Ruz mete prisa a Hacienda con "el informe definitivo" del pago en 'negro' de las obras de Génova

El juez Pablo Ruz mete prisa a Hacienda. Y lo hace en una de las líneas de investigación de los 'papeles de Bárcenas' que más quebraderos de cabeza ha causado en los últimos meses al PP: el supuesto pago en negro de las obras de remodelación de su sede cental de la calle Génova 13. Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli en la que, además de dar tramite a diversos escritos presentados por varias defensas y acusaciones, recuerda a "la Unidad de auxilio judicial" de la Agencia Tributaria que el 24 de octubre pasado le requirió "la confección del informe definitivo" sobre el supuesto fraude fiscal cometido por el estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales, responsable de los trabajos y cuyo propietario, Gonzalo Urquijo, se encuentra imputado, al cobrar supuestamente en 'B' más de 1,7 millones de euros por dicha remodelación. Una millonaria cifra que fue destapada por la propia AEAT en un reciente informe. Ruz reclama en dicha providencia "la presentación del referido informe a la mayor brevedad" cuando su salida de la Audiencia Nacional se vislumbra a poco más de dos meses.

El juez vuelve a advertir a Hacienda que se abstenga de valorar una posible prescripción de los delitos fiscales cometidos por la empresa que hizo las obras por cobrar en 'B' buena parte de sus trabajos

El juez Ruz había reclamado dicho documento hace tres meses a los expertos de Hacienda. Quería que éstos procedieran "a formular propuestas de liquidación por el impuesto sobre sociedad e IVA de la referida mercantil [Unifica] para el caso de determinarse cuotas presuntamente defraudadas correspondientes a los distintos ejercicios fiscales afectados por las referidas obras de reforma [2006 a 2009]". Un análisis que, además, pidió que se extendiera a "la totalidad de las operaciones efectuadas con terceros en los referidos ejercicios". El magistrado recalcaba en su escrito que la Agencia Tributaria debía abstenerse de hacer "consideraciones relativas a los efectos del transcurso del tiempo", en referencia a la posible prescripción de dichos delitos, ya que consideraba que dicha "valoración" correspondía hacerla a él "una vez sea presentada el informe ante el Juzgado".

Diez días después, Hacienda presentaba en la Audiencia Nacional un escrito para que el Juzgado reclamase a quince clientes de Unifica las facturas por los trabajos que para ellos había hecho el estudio de arquitectura entre los años 2007 y 2009. Así lo hizo el magistrado el 14 de noviembre, en un auto en el que daba a dichas empresas el plazo "improrrogable" de cinco días para que remitieran dicha documentación. La mayoría así lo hizo, salvo dos de ellas, los bancos Sabadell e Inversis, a los que el juez tuvo que reclamar de nuevo la información el pasado 2 de diciembre. Ahora, el juez cree que el tiempo transcurrido desde que Hacienda tiene sobre la mesa toda esta información es más que suficiente para haber confeccionado dicho informe y se lo vuelve a reclamar "a la mayor brevedad".

El informe del 17 de octubre

Dicha petición es consecuencia del informe que la propìa Agencia Tributaria había presentado el pasado 17 de octubre y en el que, tras cotejar la documentación incautada al partido en el registro de su sede nacional el 19 de diciembre de 2013 con las facturas y los libros de contabilidad intervenidas en la sede de Unifica el 22 de noviembre del mismo año, concluía que el PP supuestamente pagó en dinero negro 750.095 euros correspondientes a las obras de reforma y acondicionamiento de la planta baja de su sede central en Madrid. Dicha cantidad, abonada en 2006, se sumaba a los 960.347 euros abonados también supuestamente en 'B' desde 2008 al mismo estudio de arquitectura por la remodelación de las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta del inmueble, y que ya se conocían en el sumario. En total, el dinero presuntamente pagado en fondos opacos por las reformas de la sede se elevaba así a los 1,71 millones de euros.

Ruz pidió el "informe definitivo" después de que Hacienda elevara a más de 1,7 millones de euros los supuestosfondos opacos con los que se pagaron las obras de la sede central del PP

Este informe no es, sin embargo, el unico informe que Ruz ha perdido con urgencia a diferentes organismos dependientes de Hacienda en los últimos meses. De hecho, el pasado 19 de diciembre dictó otra providencia en el que fijó fecha tope para recibir siete informes que le faltan para concluir la segunda parte de la pieza principal del 'caso Gürtel'. Así, exigía a la AEAT y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que antes de finalizar 2014 debe tener sobre la mesa el informe sobre los hechos atribuidos al exalcalde 'popular' de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero. Para finales de enero fijó la entrega de otro relativo a las contrataciones con empresas de la trama de Francisco Correa realizadas por el Ayuntamiento de Arganda, y antes del 28 de febrero, sólo unos días antes de su salida del juzgado, otro similar referido a Boadilla.

Además, a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), también dependiente del departamento de Cristóbal Montoro, le ordenó la entrega antes de acabar el pasado mes de diciembre de un informe sobre las contrataciones del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), mientras que antes del 28 de febrero tendrán que estar presentados otros sobre los consistorios de Boadilla, Arganda y uno más para la pieza separada referida a AENA. Además, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía le ha reclamado otro informe sobre la documentación remitida de manera anónima a la Audiencia Nacional sobre el supuesto papel jugado por la alcaldesa de Jerez y también senadora, la 'popular' María Jose García Pelayo, en la trama andaluza de la trama de corrupción. Ruz tiene prisa porque su estancia actual en el juzgado esta a punto de terminar.