El PP le 'cuela' al juez Ruz un abogado para defenderse en el 'caso Bárcenas'

La mañana del miércoles 5 de febrero había comenzado ajetreada en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Era jornada de declaraciones en el 'caso Bárcenas', uno de los más mediáticos de los que tiene entre sus manos su titular, Pablo Ruz. Por ello no llamó la atención que a las puertas del mismo se agolparan un buen número de abogados de los despachos más prestigiosos de la capital. Era el día señalado para que declarasen como testigos, entre otros, dos dirigentes del PP de La Rioja: su secretario general, Carlos Cuevas, y la gerente, Ana Elvira Martínez. El magistrado quería conocer más detalles sobre la compra en 2008 de una sede para la formación en Logroño y su presunta relación sobre los apuntes contables de Luis Bárcenas. En concreto, con la entrada aquel año en la supuesta caja 'B' de la formación de 200.000 euros 'en negro' procedentes de sus correligionarios riojanos.

Un testigo reconoció haber hablado instantes antes de declarar ante el juez con el abogado que asistió al PP durante el registro de su sede

La comparecencia de ambos ante el juez se retrasaba, como se ha convertido en costumbre durante la instrucción de la causa, y los letrados aprovecharon ese 'tiempo muerto' para charlar entre ellos y repasar las últimas notas antes de participar en el interrogatorio. Sin embargo, uno de ellos decidió hacer algo inusual y, según fuentes jurídicas, "también irregular": se acercó a hablar con uno de los dirigentes del PP de La Rioja que acudía como testigo, Carlos Cuevas, quien nervioso esperaba en una sala contigua el momento de someterse a las preguntas del magistrado y las partes personadas. La discreta charla entre el abogado y el testigo sólo duró unos minutos y, aparentemente, pasó inadvertida para el resto de letrados. Sin embargo, no fue así. Uno de estos últimos, Gonzalo Boye, representante legal de la acusación popular que representa a la asociación Observatori DESC, vio cómo su colega y el dirigente regional salían juntos de la sala donde los testigos esperan a ser llamados.

Por ello, cuando a este abogado le tocó el turno de preguntar al secretario general del PP riojano decidió interrogarle también sobre este anómalo encuentro. El motivo: el colega con el que éste había estado hablando era el exfiscal Jesús Santos Alonso, el abogado que asesoró legalmente a Génova 13 durante el registro 'de facto' de su sede nacional.

-Antes de esta declaración, ¿usted ha hablado con algún abogado del PP sobre este asunto [la compraventa de la sede de Logroño]?

-No

-Se lo pregunto de otro modo. Antes de este momento, ¿ha hablado con algún abogado vinculado al PP?

-Bueno, sí, pero sólo unos minutos en el cuarto de al lado del ascensor [del juzgado]

Aquella respuesta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del juez. Ésta ya había mostrado durante el interrogatorio su malestar por la actitud del secretario general del PP en La Rioja, quien durante el mismo, había evitado en todo momento dar datos y, en numerosas ocasiones, había eludido las preguntas más comprometidas con un "no sé" o un "no recuerdo". El magistrado incluso se había visto obligado en alguna ocasión a recordarle que su condición de testigo le obligaba a decir la verdad. Finalmente, Ruz, visiblemente irritado, terminó requiriendo formalmente al dirigente político para que entregara en sólo 48 horas toda la documentación que sobre la compra bajo sospecha del local tuviera la formación. Sobre la charla previa que había mantenido con el abogado ligado al PP no dijo nada, pero tomó nota, según fuentes jrídicas. "De hecho, dejó que el compañero realizara las preguntas y, por tanto, ya constan en el sumario", señala uno de los letrados que asistió a dicho interrogatorio. Vozpópuli se puso ayer en contacto con el bufete del que forma parte Santos para recabar su versión sobre dicho encuentro con el testigo, pero portavoces del despacho declinaron hacerlo alegando que "no comentamos nada sobre nuestros clientes y los asuntos que llevamos".

Abogado de un imputado

Aquella conversación entre uno de los abogados defensores y un testigo, desconocida por la opinión pública hasta ahora, adquiere mayor relevancia cuando se conoce el papel que hasta ahora ha jugado del letrado que participó en ella. Jesús Santos entró en la causa el pasado 25 de octubre como representante legal de José Ángel Cañas, el gerente del partido en Castilla-La Mancha que firmó el célebre recibí aportado por Bárcenas como prueba de una supuesta donación ilegal por parte de Sacyr a la campaña electoral de 2007 de la número 2 de partido, María Dolores de Cospedal, a cambio de una contrata de limpieza en Toledo. Cañas es, de hecho, el único cargo en activo de la formación que en la actualidad se encuentra imputado.

