LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA CAJA 'B' DE GÉNOVA 13

La UDEF logra identificar a dos donantes del PP al año de estallar el 'caso Bárcenas'

La Policía señala a la apoderada de una empresa de ingeniería y al exdirigente de una asociación de constructores como autores de sendas entregas de dinero en 2008, el año en el que el juez Ruz centra ahora la investigación sobre la caja 'B' de Génova 13.

El juez Pablo Ruz, en una imagen de archivo.
El juez Pablo Ruz, en una imagen de archivo. EFE

Durante casi un año, su verdadera identidad fue una incógnita. Ahora, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía les ha puesto nombre. La Policía remitió el pasado 29 de enero al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, un informe de siete folios en el que identifica a dos de los empresarios que aparecían en los 'papeles de Bárcenas' como autores de un total de diez entregas de dinero y a quienes hasta ahora no se había podido poner nombres y apellidos. Se trata de María Pilar Pulido Fernández, apoderada de cuatro empresas dedicadas a la construcción, y Adolfo Sánchez García, quien fuera vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO). Ambos comparecerán ante el magistrado el próximo miércoles como testigos para declarar sobre sendas aportaciones que realizaron en 2008, el año en el que Ruz ha centrado ahora buena parte de sus pesquisas tras descubrir presuntas irregularidades en las cuentas de Génova 13 referidas a la adquisición aquel año de un local en Logroño para servir de sede al partido en La Rioja.

Una acusación relacionó la anotación "Pilar Pulido" con una imputada por estafa. Ahora la Policía afirma que en realidad se trata de una empresaria santanderina que contrata habitualmente con la Administración

El informe de la UDEF, que llegó a la Audiencia Nacional el pasado jueves, es consecuencia del auto que el magistrado dictó el pasado 24 de enero y en el que, además de citar como testigo al presidente de Mercadona, Juan Roig, solicitaba a la Policía que investigara quién se encontraba detrás de varias entregas de dinero que figuraban en los papeles de Bárcenas como realizadas en 2008. En concreto, el juez señalaba uno en el que aparecía "Pilar Pulido" como supuesta autora de una aportación de 36.000 euros realizada según los apuntes contables de Luis Bárcenas el 20 de febrero de ese año; otro de junio de ese mismo año de 10.000 euros realizado por un enigmático "Adolfo S.", y un tercero de 50.000 euros efectuada el 22 de febrero de 2008 por un tal Luis Gálvez. El magistrado ordenaba a los agentes su identificación y su posterior citación para que comparecieran ante él el próximo miércoles. La Policía cree haber identificado ya plenamente a los dos primeros y última un segundo informe sobre el tercero.

En el auto, el juez daba algunas pistas sobre los tres engimáticos empresarios, aunque las pesquisas de la UDEF han revelado que algunas no iban por el buen camino. Así, sobre "Pilar Pulido" el magistrado recordaba que en la ampliación de la querella que IU hizo en septiembre se apuntaba a que ésta podría ser una directiva de ADS Brokers, una empresa ya quebrada y que está siendo investigada por un juzgado de Madrid por una supuesta estafa piramidal que ha afectado a cerca de 4.000 pequeños ahorradores. Su nombre figura en los 'papeles de Bárcenas' como la presunta autora de otra entrega de dinero anterior a la que ahora investiga el magistrado: de 12.000 euros realizada en enero de 2006. En esa anotación, el extesorero escribió la fecha, la cantidad y la anotación "Empresa Estudios" junto al nombre y primer apellido. Cuando fue preguntado por este apunte en su declaración del pasado 15 de julio, el político ahora encarcelado sólo pudo decir que se trataba de una "amiga" de Álvaro Lapuerta, quien fuera su antecesor al frente de las finanzas del PP.

