El juez de Púnica cerca al PP: pide datos del partido en Murcia y Cartagena

El 'caso Púnica' tiene otro foco de sospecha sobre la gestión del PP. El último auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, desvela que el pasado 30 de marzo requirió documentos a la Agencia Tributaria y a dos administraciones vinculadas al Partido Popular, el Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Educación de Murcia, así como al propio partido en Murcia y en Cartagena en el marco de las investigaciones de la trama. Así se desprende de un auto dictado este viernes por el magistrado, en el que se explica que los detalles de dichas peticiones de información se van a hacer públicos en las próximas fechas.

En el documento, el juez recalca que se solicitó documentación sobre la gestión del actual presidente de la Región e Murcia, Pedro Antonio Sánchez, durante su etapa al frente de la Consejería de Educación de la Comunidad, así como de la gestión del partido en el Ayuntamiento de Cartagena bajo el mandato de Pilar Barreiro, senadora popular hasta el pasado día 2 de mayo. Además, en el marco de la investigación de Púnica, está imputado el exconsejero de Industria y Turismo de la región, José Carlos Ruiz López, por un supuesto desvío de fondos para el pago de trabajos de imagen a miembros del ejecutivo autonómico que se camuflaban con facturas falsas, en concreto, de contratación de publicidad de los diarios 'zombies' de la trama corrupta.

En el marco de la investigación, también está imputado el exconsejero de Industria de la región, José Carlos Ruiz, por un supuesto desvío de fondos públicos

En Murcia, hasta ahora el juez investigaba en una pieza separada un contrato firmado con Madiva Editorial que, sobre el papel, tenía como objetivo la promoción turística de Murcia en el mercado británico y cuyo importe ascendía a 24.000 euros. El magistrado consideraba que no sólo se eludió la normativa en materia de contratación pública (se simuló la concurrencia de varias empresas que, en realidad, eran todas del entorno del 'conseguidor'), sino que también sirvieron presuntamente para desviar fondos a hacer trabajos de reputación 'online' en favor del imputado exconsejero José Carlos Ruiz López. Además de éste, en esta pieza también están encausados la que fuera directora del Instituto de Fomento (INFO), Reyes Samper; la directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez; su secretario general, Jesús Galindo; el jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura; y el segundo 'conseguidor' de la trama, el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa. De las tres piezas a punto de ser concluidas, es la que previsiblemente siente a más personas en el banquillo de los acusados.

Además, hace casi un año, en junio de 2015, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron al consistorio de Cartagena para reclamar los expedientes de todos los contratos adjudicados por éste a EICO Online Reputation Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, la empresas del conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, dentro de la segunda fase de la Operación Púnica, que centró las sospechas sobre la entonces alcaldesa en funciones de la localidad, Pilar Barreiro Álvarez, sobre la que hace un mes y medio el juez Velasco volvió a requerir documentación que esclareciese su papel dentro de los hechos investigados.