EL SUMARIO DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Ruz 'sugiere' denunciar al asesor de Montoro por la filtración del 'informe Cáritas' sobre el PP

Dos acusaciones del 'caso Bárcenas' y el extesorero habían pedido al juez que investigara cómo llegó a la prensa un argumentario de Hacienda sobre el fraude fiscal de Génova 13. El magistrado les propone acudir a un juzgado ordinario.

Imagen de archivo de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Imagen de archivo de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. EFE

El juez Pablo Ruz ha dado por cerrado el sumario sobre los 'papeles de Bárcenas', pero ha dejado abiertas algunas puertas. Entre ellas, la de investigar la filtración a la prensa de un argumentario que contenía parte del último informe de la Agencia Tributaria sobre los supuestos delitos fiscales del PP antes de que éste llegara a manos del magistrado. Dos acusaciones y el propio Luis Bárcenas habían presentado en los últimos días sendos escritos para pedir a Ruz que iniciara diligencias para identificar a su autor y emprender acciones legales contra él. El juez, sin embargo, considera que la Audiencia Nacional no es el órgano judicial para ello y, por ello, propone a los tres abogados que ejerciten "las acciones que se entiendan procedentes ante la jurisdicción competente". Para ello, les ofrece facilitarles los elementos de la causa que "estimen oportunos".

El juez califica el suceso del argumentario como una "circunstancia extrapocesal", pero ofrece a las acusaciones y a Bárcenas acudir a la justicia ordinaria

Es el punto y seguido de un escándalo que saltó a la luz el pasado 16 de marzo, cuando se supo que un "argumentario" que recogía partes textuales del documento que la Agencia Tributaria había elaborado "por imperativo legal" para calcular el supuesto fraude fiscal del PP en el 'caso Bárcenas' había llegado a varios medios de comunicación horas antes de que la AEAT remitiera el informe oficial al juez Ruz. Siguiendo los criterios del magistrado, este último documento cifraba en 220.167 euros el presunto fraude cometido por la formación en el Impuesto de Sociedades de 2008 por las donaciones irregulares ingresadas en la caja 'B' aquel año, pero también comparaba dichas aportaciones con las que recibían Cáritas y la Cruz Roja. El argumentario incorporaba conclusiones propias que exculpaban al partido de cualquier ilícito penal.

Los metadatos o 'huella digital' revelaron al día siguiente que el presunto autor del polémico argumentario era Rogelio Menéndez, asesor directo del ministro Cristóbal Montoro y hermano del presidente de la Agencia Tributaria, el órgano encargado de elaborar el informe para el juez Ruz. El PSOE se apresuró entonces a denunciar públicamente que dicho documento tiraba por tierra la tesis que el Gobierno había defendido hasta entonces sobre la independencia de la AEAT en la elaboración de sus informes para el 'caso Bárcenas'. El argumentario llegado a las redacciones ponía de relieve, en su opinión, que cargos políticos del departamento habían tenido acceso al informe judicial antes que el propio magistrado.

"Relación con Montoro"

A raiz de ello, los abogados que representan como acusación al Observatorio DUDH-DESC en la causa presentaron un escrito en el que pedían que se citase a declarar al asesor de Montoro para que aclarase si él era el autor de dicho argumentario y cómo había tenido acceso al informe de la Agencia Tributaria antes de que llegara a la Audiencia Nacional, además de epecificar "la relación que guarda dicha persona con los más altos cargos del Ministerio de Hacienda", en referencia al propio Montoro. También reclamaban que declarase el experto de la AEAT que había elaborado el informe judicial para que "manifieste si ha dado acceso del documento cuya elaboración le fue encomendada a cualquier tercero ajeno a la causa".

El argumentario "arroja una seria sombra de duda respecto de la imparcialidad del contenido del informe" sobre el fraude fiscal del PP, según una acusación

Para respaldar dicha petición, la acusación recordaba que en aquel momento la causa se encontraba "en fase de instrucción y, por tanto, sujeta a secreto de las actuaciones". Por ello, recalcaba que "cualquier acceso no autorizado por el Juzgado, de un tercero ajeno a las partes, respecto a un documento investigativo cuya elaboración ha sido solicitada por el Instructor, puede ser constitutivo de delito". Para finalizar señalando que la simple "elaboración y difusión del mencionado 'argumentario' arroja una seria sombra de duda respecto de la imparcialidad del contenido del informe aportado por la Agencia Tributaria".

Diligencias éstas que, finalmente, no se harán ya que en el auto del pasado lunes en el que el juez da por finalizada la instrucción del sumario de los 'papeles de Bárcenas' deja claro que dichas pesquisas no corresponden a la Audiencia Nacional al considerarlas "circunstancias extraprocesales" al objeto de la causa. No obstante, deja abierta a las dos acusaciones y la defensa del propio Bárcenas la opción para que "puedan ejercitarse las acciones que se entienda procedentes ante la juridiscción competente, en su caso previa solicitud de testimonio de los particulares de la causa que estimen oportunos". Fuentes del Observatorio DUDH-DESC anunciaban este martes a Vozpópuli que así lo harán. 

EL 'ANTECEDENTE' DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS

No es la primera en la causa de los 'papeles de Bárcenas' que una diligencia acaba saltando a un juzgado ordinario para que dilucide a existencia o no de delito. Ocurrió con la polémica destrucción por parte de Génova 13 de los discos duros de los ordenadores que utilizaba el extesorero. Aquel incidente se inició el 19 de agosto de 2013. Entonces, el PP respondió al requerimiento que el juez Pablo Ruz le había hecho unos días antes para que entregara dichos equipos informáticos asegurando que había borrado sus memoriasen cumplimiento de su protocolo de seguridad informática. La destrucción de todos estos elementos se produjo después de que, en abril de aquel añoun juzgado ordinario fallara a favor del PP en la denuncia por robo que interpuso el extesorero cuando no pudo recoger los ordenadores en la sede del partido. Aquel magistrado justificó su decisión en que consideraba que ese material informático era propiedad del partido y no del empleado.

Tras aquella notificación, el juez Ruz dictó a medidados de octubre de 2013un auto de once páginas en el que apreciaba posibles delitos de encubrimiento por destrucción de pruebas y daños informáticos en la decisión del PP de eliminar los datos de las ordenadores de su extesorero. El magistrado estimaba también que la investigación por estos hechos no era competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados de Instrucción de Madrid, por lo que se inhibía en el órgano judicial ordinario de la capital al que correspondiera el caso por turno de reparto. El mismo recayó en la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, María Esperanza Collazos, quien pocos días después acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al considerar que no concurrían los delitos a los que apuntaba su compañero de la Audiencia Nacional.

La decisión de la magistrada fue recurrida por los abogados de IU, que fueron los que presentaron la denuncia. En primer lugar, en reforma ante la propia magistrado. Y, ante el rechazo de ésta a reabrir las diligencias, el 26 de diciembre de 2013 en apelación ante la Audiencia Provincial. Tras este último recurso, la juez dictó una providencia de febrero de 2014 en el que comunicaba que elevaba la causa, a través del Decanato de los Juzgados de Madrid, a aquel órgano judicial para que decidiera. Sin embargo, el sumario nunca llegó a su destino y el pasado 18 de febrero se descubrió que el mismo se había extraviado. En los días siguientes hubo que reconstruirlo. Aún no se ha fallado si la causa se reabre o, finalmente, es archivada.


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