OPERACIÓN EMPERADOR

El 'caso Gao Ping' quedará en manos del juez que rechazó investigarlo en 2010

Ismael Moreno no admitió hace cuatro años la querella de la Fiscalía que permitió abrir el sumario sobre la mafia china que ha instruido su compañero Fernando Andreu. La inhibición de éste le aboca a encargarse ahora de la causa.

Imagen de archivo del juez Ismael Moreno.
Imagen de archivo del juez Ismael Moreno. EFE

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pide la imputación de diez policías, entre ellos tres comisarios y un inspector, ha provocado un auténtico terremoto en el aparentemente aletargado sumario de la 'Operación Emperador'. La presencia en la lista de agentes a los que el Ministerio Público acusa de hacer favores a la trama liderada por Gao Ping de un alto mando que mantiene una estrecha relación de amistad con el hasta ahora juez instructor, Fernando Andreu, ha llevado a éste a pedir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su inhibición. Lo paradójico es que de ser aceptada ésta -Anticorrupción ya ha anunciado que apoyará el relevo-, el tramo final de las pesquisas quedará en manos de su colega de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el juez al que curiosamente acudieron hace cuatro años Policía y Fiscalía para iniciar la investigación sobre la mafia china. Entonces, el magistrado rechazó hacerse cargo del sumario al considerar que los delitos que en él se investigaban no eran competencia de la Audiencia Nacional. Ahora, paradójicamente, muy posiblemente será el encargado de concluirlo.

El juez Moreno rechazó en marzo de 2010 iniciar una investigación sobre la mafia china al considerar que sus delitos no eran competencia de la Audiencia Nacional aunque parte se hubieran cometido en el extranjero

La primera relación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 con las pesquisas que desembocaron en la 'Operación Emperador' se produjo a principios de 2010, cuando Anticorrupción acudió ante él con una querella en la que denunciaba la existencia de una trama de blanqueo integrada por al menos 40 personas, en su mayoría ciudadanos de origen chino. Según detallaba el Ministerio Público en aquel escrito, el dinero que los sospechosos obtenían de “las actividades delictivas ejecutadas en España” era posteriormente llevado físicamente o transferido por diversos canales financieros a China, “donde se invierte en fábricas e inmuebles”. La Fiscalía consideraba, por tanto, que el delito de 'lavado' se iniciaba en nuestro país “con el ingreso en entidades bancarias” de los beneficios fraudulentos y se culminaba en el gigante asiático, por lo que era cometido en dos países distintos y, por tanto, competencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el juez Moreno dictó un auto el 11 de marzo de 2010 en el que rechazaba admitir a trámite la querella “por falta de competencia” de ese órgano judicial. El magistrado alegaba que el delito de blanqueo se producía prácticamente en su totalidad en España, donde la Fiscalía reconocía que la trama también compraba inmuebles y obras de arte para lavar el dinero negro, y que las inversiones en China no eran más que la “fase de agotamiento del delito”. Por tanto, consideraba que la competencia era de un juzgado de instrucción ordinario. La decisión del Ministerio Público de recurrir esta decisión no varió la situación. El 8 de junio, los diecisiete magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaron un auto en el que daban la razón a su compañero Ismael Moreno: “Las operaciones de salida de capitales desde España con destino al extranjero no son competencia de la Audiencia Nacional”.

De juzgado en juzgado

Tras aquella negativa, la querella contra aquellos primeros 40 sospechosos comenzó un auténtico 'peregrinar' judicial. Así, en primer lugar cayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, al frente del cual se encontraba el magistrado José Emilio Coronado. Allí, el escrito de la Fiscalía tampoco tuvo demasiado éxito. El juez terminó archivando el caso. Policía y Ministerio Público decidieron entonces trasladar una parte de los indicios recogidos sobre la trama, los referidos a las actividades de la red en Fuenlabrada, a un juzgado de esta localidad del sur de Madrid donde se localizaba precisamente el epicentro de la supuesta red dirigida por clanes familiares chinos. En este caso, la magistrada al frente del mismo sí comenzó a instruir la causa, pero poco después tuvo que inhibirse. El juez Fernando Andreu reclamó a su compañera que le transfiriese el caso ya que por la información que obraba en su poder los hechos que se investigaban desbordaban el ámbito de competencia de este juzgado y, por lo tanto, correspondían a la Audiencia Nacional.

