LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL JUEZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Un anónimo y un pendrive sobre la alcaldesa 'popular' de Jerez permiten a Ruz reactivar la Gürtel andaluza

El juez pide a la UDEF y a Hacienda que emitan un informe sobre la documentación en papel y soporte digital que llegó el pasado 15 de diciembre a la Audiencia Nacional sobre María José García Pelayo, regidora de la localidad gaditana y senadora

Imagen de archivo del juez Pablo Ruz.
Imagen de archivo del juez Pablo Ruz. EFE

El pasado 15 de diciembre hacía entrada en la Audiencia Nacional un sobre cerrado dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. No tenía remitente. En su interior había "un dossier en soporte papel y en soporte digital" que amenazan con amargar las Navidades al PP a la vista de la celeridad con la que el magistrado, al que le quedan menos de cien días en el puesto, ha ordenado practicar diligencias sobre el mismo. Y es que su contenido se refiere a una destacada dirigente de los 'populares' en Andalucía: la alcaldesa de Jerez de la Frontera y también senadora María José García Pelayo.

El sobre con documentación "en soporte papel y digital" llegó a la Audiencia Nacional el 15 de diciembre. Dos días después Ruz encargó diligencias a UDEF y Hacienda 

La primera medida que ha adoptado el magistrado es que dicha información se una a la pieza separada del 'caso Gürtel' que investiga varias adjudicaciones sospechosas realizadas en 2004 por esta ayuntamiento gaditano a empresas de la trama de Francisco Correa. Además, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) que elaboren sendos informes sobre dicho dossier en el que es el primer paso para reactivar las pesquisas sobre la trama andaluza de la Gürtel, una pieza del sumario aparentemente estancada desde hace meses.

Así aparece reflejado en una providencia dictada por el magistrado a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que Ruz ordenaba también que el contenido del 'pendrive' remitido por el anónimo informante fuese "clonado" por expertos policiales de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) en presencia del secretario judicial para, posteriormente, remitir su contenido a la UDEF para su estudio. Ese proceso se realizó el pasado 17 de diciembre a las 10:30 horas, según consta en dicho documento judicial. Desde entonces, esta pequeña memoria informática permanece "precintada" y "custodiada" en sede policial. 

Antes del 31 de diciembre

La reactivación del caso por parte del juez Ruz no se ha limitado, sin embargo, a estas diligencias. Dos días después del clonado del 'pendrive' dictaba otra providencia en la que reclamaba a Hacienda diversos informes pendientes del 'caso Gürtel'. Entre ellos había uno referido, precisamente, a "la regularidad de la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)". El magistrado fija a la IGAE como plazo máximo de entrega el próximo 31 de diciembre. El magistrado señala ese informe como clave para "agilizar la instrucción" ya que considera su "contenido indispensable para el avance de las actuaciones".

Sobre la mesa del juez obra ya desde hace varias semanas otro informe sobre esta la trama andaluza de la Gürtel, éste elaborado por la UDEF. Según avanzó el programa de La Sexta 'El Intermedio', la Policía concluye en el mismo que el consistorio jerezano presuntamente manipuló documentos de los expedientes referidos a las adjudicaciones a las empresas de la trama de Correa ahora bajo sospecha. La investigación había concluído que varios fueron creados varios días e, incluso, semanas después de la fecha que figuraba en ellos. La huella digital de los mismos, lo que técnicamente se denomina metadatos y que es el rastro que dejan los ordenadores en los documentos, habían delatado la supuesta manipulación.

El informe de febrero

Hasta comienzos de este año, la trama Gürtel había pasado de puntillas por Andalucía. De hecho, en esta comunidad sólo había salpicado de manera residual al PP ya que afectaba únicamente a uno de los hermanos del exeurodiputado Gerardo Galeote que trabajaba en el consistorio de Estepona (Málaga). Sin embargo, el pasado mes de febrero la UDEF entregaba un informe en la Audiencia Nacional que daba pie a la apertura de una pieza específica sobre las actividades de la trama en esta comunidad y, más en concreto, en la localidad gaditana. En dicho documento, de poco más de medio centenar de folios, los agentes detallaban supuestas irregularidades en tres contratos adjudicados por el equipo de gobierno 'popular' del Ayuntamiento de este municipio a dos empresas de la organización de Correa.

Ruz investiga desde febrero tres contratos por 214.000 euros adjudicados en 2004 por el Ayuntamiento de Jerez a dos empresas de Francisco Correa

Los hechos investigados se remontan a la última semana de enero de 2004, cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez firmó dichos contratos. El primero, para el montaje en Madrid de un pabellón en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de aquel año. El segundo, para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de la capital para un espectáculo ecuestre. Y el tercero, por la organización de una fiesta flamenca en el madrileño Parque del Retiro. Todo ello por un valor de 214.027 euros. El principal señalado en la investigación era Isidro Javier Cuberos, quien fuera mano derecha de Javier Arenas en el Ministerio de Trabajo.

No obstante, el documento policial ya mencionaba a la regidora, la 'popular' María José García-Pelayo, a la que se refiere en exclusiva la documentación remitida ahora a la Audiencia Nacional por el informante anónimo. Las pesquisas, que parecieron quedar paralizadas en un primer momento tras aquel informe de febrero, parecieron reactivarse el pasado mes de mayodespués de que el juez Ruz recibiera de la Fiscalía gaditana un escrito de denuncia elaborado por funcionarios anónimos del consistorio que incorporaba documentación desconocida hasta ahora sobre este supuesto fraude, entre ellos un informe de la interventora municipal que desaconsejaba la adjudicación. Ahora, el 'pendrive' y la carta anónima vuelven a darle un nuevo impulso.


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