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El Poder Judicial niega a Castro el permiso para acabar el caso Palma Arena como juez emérito

La comisión permanente del CGPJ comparte el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que concluyó que la continuidad en la instrucción de un juez jubilado en calidad de magistrado emérito "no se adecúa" a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El juez José Castro a la salida de los juzgados de Palma.
El juez José Castro a la salida de los juzgados de Palma. GTRES

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este martes la solicitud del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, para seguir una vez jubilado con la instrucción del caso Palma Arena. Dicha jubilación está prevista para el próximo mes de diciembre, cuando el magistrado cumple 70 años.

Los cinco vocales de la Permanente han tomado conocimiento del acuerdo adoptado el pasado 18 de febrero por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que considera que la petición de Castro no se adecua "a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y por el Reglamento de la Carrera Judicial. La Comisión Permanente comparte este criterio, por lo que ha dictaminado que "no resulta procedente" el nombramiento solicitado. La decisión puede recurrirse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, han informado fuentes de este órgano.

Castro no cumple los requisitos para seguir ejerciendo como emérito porque ello sólo está previsto para órganos colegiados y el juez condiciona su permanencia a un caso concreto

Castro no cumple los requisitos para seguir ejerciendo como emérito -una vez jubilado como juez- porque ello sólo está previsto para órganos colegiados, y uno para un juzgado unipersonal como el suyo. Además, la petición del magistrado del caso Nóos se rechaza porque el juez condiciona su permanencia a un caso concreto como son las diferentes piezas que han ido saliendo de la investigación inicial de irregularidades en las obras del Palma Arena. Esta decisión de seguir con un caso, en caso de poder quedarse, no le correspondería a él, sino al TSJIB.

El mismo TSJIB reconocía en su dictamen que pese a que la prolongación de funciones a Castro "posibilitaría la continuidad de las investigaciones a cargo de quien ya ha venido conociendo" de estas pesquisas, en relación con el caso Palma Arena, lo cierto es que la normativa contempla la prórroga exclusivamente "para formar Sala" como magistrado suplente en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales. La pretensión de Castro pasa por proseguir y concluir la instrucción del caso Palma Arena, cuya complejidad ha derivado en la apertura de hasta 28 piezas separadas, de las que 19 aún se encuentran en fase de instrucción.

El juez Castro ampara su petición en el artículo 200.4 de la LOPJ, que establece que los miembros de la Carrera Judicial jubilados por edad que sean nombrados para continuar en su puesto tendrán la consideración y tratamiento de magistrados eméritos, una situación en la que podrán permanecer hasta los 75 años con el tratamiento retributivo de los magistrados suplentes.

Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945) es el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares y está situado en el puesto 216 del escalafón de la carrera judicial por razones de antigüedad.

Causas pendientes

Tras más de cuatro años volcado en la instrucción del caso Nóos, se encuentran pendientes de finalizar 19 de la totalidad de piezas en que fue desgajado el caso Palma Arena, centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Jaume Matas.

Así, uno de los flecos que Castro pretende concluir es el caso Over, considerado la ramificación de la trama Gürtel en Baleares, que centra sus investigaciones en las adjudicaciones supuestamente irregulares con las que fue favorecida Over Marketing y en el hecho de que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, por lo que se indaga si se produjo una financiación ilegal del partido.

La última pieza abierta por Castro, la número 28, fue incoada a principios de febrero para investigar la compra y reforma de la sede del PP, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas (2003-2007).


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