Tras el rechazo del Ismael Moreno a iniciar la investigación, las querella sobre la trama de Gao Ping pasó por otros dos juzgados antes de acabar en las manos de Andreu

A partir de ese momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 se hizo cargo de la investigación que finalmente desembocó en octubre de 2012 con una macrorredada en el que se realizaron cerca de un centenar de detenidos en España y otros países, la incautación de decenas de millones de euros en efectivo, así como 202 vehículos, centenares de cuentas bancarias, armas y joyas. Desde entonces, el juez ha seguido varias líneas de investigación que han llevado a comparecer ante él como imputados no sólo a los presuntos integrantes de la mafia china, sino también a la parte de la trama que se encargaba del blanqueo, y que estaba encabezada por ciudadanos de origen israelí, y a numerosos empresarios que utilizaron la estructura de la trama china para evadir dinero o traerlo desde paraísos fiscales sin declararlo a Hacienda.

Uno de los últimos flecos que quedaba era, precisamente, el de la supuesta implicación de funcionarios policiales en las actividades delictivas de la trama. Ya en la primera fase de la operación hacían caído un inspector y un guardia civil, pero el análsis en profundidad de la documentación incautada ha permitido a los responsables de las pesquisas elaborar un informe en el que se señala a una decena de agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía local de Fuenlabrada como presuntos receptores de regalos a cambio de supuestos favores a la organización de Gao Ping. Con ese informe en la mano es con el que la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado viernes el escrito en el que solicitaba la imputación de todos ellos y que ha terminado por provocar la decisión de Andreu de inhibirse en la investigación de la causa.

De inspector de policía a juez

El colega que le sustituirá no es, sin embargo, un novato. Inspector de Policía durante nueve años, Ismael Moreno dio el paso a la judicatura y, en febrero de 1988, desembarcó en la Audiencia Nacional como titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, donde aún permanece. En estos 26 años ha tenido la rara habilidad de permanecer alejado del foco mediático que ha perseguido a otros compañeros como Baltasar Garzón. Instructor de numerosas causas de narcotráfico y terrorismo, su primer gran caso fue el de Sogecable, que derivó finalmente en la expulsión del entonces compañero de toga Javier Gómez de Liaño. También se ha encargado de los polémicos vuelos de Guantánamo, de las violaciones de derechos humanos en China (ahora en entredicho por la reforma del Gobierno sobre la Justicia universal), de las irregularidades cometidas por los directivos de Novacaixagalicia y de tomar declaración a los verificadores internacionales que se reunieron con ETA para una entrega simbólica de armas.

En enero de 2012, el juez Moreno no admitió instruir el 'caso Urdangarín' con un argumento similar: los delitos de los que se acusa al yerno del rey no eran competencia de la Audiencia Nacional

La investigación del caso Gao Ping no ha sido, sin embargo, el único sumario que el juez Moreno ha rechazado investigar. En enero de 2012, se negó a asumir la competencia del 'caso Nóos', en la que ya estaba imputado Iñaki Urdangarin. Uno de los imputados, el presidente balear Jaume Matas, había presentado varios escritos solicitando que las pesquisas que afectaban al yerno del Rey pasasen de los juzgados de Palma a la Audiencia Nacional. El magistrado lo rechazó con un auto en el que destacaba que el presunto desvío de fondos públicos por parte del duque de Palma y su socio no era "significativo, impactante ni tiene la entidad y significación suficiente para conmover la confianza de la seguridad del tráfico mercantil o alterar el normal desarrollo de la economía nacional" y que, por tanto, no era competencia de la Audiencia Nacional. Un argumento similar al que le llevó a rechazar en 2010 la investigación sobre la mafia china que muy posiblemente ahora tendrá que concluir.


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