La UDEF pide a Ruz que investigue en el caso Bárcenas la 'mordida' a dos concejales del PP

El nuevo frente judicial abierto al PP ya tiene nombres y apellidos. En concreto, el de Francisco Javier Fernández Abad y Gustavo Severien Tigeras, dos concejales 'populares' del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la tercera ciudad por número de habitantes de la Comunidad de Madrid. Así lo recoge un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, que investigue dentro del 'caso de los papeles de Bárcenas' la supuesta entrega de 'mordidas' a ambos ediles por parte de una empresa que figura como 'donante' en los célebres apuntes contables del extesorero. El documento policial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, concluye que "existen indicadores en relación a que la empresa Licuas podría haber efectuado entregas de efectivo a cambio de la adjudicación de contratos o trabajos". Los dos políticos señalados declinaron este miércoles hacer declaraciones a este diario "hasta conocer en concreto de qué se nos acusa".

El informe policial concluye que "la empresa Licuas podría haber efectuado entregas de efectivo a cambio de la adjudicación de contratos" en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Siempre según dicho informe, de nueve folios de extensión y fechado el pasado 11 de febrero, la investigación sobre las supuestas irregularidades en este ayuntamiento madrileño donde gobierna el PP con mayoría simple se inició en mayo de 2014 cuando un funcionario municipal, Juan Antonio Camargo, envió al magistrado de la Audiencia Nacional "por fax" una denuncia en la que implicaba directamente a un alto cargo de la constructora, José Antonio F.S., y a Fernández Abad y Severien Tigeras en una presunta trama de "comisiones a cambio de contratos de obras". Los agentes interrogaron al denunciante el pasado 10 de diciembre durante tres horas en las que éste no sólo ratificó el contenido del documento que había remitido al juez Ruz, sino que dio más detalles y aportó documentación.

Durante su declaración, que quedó plasmada en un documento de cinco folios, Juan Antonio Camargo detalló que la adjudicación del contrato de 406.890,15 euros para remodelar el pavimento del centro histórico de la localidad madrileña, "se llevó a cabo de una manera irregular, pues la empresa a la que debía habérsele otorgado los trabajos era a Constructora Hispánica [mercantil salpicada en el 'caso Gürtel'] debido a que ésta había presentado una mejor oferta". Sin embargo, siempre según su testimonio, el concurso se lo terminó llevando Licuas "por las indicaciones que había recibido de sus superiores, concretamente por parte de Francisco Javier Fernández Abad, concejal de Obras y Servicios". Según añadió el funcionario, se pidió a Licuas que mejorase la oferta inicial que había hecho en 80.000 euros "hecho que llevaron a cabo una vez que ya se habían abierto las plicas y antes de emitir su propuesta de adjudicación a la mesa de contratación".

Dos testigos más de las irregularidades

En su relato a la Policía, el funcionario municipal detalló que él se reunió en agosto de 2006 con José Antonio F.S., el directivo de Licuas, "con el objeto de formalizar la firma de las certificaciones que quedaban pendientes de los trabajos realizados" y que fue en dicho encuentro cuando éste "le comunica que por la adjudicación se entregarían unas comisiones, diferenciado por un lado a concejales y por otro a técnicos". Juan Antonio Camargo aseguró a los agentes de la UDEF que él rechazó dicha 'mordida' y que pidió al representante de la constructora "que su parte la ingresasen en Cruz Roja". Tras aquel suceso, no llegó a firmar las certificaciones de los trabajos lo que, según él, "le llevó a encontrarse en la situación administrativa de suspensión de funciones en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en la que se encuentra actualmente". Durante su declaración, Camargo mencionó a otros dos funcionarios a los que señala como "testigos de las irregularidades que se estaban cometiendo" con dicho contrato.

La UDEF ha localizado 25 adjudicaciones del consistorio alcalaíno a la empresa 'donante' por un total cercano a los 5,6 millones de euros en el periodo 2002-2009

Con este testimonio en la manos, los agentes de la UDEF comprobaron, gracias a la documentación que la propia empresa tuvo que aportar al 'caso Bárcenas' cuando su presidente, Joaquín Molpéceres, fue imputado por el juez Ruz por aparecer su nombre en uno de los apuntes contables del extesorero por una supuesta 'donación' irregular de 60.000 euros realizada en junio de 2004, que "la sociedad Licuas ha resultado adjudicataria de un gran número de contratos públicos por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares", gobernada por el PP desde 2003. "Este hecho podría deberse, al menos en alguno de estos casos, al 'interés puramente económico porque hay comisiones', según declara Juan Antonio Camargo, pues él resultó sujeto directo en este tipo de proposiciones de entrega de dinero", recoge textualmente el informe policial.

En este punto, los investigadores recuperan un análisis anterior incorporado a la causa en abril de 2014 sobre "la contratación pública [de las] empresas querelladas" realizado por la propia UDEF y en la que "se analizó toda la contratación de la empresa Licuas SA tanto con organismo centrales, como autonómicos y locales durante los años 2002 a 2009". Según destaca el informe, en dicho listado figuran 25 contratos con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares durante ese periodo por un total de 5.591.303, 75 euros. Así, detallan que en 2002 recibió dos adjudicaciones por un total de 185.999 euros. Al año siguiente, uno por 262.786 euros que posteriormente fue incrementado en otros 134.000 euros. En 2004, otros tres contratos, por 1,6 millones de euros. En 2005, ninguno. En 2006, seis nuevas adjudicaciones, entre ellas las obras de la supuesta 'mordida', por un total superior al millón de euros. En 2007, otros cinco trabajos por 658.447 euros. Al año siguiente, un único contrato de sólo 7.394 euros. Y, finalmente, cinco en 2009 por 3,7 millones de euros.

Con todo ello y con el apunte de los 'papeles de Bárcenas' en el que se señala al dueño de la constructora como 'donante' del PP, la UDEF concluye que "existen indicadores en relación a que la empresa Licuas podría haber efectuado entregas de efectivo a cambio de la adjudicación de contratos o trabajos". En este sentido destaca "los detalles de las posibles entregas de comisiones" relatadas por el funcionario público, "así como la manera en que se resolvió la adjudicación del contrato de las obras de reparación de la zona centro de Alcalá de Henares en 2006". A la vista de ello, el juez Ruz ha pedido ya a la Fiscalía Anticorrupción que plantee diligencias de investigación, como adelantó ayer Vozpópuli. Un nuevo frente judicial para el PP dentro del 'caso Bárcenas' y en esta ocasión a sólo unos meses de las elecciones municipales.