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Alaya descarta que los ERE de Andalucía se originaran en la aprobación de presupuestos de la Junta

El informe emitido por la instructora indica que “fue la fase de elaboración de los presupuestos y no la fase de aprobación, el origen del problema”.

La juez Mercedes Alaya ha concluido que "la lógica y sobre todo el respeto al ordenamiento jurídico conduce a pensar" que el origen del "problema" de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares estuvo en la fase de elaboración de los presupuestos y no en la fase de aprobación por parte del Parlamento andaluz.

Así se expresa la magistrada en un informe elaborado en respuesta a la queja que el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, elevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación a los dos autos en los que la juez instaba a la Intervención General del Estado a indagar sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda -actual Comisión de Hacienda y Administración Pública- "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General", según informa Europa Press.

En su informe, la instructora dice que el auto de 3 de marzo donde hacía dicha petición a la Intervención del Estado "viene motivado por la solicitud de una representación procesal sobre el papel desempeñado por parte de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con la aprobación del Presupuesto Anual, pues forma parte de las tesis que sostienen las defensas que el Parlamento sabía al aprobar el Presupuesto que las transferencias de financiación aIFA/IDEA no se iban a destinar a su finalidad legal sino a conceder subvenciones".

El objetivo de este auto, según abunda la juez, era "concluir de manera más definitiva, con independencia de la inviolabilidad parlamentaria, sobre la ausencia en su caso de datos objetivos de los que pudiera desprenderse el conocimiento del Parlamento sobre el uso, al margen del derecho, al que iba a destinarse el crédito anual aprobado en la Consejería de Empleo relativo a las transferencias de financiación a IFA/IDEA".

"Se pretendía conocer, no solo conceptualmente la esfera de actividad de la citada comisión en dicha tarea anual, sino en la práctica en qué se traducía dicha actividad", añade la juez, algo que "era de evidente interés, no sólo para aquilatar los hechos indiciarios que se extraen de la presente investigación, sino para desvirtuar en su caso la hipótesis dialéctica de las defensas, que para lograr su exculpación se apoyan en el supuesto conocimiento del Parlamento", según el informe.

La juez subraya que "en modo alguno pues, con dicho auto, se pretendíaderivar responsabilidad hacia el Parlamento, ni hacia ningún parlamentario en concreto", sino "tan sólo conocer con exactitud el ámbito de análisis que sobre el Presupuesto Anual ejercía la citada Comisión parlamentaria". "No se desconoce que las comisiones son también Parlamento, pero como bien se dice en el escrito de queja, son reuniones restringidas para analizar más en profundidad determinados asuntos, y era esa profundidad la que se pretendía conocer", añade.

“Fue la fase de elaboración de los presupuestos y no la fase de aprobación, el origen del problema”

"Falsear"

En cualquier caso, "la lógica y sobre todo el respeto al ordenamiento jurídico, nos conduce a pensar que fue la fase de elaboración de los presupuestos y no la fase de aprobación, el origen del problema", y ello porque "ya se puso de manifiesto por parte de la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización que el origen del uso ilícito de las transferencias de financiación por parte de Empleo para la concesión de subvenciones sociolaborales fue la inadecuada presupuestación de dicho crédito en la Ley de Presupuestos".

Esto "permitió desde 2002 hasta 2009 este uso indiciariamente arbitrario de fondos públicos", dice la instructora, quien agrega que "esto mismo ha sido reiteradamente expuesto en el informe pericial obrante en la causa, del que se deduce que para que esta irregular presupuestación de las transferencias de financiación fuera posible en el Presupuesto de la Consejería de Empleo, hubo que falsear indiciariamente el presupuesto de IFA/IDEA".

Tras aseverar que en la elaboración de los Presupuestos de Empleo y de IFA/IDEA "se utilizó un lenguaje oscuro, ambiguo, difuso, con expresiones equívocas", la juez cree que el Parlamento "desconocía" que "se había falseado el Presupuesto de IFA/IDEA con pérdidas ficticias, para a su vez permitir a la Consejería de Empleo la aprobación del crédito presupuestario relativo a las transferencias", así como que estas "se iban a utilizar, no para enjugar pérdidas que no existían, sino para conceder subvenciones sin crédito presupuestario adecuado y suficiente".

"Todo lo anterior se ha expuesto con reiteración en numerosas resoluciones de este juzgado, por lo que en modo alguno cabe pensar que desde esta sede judicial se esté siquiera apuntando la responsabilidad del Parlamento", no obstante lo cual "no puede evitarse que en virtud del principio de contradicción y de paridad de armas, las defensas traten de sostener sus argumentos en la hipótesis de dicha responsabilidad". "La obligación de este Juzgado es compatibilizar el derecho a la tutela judicial efectiva con una investigación pertinente, adecuada y centrada en la realidad de los hechos", apostilla.

No busca "responsabilidad" en el parlamento

Además, "no deja de ser una opinión personal que al presidente del Parlamento le parezca improcedente la pericial ordenada", pero el Juzgado "es el único que puede ordenar las pruebas que se estimen pertinentes para la investigación". "Lejos de pretender buscar responsabilidad en el Parlamento, lo que se pretende en virtud de los lógicos argumentos de las defensas, que sí apuntan hacia dicha responsabilidad, es eliminar con las pruebas ordenadas cualquier sombra de duda en dicha labor legislativa, la cual por otro lado merece el mismo respeto que esta labor judicial".

El contenido de este informe se ha conocido ahora porque la juez ha dado traslado a las partes tanto de éste como de la queja presentada por el presidente del Parlamento, la nota de los servicios jurídicos de la Cámara que sirvió de apoyo jurídico a la queja y de la resolución del CGPJ "que puso fin" a la misma.


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