El pacto judicial entre PP y PSOE provoca una oleada de rechazos y rebeliones

Ruiz-Gallardón se mostró muy ufano con el resplado político logrado para su reforma del CGPJ. El acuerdo con la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias, en especial el PSOE, sacó adelante una iniciativa diametralmente contraria al lo prometido en el programa del PP y lo defendido por el propio ministro de Justicia hace apenas dos años. No han sido, finalmente, los profesionales de la judicatura quienes elegirían a su órgano de gobierno. Todo seguiría como hasta ahora. Reparto de sillas entre las dos principales fuerzas parlamentarias y la "pedrea" para los grupos menores, PNV, CiU e IU. Y ¿todos contentos?

"Tenemos que acabar con la politización de la Justicia que perciben todos los españoles", declaró Gallardón a principios de 2012, cuando presentó su primera reforma del Consejo. Aquel discurso quedó en nada. El Gobierno del PP se olvidó de sus promesas, de su programa y de su electorado. Y el PSOE se sumó alegremente al reparto. Finalmente, el poder Judicial seguiría controlado y dirigido desde el poder Ejecutivo y el Legislativo.

Gallardón ha justificado ahora su clamoroso paso atrás en el apoyo recibido tanto en el Parlamento como en los avales que han presentado las candidaturas de los jueces. Cierto lo primero pero falso lo segundo, puesto que alguos de los candidatos con más apoyos entre sus compañeros juees se han quedado fuera, como es el caso de Rocío Pérez, magistrada de la Audiencia de Madrid.

JUECES CONSERVADORES.- El ministro Gallardón ha castigado a la asociación mayoritaria de la profesión, la APM, de orientación conservadora y con quién rompió relaciones en el curso de la tramitación de la reforma. Los vocales sugeridos por el PP por el cupo judicial, al margen de Fernando Grande-Marlaska, son miembros de esta asociación pero se presentaron por libre, sin recibir ni recabar los avales de sus compañeros. También la asociación conservadora Francisco de Vitoria ha denunciado la nueva reforma en términos muy duros y ha rechazado participar en la elección de vocales para el Consejo.

FISCALES.- Otro movimiento de rechazo al proyecto gubernamental es el de la familia fiscal ya que por primera vez ningún mimebro de la carrera ha accedido a un solo puesto en el máximo órgano de dirección de la magistratura. Pese a que son precisamente fiscales los dos negociaciadores del apaño, Gallardón por el Gobierno y Camacho por parte del PSOE, no han tenido a bien acoger en la nueva estructura judicial a ninguno de sus compañeros, lo que ha provocado una reacción de malestar y sorpresa.

UPyD.- En el arco parlamentario, la voz más crítica con el acuerdo ha sido la de Rosa Díez, presidenta de UPyD, quien tachó de "absolutamente vergonzoso" el enjuague parlamentario y acusó a los firmantes de "burlarse del sistema parlamentario tras repartirse la tarta de los puestos del Consejo". Díez anunció que va a presentar recurso ante el Constitucional contra esta iniciativa por considerarla "indecente".

TOMAS GOMEZ.- El jefe de filas de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, también se ha rebotado con el pacto judicial, aunque por motivos diferentes. No lo ha hecho con Gallardón, sino con su secretario general, con Rubalcaba, a quien considera responsable de no haber impedido la designación de Francisco Martínez Tristán por las filas del PP. La sala de los Contencioso Administrativo que preside este juez se ha hecho cargo de los recursos contra la privatización de la gestión de seis hospitales madrileños. La reacción de Gómez contra Ferraz ha sido furibunda y este jueves, horas antes de que el Senado procediera a validar los nombramientos del Consejo, anunció que renunciaba su escaño en la Cámara Alta. Camufló su enojo contra Rubalcaba con un ataque al PP por su "desmantelamiento" de la sanidad madrileña. Otro pulso de Gómez a Rubalcaba. Ahora, los socialistas madrileños tendrán que designar un sustituto que ocupe la vacante de Gómez en el Senado.