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La Junta de Andalucía reconoce ahora un fraude de al menos 17 millones en cursos de formación

El consejero de Educación admite irregularidades en 581 expedientes. El Gobierno andaluz anuncia que reclamará el dinero que la propia Administración entregó sin justificar. Más de 4.000 casos están aún pendientes de investigación, por lo que el agujero podría aumentar considerablemente.

La Junta de Andalucía ha propuesto resoluciones definitivas de reintegro por valor de 17,4 millones por irregularidades en 581 expedientes de ayudas para formación profesional para el empleo, según ha informado este jueves el consejero de Educación, Luciano Alonso, en comisión parlamentaria extraordinaria.

Estos 17,4 millones se tendrán que devolver a las arcas públicas cuando sean fiscalizados por la Intervención General y reclamados posteriormente por la Agencia Tributaria, ha explicado. Alonso, que ha defendido el trabajo del Gobierno andaluz, ha detallado que de los 8.505 expedientes pendientes de justificar desde 2007 se están analizando por los técnicos un total de 4.365, de los que 2.504 están en requerimiento de información, estudio o en fase de inicio de reintegro y en otros 581 se pide el reintegro.

Esa cifra de reintegros definitivos supone "sólo el 0,7%" del presupuesto destinado en esos años para formación para el empleo, ha añadido Alonso. Además, se ha determinado que otros 1.280 expedientes se han justificado correctamente, por lo que se han remitido a la Intervención General para su fiscalización y abono.

Respecto a las exoneraciones, ha remarcado que "exonerar o exceptuar no significa personar ni condonar" y ha afirmado que en la comunidad "no se ha realizado una amnistía o condonación masiva" de ayudas públicas en materia de formación para el empleo. Ha anunciado que este viernes "a primera hora" la Junta informará en su página web de cada una de las exoneraciones que ha efectuado el Gobierno andaluz desde 2009 hasta la actualidad en esta materia, y que posteriormente ha cifrado en 2.550.

El consejero ha manifestado que "no es relevante" el número de exceptuaciones porque no conlleva que no se justifiquen y ha dicho que en el resto de comunidades el hecho de no tener justificados los expedientes previos "es un hábito consolidado". También ha señalado que a quien no pueda justificar las ayudas se les abrirá administrativamente los procedimientos de reintegro, pero que quien pretenda defraudar "deberá pagar por ello en vía judicial".

Ha hecho hincapié en que los expedientes se están viendo "uno a uno" desde 2007 para que no prescriba ninguno y ha recordado que no se ha exceptuado ni se ha abierto convocatoria de cursos en 2 años.

Respecto a las ayudas al exconsejero Ángel Ojeda, ha informado de que hay 114 expedientes en tramitación para su justificación de empresas directamente relacionadas con él, que "van a tener un estudio pormenorizado", y que hay 60 expedientes originales que están desde mayo a disposición judicial.

Después de rechazar que se abra una "causa general", ha defendido que la Junta andaluza trabaja "sin descanso" para mejorar los procedimientos, las garantías y la transparencia, a la vez que ha destacado el avance que supondrá la ley de formación profesional de Andalucía.

Sobre las exoneraciones a una empresa donde trabaja su primo, Alonso ha dicho que están "absolutamente justificadas", que se trata de "un simple gerente" que no gestiona esos expedientes, y ha criticado al PP y calificado de "deleznable" que "se haya intentado buscar en la sangre de las personas para hacer sangre".

El PP lo califica de paripé

Por su parte, la portavoz del PP, Teresa Ruiz-Sillero, ha dicho que la comparecencia se trata de "un engaño, un paripé, un fraude y un intento de quedar bien y salvar la imagen de la presidenta, Susana Díaz", para lo que Alonso se está "quemando a lo Bonzo".

Ruiz-Sillero ha pedido "reflexión" al consejero y que "por dignidad" dimita, ha denunciado que se ha utilizado "la misma argumentación" que en los ERE, empleando el dinero de formación "para pagar la paz social", por lo que Díaz "debe dar explicaciones".

Ha lamentado asimismo que IU hable del pasado, cuando ahora se está hablando "del presente" y ha opinado que con la publicación de exoneraciones se quiere "enmascarar determinadas empresas" y "enturbiar" el caso. Además, ha dicho que a Ojeda en 2013 se le han pagado más de 1,5 millones siendo su cuñada directora de Formación Profesional, y que los últimos pagos se le hicieron cuando ya era presidenta Díaz.

IU pedirá comparecencias periódicas

El portavoz de IU, Ignacio García, ha subrayado "la diferencia entre el presente y el pasado" y ha reclamado que en la formación haya planificación, que cree que se resuelve en parte con la nueva ley, y controles, porque la ausencia de estos ha generado "un cierto tufo a clientelismo y amiguismo que hay que ventilar poniendo la verdad encima del a mesa".

Ha anunciado que van a pedir periódicamente una comparecencia de la Consejería de Educación para que se informe sobre la investigación de estos expedientes porque parece "la única forma de construir un relato distinto". García, que ha advertido que "de la picaresca a la corrupción hay un paso", ha criticado que con denuncias se siguieran dando ayudas pero ha recordado que se trata de "un pasado que a IU no la ata para nada", por lo que tienen "autoridad moral" para pedir investigar.

Por su parte, el portavoz socialista, Francisco Menacho, ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha criticado que el PP busque abrir "una causa general" con sus "dos varas de medir", a la vez que ha asegurado que su partido quiere que se actúe "caiga quien caiga".

Ha afirmado que en Andalucía "no solamente se da más transparencia sino que es también donde hay más control" y ha agregado: "Los corruptos, a por ellos".


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