Nacional

Ruz no archivará las causas sobre Guantánamo y el Sáhara pese a la reforma de la justicia universal

El magistrado actúa en contra de lo que le pidió la Fiscalía, que le reclamó, como ha hecho en otras causas de justicia universal como el caso Couso o el genocidio del Tíbet, que concluyera el sumario y lo elevara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez Pablo Ruz sigue el ejemplo del juez Pedraz, que rechazó archivar el 'caso Couso', y ha decidido este martes proseguir con la investigación sobre supuestas torturas en la prisión de Guantánamo (Cuba) a cuatro expresos, dos de ellos españoles -Hamed Abderraman, conocido como el "talibán español" y Lahcen Ikassrien-, pese a la reforma de la justicia universal. Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional continuará investigando dos causas por crímenes en el Sáhara que mantiene abiertos en su juzgado por considerar que los hechos se cometieron en lo que entonces era suelo español.

En el caso de Guantánamo, Ruz rechaza en un auto archivar esta causa en aplicación de la nueva norma y la mantiene abierta por torturas y contra la integridad moral en concurso con varios crímenes de guerra, delitos que están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la tortura. Según el juez, "nos encontraríamos ante una evidente colisión" entre la reforma "y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales" y por ello acuerda transformar las diligencias previas en sumario, "continuando la instrucción de la presente causa".

De este modo, Ruz actúa en contra de lo que le pidió la Fiscalía, que le reclamó, como ha hecho en otras causas de justicia universal como el caso Couso o el genocidio del Tíbet, que concluyera el sumario y lo elevara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que sea éste órgano el que decida si cabe el archivo o la interposición de recurso de inconstitucionalidad a la nueva ley.

En este mismo auto, el juez reitera la comisión rogatoria que libró en enero a Estados Unidos para conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed Abderrahman y al marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, relatadas en la querella interpuesta contra el expresidente de EEUU George W. Bush y otros cargos norteamericanos, como el exvicepresidente Richard Cheney y el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld por estos hechos.

El pasado 23 de enero, el juez libró esta comisión rogatoria para que le informen si existe o no una investigación sobre estas dos personas y otros dos expresos que se personaron en la causa, Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, que tenga que ver con denuncias sobre irregularidades y malos tratos o torturas en Guantánamo. El principal objeto de esta diligencia es delimitar si en este caso se da el principio de subsidiariedad, es decir, si los tribunales españoles son competentes para investigarlo porque los estadounidenses no lo hacen o si, de lo contrario, las autoridades norteamericanas tienen un procedimiento abierto, lo que descartaría a la jurisdicción española.

Una vez obtenga la respuesta de las autoridades estadounidenses, el juez anuncia en su resolución que elevará exposición razonada a la sala segunda del Tribunal Supremo para que dictamine si verdaderamente se están investigando allí esos hechos y se pronuncie sobre la posible concurrencia del llamado principio de subsidiariedad.

Cuando el Sáhara Occidental era provincia española

Sobre el Sáhara, Ruz rechaza en un caso archivar la querella presentada contra varios militares marroquíes y en otro mantiene abierta la investigación por genocidio presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra varios dirigentes del Frente Polisario.

En el primero de estos autos, el juez central de instrucción número 5 acuerda continuar con el procedimiento puesto que, tal y como informo el Ministerio Fiscal, los hechos se cometieron "en territorio que a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión, tal y como se deriva de la legalidad y jurisprudencia nacional e internacional".

Según Ruz, los delitos fueron cometidos contra ciudadanos españoles en el momento en que el Sáhara Occidental era provincia española (...) "en concreto entre los meses de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976 debiendo también asumirse la competencia de los hechos ocurridos con posterioridad al abandono del territorio por parte de las Autoridades españolas en la medida que los mismos resultan conexos con los anteriores".

Por otra parte, Ruz también se declara competente para mantener abierta la investigación iniciada a raíz de una querella por genocidio presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra varios dirigentes del Frente Polisario.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba