EL SUMARIO DE LA MAYOR TRAMA DE CORRUPCIÓN

'Gürtel SA', una ruina: el juez Ruz vende bienes de las empresas de la red para mantenerlas a flote

Los administradores judiciales de las mercantiles de la trama pasan apuros para afrontar los gastos necesarias para que sigan operativas hasta que una sentencia decida que hacer con ellas: coches a precio de saldo para pagar las facturas del agua.

Imagen de archivo de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel.
Imagen de archivo de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel. EFE

Humildes facturas por consumo de agua que llegan regularmente. Alquiler de naves industriales que cuestan 2.250 euros al mes. Continuos embargos de la Agencia Tributaria. Finiquitos de trabajadores pendientes de abonar... La situación financiera de la veintena de empresas de la trama Gürtel que fueron intervenidas cuando estalló el caso en febrero de 2009 es hoy, más de cuatro años después, "crítica". Así lo señalan los últimos escritos remitidos por los administradores judiciales encargados de ellas al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. En el sumario, una pieza separada que suma ya 25 tomos, detalla los apuros económicos por los que día a día pasan los responsables de mantener a flote estas sociedades inactivas hasta que la Justicia decida por sentencia qué hacer con ellas. Una situación que ha obligado a poner a la venta en los últimos meses 12 propiedades en una urbanización de lujo Sotogrande o vender un vehículo Audi A8 por sólo 3.500 euros.

Los interventores de 24 empresas inactivas de la trama califican la situación financiera de las mismas como "crítica" por la falta de ingresos para afrontar hasta los recibos del agua

Un escrito de los dos administradores judiciales de 24 empresas que componían Gürtel SA, algunas tan emblemáticas dentro de la trama como Pasadena Viajes, Orange Market o Special Events, detalla el calvario que deben pasar cada vez que deben realizar un pago "por insignificante que éste sea". "Esta intervención judicial debe solicitar a ese Juzgado Central de Instrucción el desbloqueo de la cuenta bancaria de la sociedad y la autorización del pago. Una vez informada favorablemente esta petición por el Ministerio Fiscal, el Juzgado, mediante auto, autoriza el desbloqueo solicitado y el pago correspondiente. Este pago ordenado tiene que ser comunicado por esta intervención judicial a la entidad bancaria afectada", detalla el texto enviado al juez Ruz.

Un largo proceso que, como denuncian los administradores, "genera una carga de trabajo inncesaria en el Juzgado, un retraso en los pagos [...] que generan recargos de demora y constantes desplazamientos de esta administración e intervención judicial a las entidad bancarias" pese a que los abonos a realizar en la mayoría de los casos son "de escasa cuantía". Un ejemplo de ello es el reciente de 384 euros por parte de la empresa Artas Consulotoría SA por consumo de agua entre octubre y diciembre del año pasado. El pasado mes de enero, los interventores judiciales tuvieron que solicitar el desbloqueo de una de las cuentas de esta empresa de trama para poder pagar tan magra cantidad al Canal de Isabel II. También solicitaron disponer de al menos de 11.000 euros para hacer frente a la liquidación de IVA del cuatro trimestre de la misma empresa... Y, así, con cada factura o deuda tributaria.

Suministros y arrendamientos

Por ello, los responsables reclamaban poder simplemente domiciliar los pagos "de carácter periódico y repetitivo" como suministros y arrendamientos de todas las sociedad y poder realizar el abono "telemático" de los gastos de mayor cuantía  y los impuestos. Incluso, solicitaban que se les diera poder para autorizar determinados pagos "sin necesidad de autorización previa del Juzgado". Pero mientras llega la respuesta del juez a su petición, el goteo de facturas sobre empresas que llevan cuatro años sin ingresos es continuo. El 8 de febrero, los actuales responsables de las mercantiles pidieron autorización para pagar 940 euros "por la custodia y almacenaje" del primer trimestre de 2013 de los bienes de Orange Market, una de las empresas clave de la trama, en un almacen. Ese mismo día pedían al magistrado su autorización para el abono de otros 2.468 euros por el alquiler de trasteros para esa misma mercantil de la red.

Los administradores judiciales piden al magistrado poder hacer pagos sin su autorización para evitar que la burocracia legal origine recargos de demora 

En algunos casos, el juez ha autorizado vender bienes para conseguir pagar el coste de vaciar naves cuyo alquiler arañaban mensualmente dinero a unas arcas ya exhaustas. Así, hace unos meses los administradores pidieron presupuesto a cuatro compañías para que el local arrendado por Inversiones Kintamina SL en la localidad madrileña de Arganda fuera vaciada de los "bienes y enseres" que se habían intervenidos en oficinas de la trama y en el domicilio del propio cabecilla, Francisco Correa. Se aceptó la de una empresa que propuso hacerlo gratis (las otras iban desde los 4.000 euros más IVA a los 2.000 euros) a cambio de que se les vendiera por 3.500 euros un Audi A8.

Sin embargo, en demasiadas ocaciones los escasos ingresos que se consiguen con la venta de bienes duran poco en las arcas de las compañias intervenidas. Fue el caso de la venta en noviembre de 2012 por 120.000 euros de las participaciones que Inversiones Kintamina SL, una de las empresas de la trama, tenía invertidas con el objeto de blanquear en una sociedad especializada en lucha contra el cáncer. Con aquel dinero, los administradores pudieron pagar 67.20 euros de impuestos, 28.000 euros de gastos de comunidades, 8.300 euros del finiquito de un trabajador, 6.600 de la minuta del abogado y procurador, dos meses de alquiler de una nave donde se guardan bienes de las empresas, 4.200 en obras urgentes en viviendas y 1.500 euros más de gestoría.

"Intereses y costas"

Un respiro momentáneo que duró poco, ya que las deudas económicas siguieron agolpándose en la cuenta de resultados, algunas por varias decenas de miles de euros. "Agotada esta vía de liquidez, la situación se ha agravado", señalaban los administradores al juez Ruz en un escrito en el que además detallaban la existencia de una sentencia judicial que obligaba a una de las mercantiles de la trama, Osiris Patrimonial SA, a abonar 140.000 euros "más intereses y costas" a una empresa de amarres por la estancia en sus instalaciones de los yates intervenidos a los cabecillas de la trama, así como "continuos embargos de la Agencia Tributaria de las cuentas bancarias de las distintas sociedades" o el inicio por parte de otras sociedad de "actuaciones judiciales de reclamación de cantidades".

La última medida adoptada por el juez para dotar de liquidez a las empresas en la puesta en venta de 12 propiedades en la urbanización de lujo Sotogrande

Ello llevó en febrero a los interventores judiciales a "sondear el mercado" para la posible venta de parcelas y plazas de garaje que estaban a nombre de las empresas de la trama que "no generan ingresos y que son fuente de gastos". Hace escasos días el juez Ruz autorizaba a los peritos de la Audiencia Nacional a tasar una docena de propiedades inmobiliarias de empresas de la red Gürtel para venderlas y obtener liquidez con el único objetivo de mantenerlas a flote hasta que concluya el largo proceso judicial. En concreto, se trataba de inmuebles de las sociedades Caroki e Inversiones Kintamina situadas en la urganización de lujo Sotogrande, en San Roque (Cádiz). Entre ellos está la vivienda en la que se alojó Correa cuando abandonó la cárcel tras tres años en prisión provisional. Es una de las últimas esperanzas de mantener a flote las empresas intervenidas hasta quela Justicia dicte sentencia sobre qué hacer con ellas.


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