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Ruz manda al banquillo a los 11 acusados por el caso Pretoria y les impone fianzas por 102,6 millones

El juez Ruz abre juicio oral a los presuntos miembros de la red de corrupción urbanística y les acusa de 5 delitos, entre los que se encuentran tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

Imagen de archivo del juez Pablo Ruz a la entrada de la Audiencia Nacional
Imagen de archivo del juez Pablo Ruz a la entrada de la Audiencia Nacional EFE

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha abiertojuicio oral por el denominado "caso Pretoria" contra los once presuntos miembros de la red de corrupción urbanística, que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, y a los que les acusa de conductas constitutivas de delitos continuados de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y cohecho, entre otros, y les impone fianzas por un importe de 102,6 millones de euros por las multas a las que podrían ser condenados.

Entre los acusados se encuentran dos exaltos cargos de Jordi Pujol: Lluis Prenafeta y Macià Alavedra

Entre los acusados se encuentran dos exaltos cargos del Gobierno de Cataluña con CiU durante la presidencia deJordi Pujol: el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta, al que se impone una fianza de 18,3 millones de euros; y el exconsejero de Economía Macià Alavedra, que tendrá que depositar 13,7 millones. Ambos se enfrentan a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años y diez meses de cárcel, según recoge Efe.

La fianza más alta será afrontada por el exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis Andrés García, alias 'Luigi', que tendrá que depositar una fianza de 30,1 millones de euros y se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de cárcel. En el auto, el juez Ruz da 10 días a los acusados para para presentar sus escritos de defensa y designa a la Sección Segunda de la Sala Penal como órgano competente para el enjuiciamiento de este procedimiento.

La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, presentado el pasado 29 de diciembre, pidió penas de 6 años y 10 meses de cárcel para Alavedra y Prenafeta y multas que suman 13,7 millones de euros para el segundo de ellos y 10,3 millones para el primero. Entre multas y decomisos reclamó que los 11 acusados pagaran 93 millones de euros. Con esta decisión, Ruz lleva a juicio esta causa que abrió a finales de enero de 2009 su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón, y en la que llegaron a estar imputadas veinte personas, de las que casi la mitad fueron exoneradas a lo largo de la instrucción.

Además de los ya citados, Ruz lleva también a juicio a Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan y María Lluisa Mas Crussels (esposa de Prenafeta), todos ellos por tráfico de influencias y cohecho, ambos cometidos por particular y funcionario, y blanqueo de capitales.

Las ganancias de Alavedra y Prenafeta se cuantifican en 6.080.405 y 14.984.865 euros, respectivamente

Para el juez ha quedado acreditada la existencia, entre 2000 y 2009, "de una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal de determinadas localidades de Cataluña", en concreto de la provincia de Barcelona, "bajo la intervención principal del imputado" Luis García. Todo ello, prosigue Ruz, "a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones respecto de las cuales se procedería ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen".

Con ese fin, los imputados hicieron uso de complejos entramados societarios de entidades domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán y en cuentas en Suiza y Andorra. En el caso de Alavedra y Prenafeta, cuantifica en 6.080.405 euros y 14.984.865 euros, respectivamente, las ganancias generadas, en parte por comisiones. Respecto de Luis Andrés García sus ganancias ascendieron a 5.886.925 euros y las de Bartomeu Muñoz a 1.728.064. Cantidades cuyo decomiso reclama también la Fiscalía en su escrito de acusación.

En el auto, Ruz desglosa tres operaciones urbanísticas de la trama en los municipios de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona. Una de esas operaciones, la denominada Pallaresa, se desarrolló en el municipio de Santa Coloma entre 2001 y 2009 y en ella intervinieron Luis García, Valera, Muñoz, Dobarco y Singla, quienes "puestos de común y previo acuerdo, tras conocer el proyecto urbanístico que iba a realizarse en dicha localidad, planificaron y decidieron manipular e intermediar en la adjudicación y modificación de los usos de terrenos públicos afectados".

Los imputados hicieron uso de complejos entramados societarios de entidades domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán y en cuentas en Suiza y Andorra

Todo ello, "con claro perjuicio para el Ayuntamiento" y con el objeto de "venderlos a un tercero con quien previamente ya habían pactado su enajenación a cambio de la obtención de importantes beneficios". En esta como en las otras dos operaciones investigadas, Niesma en San Andrés de Llavaneras, y Badalona -en la que se enajenaron terrenos del Puerto Deportivo de Barcelona, empresa con la que Luis García "mantenía una estrecha vinculación"-, Ruz describe una dinámica similar de uso de influencias para conseguir adjudicaciones de terrenos.

El modus operandi consistía siempre en cambiar el adjudicatario y recalificar los terrenos para venderlos a un precio superior a cambio de "cuantiosas comisiones" y con perjuicio a los Ayuntamientos afectados.


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