'CASO ABOGADOS'

Un juez de Melilla tumba la coartada que Imbroda esgrimió al declarar como imputado ante el Supremo

Un auto del 'caso Abogados' destaca la ausencia de informes previos de la Intervención sobre el pago al bufete contratado por orden del presidente autonómico. El dirigente del PP alegó ante el alto tribunal que actuó avalado por este órgano fiscalizador.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en su escaño del Senado.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en su escaño del Senado. EFE

Nuevo varapalo judicial al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, a poco más de un mes para las elecciones. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad, Emilio Lamo de Espinosa, ha dictado un auto en el llamado 'caso Abogados' en el que, además de imputar al actual 'número 2' en el Gobierno autónomo, Miguel Marín, echa por tierra la principal coartada que el dirigente 'popular' esgrimió el pasado 11 de marzo en su declaración como imputado ante el Tribunal Supremo en esta misma causa. En su escrito, el magistrado no sólo reafirma los argumentos que le llevaron a enviar al Alto Tribunal una exposición razonada con los indicios que ya había encontrado en el transcurso de la investigación contra Imbroda para que actuara contra él en su condición de aforado, sino que asegura que los supuestos informes de la Intervención que éste alegó haber seguido para autorizar los pagos bajo sospecha a un bufete fueron elaborados fuera de plazo.

El juez asegura en un auto que los informes de la Intervención que Imbroda aseguró haber seguido en la contratación de abogado se hicieron fuera de plazo

El auto, fechado el pasado lunes y al que ha tenido acceso Vozpópuli, destaca que tras el análisis de la documentación reclamada al Gobierno autónomo y los informes emitidos por la Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) se mantienen los indicios de que el presidente melillese ha incurrido en el delito de prevaricación por la contratación sin concurso en 2001 de un abogado externo para llevar varios juicios de despido y al que pagó 357.000 euros de fondos públicos. El escrito judicial insiste en que la decisión la adoptó "de manera directa" el propio Imbroda "sin observar ninguno de los requisitos exigidos" por la Ley de Contratos de la Administración pública y recalca que también fue el máximo dirigente melillense quien autorizó que se pagara a dicho letrado con cargo al erario público "diversas sumas de dinero en concepto de provisión de fondos y minutas mediante Decreto de pago de la Presidencia" pese a que "carecía de competencia para ello".

Cuando el pasado 11 de marzo Imbroda acudió a declarar como aforado ante el Supremo (además de presidente de la ciudad autónoma es Senador del PP), esgrimió que su actuación contó con el respaldo de los informes de la Intervención local. "En ningún momento tuve una advertencia de ilegalidad", recalcó ante los periodistas al abandonar la madrileña sede del Alto Tribunal el que ya entonces había sido confirmado por el PP como cabeza de lista en las elecciones del próximo 24 de mayo. Incluso, entregó informes tanto del ese órgano de control como del secretario general de la Ciudad en los que éstos supuestamente se asegura que no actuó en contra de sus consejos. "Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no tengo ningún tinglado raro”, remachó ante la prensa.

Gasto sin control posterior

Sin embargo, el auto del pasado lunes del juez Lamo de Espinosa echa por tierra dicha línea de defensa ya que asegura que dichos informes de la Intervención fueron elaborados fuera de plazo y de manera incompleta. "Los distintos expedientes de gasto se sometieron por primera vez al control de la Intervención en el momento del pago material, produciéndose una omisión de la preceptiva fiscalización previa, sin que se llegara a emitir un informe por omisión de la función interventora", asegura el magistrado. Además, recalca que tampoco se hizo "una fiscalización a posterior y plena", tal y como exige la ley.

El auto recalca que fue Imbroda "de manera directa" y "sin observa ninguno de los requisitos exigidos" quien decidió contratar al abogado externo

En este sentido, el juez recuerda que cuando pidió esta última documentación al interventor de Melilla, en mayo de 2014, este reconoció que "en sus archivos no consta la existencia de ninguna documentación al respecto relativa a ninguno de los ejercicios objeto de análisis". Por todo ello, el magistrado ordena ahora librar un mandamiento dirigido al Ejecutivo de la Ciudad Autónoma para que en el pazo de dos días hábiles le aporte "una relación completa de los funcionarios que han trabajado en la Intervención de la Ciudad en el periodo 2001-2011 a fin de clarificar el régimen de funcionamiento de dicho departamento". El juez quiere que se le indique no sólo su identidad completa sino también "la función concreta que desempeñó" cada uno de ellos. También reclama "el listado completo de los interventores" en el mismo periodo.

El magistrado, que recuerda que recibió indicación expresa del Tribunal Supremo de continuar la instrucción de la causa contra el resto de personas que surgieran en la investigación y no fueran aforadas, imputa a seis personas más en la causa. Se trata, en concreto, de los que cuando se produjo la contratación bajo sospecha, 2001, eran responsables de las Consejerías de Administraciones Públicas, Recursos Humanos y Medio Ambiente, Miguel Marín, Inés Urdiales y Rafael Hernández, así como de dos funcionarios de estas áreas y del abogado que fue contratado, Juan Jesús Olivares. A todos ellos les imputa un presunto delito de prevaricación o de complicidad en la comisión del mismo. Están llamados a declarar el próximo 8 de mayo, poco antes del inicio de la campaña electoral.

EL 'RECORD' DEL GOBIERNO DE MELILLA

Con poca trascendencia a nivel nacional, lo cierto es que la Ciudad Autónoma de Melilla se ha visto envuelta en los últimos años en un sinfín de escándalos de corrupción que han hecho que su Ejecutivo tengan en estos momentos el dudoso honor de ser el que más imputados tiene entre sus integrantes: nada menos que ocho de sus once miembros, entre ellos el propio Imbroda. Pese a ello, el líder del PP sigue insistiendo en que en la gestión de Melilla no hay corrupción, sólo "irregularidades administrativas". El último caso que les ha salpicado es la 'Operación Tosca' de la Guardia Civil, que el pasado febrero destapó la implicación de tres de ellos. Se trata, en concreto, del vicepresidente de Economía y Hacienda, Daniel Conesa Mínguez, y de los consejeros de Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente, Francisco Javier Calderón Carrillo y José Ángel Pérez Calabuig

Imbroda está encausado desde el pasado 13 de febrero por el 'caso Abogados'. En esta misma causa está siendo investigado uno de sus vicepresidentes, Miguel Marín, también imputado en el llamado 'caso Campo de Golf' y en otro por la supuesta contratación irregular de un arquitecto. También en el 'caso Abogados', aunque por otra pieza distinta, también ha sido implicada la consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonio Garbín Espigares. Por su parte, la consejera de Cultura y Festejos, Simi Chocrón Chocrón, lo está por la supuesta desaparición de 4.000 ejemplares de un libro editado entre 2009 y 2011 por el Gobierno de la ciudad autónoma bajo el título 'Melilla y su Judaísmo' que costó al erario público 70.000 euros. El octavo miembro del Ejecutivo de Imbora imputado es Antonio Miranda Montilla, responsable de Educación y Colectivos Sociales, a quien el pasado mes de octubre un juez melillense encausó en unas diligencias abiertas por las supuestas irregularidades detectadas en una convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles en 2007. Ocho de once.


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