La lentitud de Hacienda irrita a Ruz: lleva un año esperando un informe clave para el 'caso Bárcenas'

La paciencia del juez Pablo Ruz tiene un límite. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó el pasado viernes una providencia en la que reclama a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) que le remita "a la mayor brevedad" un informe clave para la instrucción de la causa abierta por los 'papeles de Bárcenas'. Se trata, en concreto, del análisis que encargó a sus expertos para determinar si hay relación entre las donaciones presuntamente realizadas a la caja 'B' del PP por los empresarios imputados y las adjudicaciones que sus sociedades recibieron del Estado. Lo más llamativo es que dicho documento, con el que se pretende determinar si hubo delito de cohecho en dichas entregas de dinero, lo encargó el magistrado el 19 de julio de 2013, hace más de un año, y aún no han llegado a su mesa.

Ruz reclama el informe sobre la relación existente entre las donaciones a la caja 'B' del PP hechas por empresarios y los contratos del Estado que recibieron las sociedades de éstos

La petición del juez Ruz se produce después de que la IGAE le comunicase el pasado 7 de julio que procedía a sustituir a uno de sus funcionarios que hasta ahora estaba asignado a la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta contabilidad opaca del PP por otro experto del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. El magistrado da el visto bueno a dicho cambio y aprovecha el escrito en el que requiere al nuevo funcionario de Hacienda que realice formalmente en su juzgado el "juramento o promesa en el ejercicio de las funciones de auxilio judicial" para recordar a la Intervención General que tiene 'deberes' pendientes desde hace bastante tiempo.

En concreto, el escrito reclama "la conclusión de los informes que le fueron requeridos por resolución de fecha 19 de julio de 2013" y que el juez Ruz quiere en su mesa "a la mayor brevedad". Se refiere al análisis que ordenó realizar hace ahora justo un año a los peritos del IGAE para que determinasen la posible existencia de un delito de cohecho por la vinculación "de las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el PP a través de sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, incluidas en la contabilidad 'B', con las adjudicaciones y contratos de los que hayan resultado beneficiadas las sociedades relacionadas con los [empresarios] querellados". Un informe que las fuentes jurídicas consultadas consideran clave para que el sumario siga avanzando.

Polémicos informes de la IGAE 

No es la primera vez que la actitud de la IGAE en el 'caso Bárcenas' irrita al magistrado. El pasado mes de noviembre este organismo remitió a la Audiencia Nacional un informe de cuatro folios en el que con quince escuetos párrafos llegaba a afirmar que los apuntes contables del extesorero del PP tenían "numerosas incongruencias" pese a que cerca de medio centenar de sus anotaciones ya se habían demostrado entonces como ciertas. Los expertos de Hacienda incluso desacreditaban como prueba la coincidencia temporal entre las entregas de dinero por parte de algunos empresarios y la adjudicación de obra pública a sus empresas que esgrimían las acusaciones, justo sobre lo que debe pronunciarse ahora. De hecho, calificaban dicho criterio como "muy discutible" ya que, aseguraban, no habían encontrado "otras variables que permitan relacionar donativos con contratos, como podría ser una relación entre el donativo y el precio de adjudicación". El juez Ruz decidió en aquel momento desoír el escueto informe y citar como imputados a media docena de empresarios más.

El juez ha hecho caso omiso a las conclusiones de tres informes entregados por la Intervención General en los últimos meses y que no detectaban irregularidades contables en el PP

El pasado mes de enero, un segundo documento de la IGAE era ignorado por el magistrado. En esta ocasión eran nueve folios en los que este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda concluía que no había encontrado "reflejo contable" que apuntase a la existencia de donaciones irregulares en la compra de una sede en Logroño y en la compensación por un embargo sufrido a causa de una deuda del partido en Galicia. El magistrado vovió a hacer caso omiso de las conclusiones del documento y ordenó entonces extender la investigación del caso a las cuentas del PP en La Rioja y Pontevedra justo después de recibirlo en su despacho.

Dos meses más tande, en marzo, otro breve documento elaborado por la IGAE volvía a llegar a su mesa. Se trataba, en concreto, de un informe de sólo cuatro folios en los que aseguraba que los 50.000 euros que un dirigente del PP de Pontevedra no identificado supuestamente entregó en metálico en Génova 13 en 2010 como devolución de un embargo no tenían ningún "reflejo contable" ni en la contabilidad del partido en Galicia ni en la de Madrid. Por tanto, el organismo de Hacienda concluía que no había nada "que ponga de manifiesto la existencia" de dicha aportación reflejada en los 'papeles de Bárcenas'. El magistrado había ordenado investigar esta supuesta donación después de que el propio extesorero explicase en su primera confesión que cuando estuvo en su mano dicho dinero introdujo 25.000 euros en sendos sobres que entregó como complementos salariales a Mariano Rajoy y a su 'número 2', María Dolores de Cospedal.