Numerosos clientes en la Administración

Escasos datos que hicieron que la Policía incluyera su nombre en uno de sus primeros informe sobre el caso como "aportante no identificado". Ahora, sin embargo, establece "en base a la actividad que desarrollan las sociedades en cuyos órganos de administración participa" que se trata supuestamente de María Pilar Pulido Fernández, una santanderina de 57 años de edad que figura en el Registro Mercantil como apoderada de cuatro sociedades: Control y Geología SA, Seguridad de Presas SA, Proyectos y Obras de Galicia SL y Andaluza de Desarrollo y Construcciones SA. De todas ellas, el inspector autor del documento llama la atención sobre la primera, "una consultora con más de 1.500 proyectos y estudios realizados que abarcan los más diversos campos de la ingeniería, infraestructuras viarias, agua y obras hidráulicas, saneamiento y depuración, medio ambiente, estudios de transportes, ferrocarriles, urbanismo y planeamiento". La UDEF destaca que "la mayoría" de sus clientes son, precisamente, Administraciones Públicas, de las que enumera una treintena.

El informe también destaca que María Pilar Pulido figura en los órganos sociales de diversas UTEs en la que participan dos de sus empresas y que, además, en febrero de 2010 ocupó el cargo de directora de la Asociación de Proyectistas y Consultoras de Estructuras (APYCE). Por todo ello, el autor del informe señala que tiene "correlación con el perfil de otras personas que constan como aportantes de fondos en la contabilidad aportada por Luis Bárcenas". Vozpópuli intentó ponerse en contacto con esta empresaria el pasado viernes para conocer su versión sobre el contenido del informe que le señala como donante del PP, pero no respondió a la llamada de este diario.

Ocho aportaciones por 98.000 euros

Mucho más generoso con el PP fue supuestamente el segundo empresario ahora identificado. La Policía considera que el donante que figura en los 'papeles de Bárcenas' como "Adolfo S." y "Adolfo Sánchez", presunto autor de ocho aportaciones por un total de 98.000 euros entre 2006 y 2008, es Adolfo Sánchez García, un empresario de 65 años que figura como apoderado y presidente de dos empresas constructoras actualmente en proceso de liquidación, Tracsa Edificación y Obra Civil SA y Asphalt Road SA, domiciliadas en Sevilla y Barcelona respetivamente. La Policía destaca en el informe remitido al juez Ruz que este empresario (que también figura como presidente de una fundación de ayuda a personas con problemas del habla) fue miembro de la Asociación Catalana de Constructores de Obra Pública (ConstCAT), en la que están integrados dos empresas con directivos ya imputados en la causa, el Grupo Romero Polo y Construcciones Rubau,

El segundo empresario identificado formó parte de una asociación de constructoras catalanas en la que están integrados dos sociedades cuyos máximos responsables están imputados en la causa

La UDEF también recoge que Adolfo Sánchez García fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO) de la que resalta en el documento enviado a la Audiencia Nacional que su página web señala como su objetivo "la defensa de los intereses de las empresas asociadas en sus relaciones con la Administración Central". Por todo ello, y como en el caso de María Pilar Pulido, el informe concluye que, su "perfil" también es concordante con el de los empresarios ya identificados en la causa como presuntos donantes del PP. Por todo ello, él será uno de los empresarios que el próximo miércoles tendrá que acudir ante el juez Ruz a declarar como testigo por sus supuestas entregas de 2008.

Quedaría, por tanto, sólo un empresario por identificar: Luis Gálvez, quien en los papeles de Bárcenas aparece vinculado a una supuesta entrega de dinero de 50.000 euros efectuada el 22 de febrero de 2008. El magistrado recuerdaba en el auto del 24 de enero en el que ordenaba su identificación que en un informe anterior de la UDEF ya se apuntaba que podría tratarse del constructor Luis Gálvez Murcia, propietario de la constructora Ploder, una empresa cuyo nombre se ha relacionado en diversas informaciones periodísticas con varios escándalos ligados precisamente al 'caso Gürtel'. Gálvez es también el suegro del que fuera concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2005, Sigfrido Hérraez. Este político madrileño abandonó su cargo en el consistorio en octubre de 2005, tras lo cual se vio envuelto en un escándalo de incompatibilidades y, más adelante, se vio salpicado por la investigación de una adjudicación a una empresa de la trama de Francisco Correa realizada cuando aún era edil. Según fuentes jurídicas, la UDEF ha hecho llegar recientemente el informe sobre la identidad que hay detrás de esa anotación, cuyo contenido aún no ha trascendido.


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