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Anulada la fianza de 29 millones que Alaya impuso a Magdalena Álvarez

La Audiencia de Sevilla ha dictado este viernes un auto en el que anula la fianza civil de 29.568.129 euros que la juez Mercedes Alaya impuso en marzo de 2014 a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE de Andalucía.

Magdalena Álvarez cuando era ministra
Magdalena Álvarez cuando era ministra Gtres

La Audiencia de Sevilla ha dictado este viernes un auto en el que anula la fianza civil de 29.568.129 euros que la juez Mercedes Alaya impuso en marzo de 2014 a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE de Andalucía.

Álvarez, que dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por su imputación en el caso, recurrió la fianza, que Alaya impuso por considerarla una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década.

En un auto de la sección séptima de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, se justifica la revocación de la fianza porque "no cabe decir que la instrucción haya avanzado lo suficiente como para entender necesaria y exigible" la medida adoptada por la juez.

La Fiscalía se adhirió a la petición de la defensa de la exministra y la Audiencia señala que no cabe recurso alguno contra la decisión adoptada respecto a la fianza ahora revocada. En su auto, la Audiencia deja sin efecto las medidas que para cumplir la fianza haya podido adoptar el juzgado de Alaya, entre ellas el embargo en mayo de seis inmuebles y cinco cuentas bancarias de la exconsejera.

La Audiencia también subraya que "la compleja instrucción" sobre el caso "no solo apenas ha comenzado, sino que, además, se ha cortado o interrumpido (al menos, en cuanto a ese concreto objeto fáctico) al trasladarse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por razón de aforamiento de varios supuestos partícipes". Añade la Audiencia que "prácticamente está por practicar una muy importante parte, al menos, de las diligencias instructoras de naturaleza personal".

El auto recuerda que el Supremo es "el órgano máximo de la cúspide jurisdiccional ordinaria, a quien obviamente no le puede resultar ajena una medida cautelar real" como la fianza que Alaya impuso a Álvarez, y que, si asume la competencia del caso, será el que tendría que adoptarla.

La juez impuso la fianza a la exministra tras calcular esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía desde 1994 hasta febrero de 2004.

Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011, y señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.

La fianza tenía como finalidad, según la juez, la devolución "en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta". 


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