El juez rechazó en abril la personación del PP en el 'caso Bárcenas' por "ser incompatible con el objeto de la investigación"

Desde entonces, este letrado ha tenido acceso a todas las diligencias judiciales y ha presentado algún escrito. Sin embargo, su actuación más relevante en el 'caso Bárcenas' no viene paradójicamente como representante del gerente castellano manchego, sino como asesor del propio PP. Fue durante el registro 'de facto' de Génova 13 que el pasado 20 de diciembre ordenó el juez Ruz. Entonces, Santos, que hasta hace sólo 14 meses fue fiscal de la Audiencia Nacional, se presentó en el inmueble una hora y cuarenta minutos después de que se iniciara la diligencia y permaneció durante las catorce horas que duró la misma como abogado de la formación política, pese a que otro letrado, Alberto Durán, jefe del equipo jurídico del partido, estaba también presente. Según recogió el acta judicial levantado durante dicha diligencia, Santos asistió a los momentos críticos de la misma: la recogida de más de 5.000 folios de documentación en papel relacionados con las obras de reforma bajo sospecha del edificio y el 'volcado' de abundante material informático de los equipos informáticos del área económica de la formación.

Una duplicidad de funciones que es más llamativa, si cabe, por los estrechos lazos con el PP que tiene el prestigioso bufete al que pertenece, Baker & McKenzie. Este depacho, donde el exfiscal es el máximo responsable del área penal. tiene entre sus socios a Manuel Pizarro, exdiputado y antiguo responsable de economía del PP. Además, Manuel Pimentel, exministro de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar, también colabora como consultor en el área de laboral. Ni el partido ni el bufete quisieron confirmar a este diario tras el registro de Génova 13 si Jesús Santos seguiría representando legalmente a la formación política, aunque fuentes jurídicas destacan que el hecho de que sea el defensor del único dirigente en activo del partido imputado en la causa es "más que significativo". "El PP intentó personarse en la causa como acusación particular, pero el juez Ruz lo rechazó. Hasta que en octubre pudo entrar tras la imputación de su gerente en Castilla-La Mancha, la cúpula de Génova 13 había estado ciega, sorda y muda. Ahora tiene ojos, oídos y voz, aunque sea de modo indirecto", recalcan.

Fuera del caso Bárcenas y de Gürtel

Un cambio sustancial vista la situación que vivió el PP durante seis meses. En concreto, desde que el 4 de abril del pasado año, el juez Pablo Ruz rechazase la personación del partido como acusación en el 'caso Bárcenas'. El magistrado destacaba en el auto en el que hacía firme su decisión que la presencia de la formación en la causa era "incompatible con el propio objeto de la investigación, en la que se podría derivar la responsabilidad civil del propio PP". La maniobra incluso aceleró su exclusión del 'caso Gürtel'. Sólo 22 días después, el juez Ruz hacía público otro escrito que dejaba al PP fuera del caso de corrupción como acusación popular al considerar que durante el procedimiento había defendido la inocencia de Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias; y el exdiputado Jesús Merino, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destacaba que no era "congruente"con las funciones de la acusación popular que la formación decía ejercer.

Cuanbo Bárcenas y Lapuerta sustituyeron los abogados que les pagaba Génova, el PP perdió su principal vía de defensa en Gürtel y en el caso de los 'papeles'

Fue la puntilla para un partido que, además, vio cómo poco a poco sus otros 'ojos' dentro de la causa también le abandonaban. Poco después de la entrada en prisión del extesorero, Luis Bárcenas y su esposa renunciaban a los abogados que hasta entonces les había defendido, y que eran pagados por la propia formación, para dejar su defensa en manos de los abogados Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado. El otro extesorero de la formación, Álvaro Lapuerta, también decidía dar un giro a su defensa y ponía su representación legal en manos de un letrado distinto al que en un primer momento le había puesta Génova 13, el cual se había visto envuelto en un supuesto episodio de coaciones a Bárcenas en prisión. Finalmente, el tercer exmiembro del equipo económico imputado, Cristobal Páez, se había mantenido alejado de la formación desde mucho antes de su imputación y, por tanto, fuera de la 'órbita' de influencia y control del partido como para contar con su colaboración.

De este modo, la imputación de José Ángel Cañasel pasado 11 de octubre abrió la posibilidad de que el PP pudiera volver a estar presente en la causa y no tener que enterarse 'por la prensa' de los avances de una investigación que estaba zarandeando a la formación y sus dirigentes en las portadas de todos los diarios. Cuatro días después, el exfiscal de la Audiencia Nacional presentaba el escrito por el que informaba al juez Ruz de que iba a asumir la representación del dirigente castellano manchego. Finalmente, el 25 de octubre una providencia de Ruz aceptaba su personación y el abogado de Baker & McKenzie tenía acceso al sumario y a participar en los interrogatorios. En el último de ello, el del pasado 5 de febrero, se produjo el incidente con el testigo. Un incidente del que, insisten fuentes jurídicas, el magistrado "tomó nota".