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Los peritos de la Intervención del Estado concluyen que los ERE de la Junta fueron "auténticas donaciones"

Responden a la juez Alaya que el Gobierno andaluz "prescindió absolutamente del procedimiento establecido, hasta el punto de que en muchos casos carecía incluso de solicitud".

La juez Mercedes Alaya a su llegada al Juzgado nº 6 de Sevilla, el pasado miércoles.
La juez Mercedes Alaya a su llegada al Juzgado nº 6 de Sevilla, el pasado miércoles. EFE

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han asegurado que las ayudas de la Junta de Andalucía a empresas que investiga la juez del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares constituyeron "auténticas donaciones" al prescindir "absolutamente" del procedimiento legalmente establecido. Los peritos han respondido así después de que Mercedes Alaya les preguntara si es cierto que las ayudas a empresas "constituyeron auténticas donaciones" por su "falta de solicitud, por no acreditar la necesidad de la obra, proyecto o inversión, por la ausencia de bases reguladoras, de fiscalización previa, de resolución motivada y porque no se concedieron para exigir al beneficiario adecuar su actuación a los fines perseguidos con la misma".

Según el acta de su comparecencia, los peritos han contestado que "es cierto" y han recordado que el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y Procedimiento Administrativo Común "declara nulas de pleno derecho las actuaciones realizadas prescindiendo absolutamente del procedimiento legal establecido", informa Ep.

Los peritos concluyen que las ayudas "fueron concedidas prescindiendo del procedimiento establecido", algo que "ha sido la norma general"

Al hilo de ello, han añadido que, en el caso de las ayudas a empresas, "que no tenían relación con un ERE y que representan el 71% del número de subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo dentro del programa 31L, prescindieron absolutamente del procedimiento establecido, hasta el punto de que en muchos casos carecía incluso de solicitud", lo que ha llevado al TSJA a considerar en diferentes sentencias "la nulidad del acto de concesión y a considerarlo un acto de mera liberalidad al no tener un objeto claramente definido".

"Norma general"

Tras recordar que la propia Junta de Andalucía "ha iniciado numerosos expedientes de revisión de oficio sobre estas ayudas a efectos de declarar su nulidad y en consecuencia su reintegro", los peritos han concluido que las ayudas concedidas "eran una mera liberalidad" y de esta manera "existió por parte de la Junta una utilización de los fondos públicos para fines distintos de los legalmente previstos".

Asimismo, y tras ser cuestionados por la juez sobre, si en el supuesto de las ayudas sociolaborales, "se superaron también desorbitadamente los límites económicos de la Orden de 5 de octubre de 1994", los peritos han indicado que las cantidades otorgadas "en exceso" en virtud de esa Orden "podrían constituir una liberalidad", añadiendo que estas ayudas "fueron concedidas también prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, que ha sido la norma general en el programa 31L".

Así, han precisado que la Junta "otorgaba subvenciones sociolaborales de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, ateniéndose a los límites y condiciones establecidos en la orden ministerial de 1994, pero esto lo hacía solamente con los fondos que se recibían del Gobierno central, no ajustándose a ella en el resto de las subvenciones concedidas con cargo a los fondos propios de la comunidad autónoma andaluza".

"No existía ningún expediente, tan solo un papel donde se ordenaba el pago de una cantidad a un tercero"

Los peritos cuentan cómo, en las subvenciones sociolaborales concedidas por la Junta "que se materializaron en pólizas de seguros de renta, era posible que un trabajador siguiera cobrando el seguro de rentas hasta su finalización años después y mientras tanto estar afiliado a un Sistema de Seguridad Social, es decir, estar trabajando". "Era posible, no quiere decir que ello ocurriera, pero al menos era posible", han precisado.

"Ayuda ilegal"

Los peritos también se han referido al hecho de que la Consejería de Presidencia de la Junta facilitó información "incompleta y sesgada" a la Comisión Europea sobre la ayuda a A Novo Comlink, pues "se hace referencia a que la ayuda es una ayuda directa a los trabajadores, pero por este hecho la ayuda no deja de ser ayuda de empresa". "Fue una ayuda ilegal", han zanjado.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, y sobre las ayudas sociolaborales, han dicho que "no hubieran soportado la fiscalización previa" por una serie de razones, entre ellas porque "no existía ningún expediente, tan solo un papel donde el director general de Trabajo ordenaba a IFA el pago de una cantidad a un tercero", agregando además que es posible que IFA/IDEA "se haya endeudado" para pagar estas subvenciones.

Durante su comparecencia, que continúa este martes, los peritos también han aseverado que "se llegaron a conceder rentas vitalicias mediante las pólizas de rentas en el programa 31L".


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