salpica a un exalto cargo de la Junta en el epicentro de estas anomalías, el exdelegado de Empleo del Gobierno andaluz Juan Carlos Lomeña.

Después de siete años en el cargo, Lomeña fue destituido por el Ejecutivo de José Antonio Griñán por razones que nunca transcendieron y le reemplazó Susana Radío, actual directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Gobierno andaluz. Radío permanecería apenas diez meses en este destino. El exdelegado se negó entonces a comentar los motivos del cese y se limitó a decir que si no preguntó por qué le nombraron para dicho puesto tampoco iba a hacerlo en su salida. Lomeña retomó su ocupación de funcionario de la Diputación provincial de Málaga y cerró así una etapa sobre la que ahora surgen demasiados interrogantes.

Lomeña, como delegado de Empleo de la Junta en Málaga, firmaba estas ayudas que concedía el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entidad de la Consejería de Empleo que dirigieron en dicho periodo los socialistas Antonio Fernández (2004-2010) y Manuel Recio (2010-2012). El primero de ellos se encuentra en libertad provisional por el caso de los ERE y el segundo acaba de recibir la preimputación de la juez Mercedes Alaya dentro del mismo procedimiento. Lomeña, que tuvo hilo directo con ambos, actuaba de canalizador de las subvenciones del SAE. Al mismo tiempo, entre su negociado también se encontraban los expedientes de regulación de empleo. Tal es así que su nombre aparece vinculado al 'ERE más fraudulento': el de la empresa malagueña A Novo Comlink.  

Lomaña fue el primer alto cargo de la Junta de Andalucía que tuvo sobre la mesa para su estudio el expediente de regulación de empleo de la firma malagueña A Novo Comlink

El presidente del Comité de Empresa de A Novo Comlink dirigió en 2005 una carta al entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves; al consejero de Trabajo, Antonio Fernández; al consejero de Innovación, Francisco Vallejo; al director general de Trabajo y cabecilla de los ERE, Francisco Javier Guerrero, y al propio Juan Carlos Lomeña, como delegado de Trabajo en Málaga. En ella solicitaba un ERE ante la grave situación que atravesaba la empresa y reclamaba "subvenciones para no recurrir a despidos traumáticos" y "aliviar la carga de unos 240 trabajadores mayores de cincuenta años".

De las 183 pólizas que se suscribieron, 42 de ellas presentaron irregularidades, según figura en la investigación. Entre los beneficiados apareció como instruso el exmilitante del PSOE Manuel Jiménez de Miguel, ajeno a la firma malagueña. Además, la cuantía de la subvención que otorgó la Junta a esta empresa es de las más altas en la causa: 35 millones de euros. Lomeña fue el primer alto cargo de la Junta que tuvo sobre su mesa este expediente de regulación de empleo para su estudio. Inicialmente, la propietaria de A Novo Comlink (antigua Alcatel), lacompañía francesa A Novo planteó el despido o prejubilación de 190 empleados de forma inmediata y la salida de otras 58 personas a medio plazo, así como la venta del edificio, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía, que podía tener entonces un valor de mercado de 20 millones. El Comité de Empresa se opuso frontalmente a este plan.

Depurar "responsabilidades penales"

El pasado 25 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) exigió responsabilidades penales a estos altos cargos de Empleo al anular un recurso de la Junta para recuperar el importe cobrado por el intruso Manuel Jiménez. El tribunal señala que "lo único que ha quedado puesto de manifiesto son las irregularidades de las autoridades laborales en la concesión y pago de ayudas con dinero público sin procedimiento o acto administrativo alguno que lo justifique", por lo que, recalca, "puestas de manifiesto las irregularidades de las autoridades laborales en la concesión de ayudas sin procedimiento alguno, debe deducirse testimonio para depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir las autoridades o funcionarios competentes".

De momento, sobre la supuesta trama de los cursos de formación, la UDEF ya ha remitido un informe previo a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga tras llevar a cabo una investigación de más de un año en la que se ha interrogado a empresarios, presuntos alumnos que no habían realizado los cursos, y miembros de la administración andaluza y de los sindicatos.


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