OPERACIÓN BARRADO

Alaya detiene a dos delegados de la Junta y 11 ex altos cargos por el fraude en formación

La juez investiga las irregularidades en el reparto de subvenciones millonarias entre 2002 y 2012. Hay otros tres arrestados de dos consorcios públicos de Málaga y Huelva. También han sido imputadas un número no determinado de personas.

La juez Mercedes Alaya
La juez Mercedes Alaya Gtres

Nuevo golpe al fraude masivo. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha puesto en marcha a primera hora de la mañana la 'Operación Barrado' contra el fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. Entre los 16 detenidos por la Guardia Civil hay dos delegados de Empleo del gobierno autonómico y otros 11 ex altos cargos, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. Se trata de cuatro ex directores generales de Formación y nueve directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que ocuparon dichos cargos entre 2002 y 2012, el periodo ahora investigado. Dos de estos últimos, el de Huelva, Eduardo Muñoz García, y la de Sevilla, Aurora Cosano, seguían actualmente ocupando estos puestos. Además, han sido arrestados tres directivos de dos consorcios públicos de Mijas (Málaga)  y Almonte (Huelva) que impartían cursos. También hay un número no determinado de personas imputadas.

La investigación apunta a la existencia de falsificaciones en las certificaciones que permitían a las empresas cobrar las subvenciones de la Junta

Entre los arrestados también se encuentra la que fuera máxima responsable de Formación Profesional, Teresa Florido, cuñada del que fuera consejero de la Junta Ángel Ojeda Aviles,arrestado en agosto por la Policía en la 'Operación Óscar', por embolsarse de modo supuestamente irregular 48 millones de euros de los cursos para parados. Junto a ella están los también ex directores generales María José Lara, Manuel Brenes y Andrés Sánchez, y los ex delegados provinciales Antonio Rivas, también imputado en el caso de los ERE; Juan Carlos Lomeña, salpicado en la primera fase de la 'Operación Edu' desarrollada en Málaga; Antonio Fernández Ramírez, Juan Manuel Bouza, Marina MartínFrancisca Pérez, e Irene Sabalate.

La operación arrancó el pasado mes de mayo con un registro en la Dirección General de Formación en Sevilla. De la documentación intervenida entonces y de las declaraciones realizadas como testigos por algunos funcionarios, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abrió varias líneas de investigación que se vieron reforzadas por recientes informes de la Cámara de Cuentas andaluza y de las Intervenciones generales dependientes de la propia Junta en los que ya se apuntaba a la existencia de numerosas irregularidades. La principal, la supuesta falsificación de las certificaciones que permitían a las empresas que concurrían a los concursos para impartir los cursos seguir cobrando subvenciones a pesar de no haber cumplido con los requisitos de justificación de gastos en las anteriores convocatorias.

Según las fuentes consultadas por este diario, la ley permitía excepcionalmente obviar este requisito, algo que presuntamente aprovecharon los ahora detenidos para extenderlo a la mayor parte de las adjudicaciones de modo irregular. De hecho, en algunos casos las certificaciones tenían graves carencias o, directamente, estaban mal hechas, pese a lo cual los ex altos cargos y delegados ahora arrestados les daban el visto bueno. La investigación apunta, además, a que el control de la Junta sobre dicho dinero era prácticamente nulo, lo que explica que las irregularidades se extendieran durante al menos once años, que son los que ahora analiza la juez Alaya.

"Entramados empresariales"

La causa está secreta desde el pasado 20 de enero, cuando la magistrada dictó esta medida ante la "gravedad" del fraude que detectó en los consorcios y los "entramados empresariales" del sector de formación. La juez destacaba ya entonces la existencia de dichas tramas " algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla que se ha convertido en el principal testigo de Alaya en esta causa. Aquel auto de la juez ya apunta a la implicación de altos cargos de la Administración autonómica al destacar que "personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos" de ésta. 

La instructora también aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", una línea de investigación que también fue declarada secreta. Precisamente, una parte de la operación de este lunes va dirigida a dos de estos organismos: el Consorcio de Formación Integral de Industrial del Ocio (CIOMIJAS), de la ciudad malagueña de Mijas, y el Consorcio Centro Andaluz de Formación Profesional para el Desarrollo Sostenible (Formades), de Almonte (Huelva). Tres de los detenidos están relacionados con los mismos. Dos son los exdirectores gerentes de los mismos y la tercera la presidenta de UTE que gestionaba la primera.


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