OPERACIÓN TOSCA

Un trabajo, gasolina y viajes: las comisiones 'en diferido' de un consejero de Imbroda

La 'Operación Tosca' de la Guardia Civil destapa que diez adjudicatarias de contratos del departamento de Medio Ambiente de Melilla repostaban combustibles en la gasolinera de su titular, José Ángel Pérez Calabuig, mientras que otras gestionaban los viajes en la agencia de su mujer. Una hija fue contratada por dos de ellas tras ganar concursos.

Imbroda sale el 11 de marzo del Tribunal Supremo tras declarar como imputado por otro caso de corrupción.
Imbroda sale el 11 de marzo del Tribunal Supremo tras declarar como imputado por otro caso de corrupción. EFE

Las 'mórdidas' no siempre se cobran en metálico. La 'Operación Tosca' de la Guardia Civil, que se ha saldado con la imputación, entre otros, de tres consejeros del Gobierno en Melilla de Juan José Imbroda (PP) por el supuesto amaño de contratos públicos, ha destapado la peculiar forma para cobrar las supuestas comisiones que utilizaba uno de los integrantes del Ejecutivo salpicados por el escándalo. Nada de dinero en metálico, de transferencias a cuentas en el extranjero o de sobres bajo la mesa. Un exhaustivo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que José Ángel Pérez Calabuig, consejero de Medio Ambiente, supuestamente recibió de las empresas a las que favorecía con adjudicaciones pagos 'en diferido'. Al menos dos de las mercantiles dieron un puesto de trabajo a su hija, mientras que otras diez hicieron que sus vehículos repostasen combustible en la gasolinera propiedad del político o contrataran los viajes de sus empleados a través de la agencia que regentaba la mujer de éste. Los agentes cifran en cientos de miles de euros el dinero recibido por estas vías indirectas. Mientras Imbroda, que recientemente declaró como imputado en el Tribunal Supremo por otro caso de corrupción de su Ejecutivo, sigue negando la existencia de ésta y hablando de simples "errores administrativos", el juzgado acusa a su estrecho colaborador de los delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y cohecho.

El consejero de Medio Ambiente de Melilla está imputado por los delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y cohecho

El informe de la UCO sobre Pérez Calabuig forma parte deun amplio análisis que los investigadores realizaron sobre los principales implicados en la trama desmantelada en la 'Operación Tosca' poco antes de proceder a la detención o imputación de 35 personas el pasado 17 de febrero. El documento, que obra en el sumario y al que ha tenido acceso Vozpópuli, se centra en las supuestas irregularidades cometidas por Pérez Calabuig y otros altos cargos del gobierno de la ciudad autónoma para adjudicar en 2007 a la empresa Hispanagua SA, filial de la sociedad pública madrileña Canal de Isabel II, un contrato para el "mantenimiento de redes y acometidas de agua potable y saneamiento de aguas residuales" en el que se invirtieron finalmente 4,2 millones de euros de las arcas públicas. Según la investigación, el consejero y los otros implicados presuntamente rechazaron "ofertas económicas más ventajosas" de varias empresas que concurrían a la licitación para favorecer de modo irregular a Hispanagua SA. Pérez Calabuig, que en el momento en que sucedieron los hechos era director general de Gestión Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y desde julio de 2011 hasta hoy es miembro del Gobierno de Imbroda al frente de este departamento, vio cómo a partir de entonces sus negocios particulares eran elegidos por Hispanagua de modo sospechoso, según recoge la Guardia Civil en su informe.

Así, el primer beneficio que supuestamente consiguió el consejero fue la contratación de su hija por parte de la empresa para la oficina que la compañía abrió el mismo año de la adjudicación en Melilla para gestionar el millonario contrato. "Fue la primera persona en ser contratada por parte de esta mercantil en la ciudad", destaca el documento policial. Durante el tiempo que estuvo en nómina, y que coincide con la vigencia de la adjudicación, esta familiar del consejero recibió un total de 44.115 euros de Hispanagua. "Es significativo que a partir del año 2009 y en años posteriores M.A.P.R. [hija de Pérez Calabuig] reciba percepciones del trabajo dimanantes de la mercantil Valoriza Agua SL, adjudicataria desde julio de 2009 del contrato de 'mantenimiento de redes' ejecutado hasta entonces por la sociedad Hispanagua SA", añaden los autores del informe. A continuación, éstos resaltan que ha habido otro miembro de la unidad familiar que también hizo negocio con dicha compañía coincidiendo con los tres años de vigencia de la adjudicación. Se trató de Ángela R.M., esposa de Pérez Calabuig, quien figuró como administradora solidaria y con un 30% de las acciones de la sociedad Promotora Melillense de Viajes SA. Entre 2007 y 2009, esta agencia recibió de la empresa adjudicataria 65.233 euros en concepto de ventas después de que ésta gestionara los desplazamientos de sus empleados a través de ella.

Gasolinera rentable

Sin embargo, la mayor fuente de beneficios ligados supuestamente a la adjudicación presuntamente irregular lo recibió el consejero del Ejecutivo de Imbroda a través de la sociedad Arquitectura e Ingeniería Melilla SA-ARQUIME, a través de la cuál explotaba una gasolinera situada en el puerto comercial de la ciudad autónoma. Pérez Calabuig apareció como administrador solidario de dicha compañía hasta 2003 y propietario del 50% de la misma hasta septiembre de 2009, pese a lo cual "ha mantenido capacidad de obrar sobre la misma", siempre según el informe de la UCO. Hispanagua realizó durante los tres años de adjudicación "prácticamente la totalidad del avituallamiento de combustible de sus vehículos en Melilla a través de Arquitectura e Ingeniería Melilla SL abonando por ello a esta última la cantidad total de 44.989 euros", destaca el documento policial. Por todo ello, los agentes concluyen que el consejero del Ejecutivo de la ciudad y su entorno familiar obtuvieron como "contraprestación " de la sociedad adjudicataria un total de 154.338 euros.

Las empresas adjudicatarias de contratos de Medio Ambiente repostaron combustible por más de 2 millones de euros en la gasolinera del Pérez Calabuig

A partir de aquí, la Guardia Civil va más allá y analiza otras posibles relaciones entre los concursos de la Consejería de Medio Ambiente y los ingresos de la estructura empresarial de Pérez Calabuig y su familia. Así, el documento de la UCO destaca que "la existencia de una relación causa-efecto, así como de una coincidencia temporal de un lado de la adjudicación y ejecución de servicios contratados por la Consejería de Medio Ambiente de la ciudad autónoma de Melilla y de otro las compras de las mercantiles adjudicatarias de estos servicios a Arquitectura e Ingeniería de Melilla SL". Así, desglosa los casos de otras ocho empresas, además de Hispanagua, que adquirieron sospechosamente el combustible a la gasolinera del político en el tiempo en el que estuvieron en vigor sus contratos con la Administración local. Una de ellas es Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC), que desde 2004 a 2012 adquirió combustible por 1,5 millones a la empresa del alto cargo. Precisamente en 2012 dejó de prestar el servicio de "limpieza viaria y recogida de residuos de Melilla".

Los investigadores también han encontrado coincidencias similares, aunque de menor cuantía, en otras empresas. Así, Tratamientos Técnicos Aguas SA-Trataguas, gastó 25.466 euros en la gasolinera de Peréz Calabuig mientras estuvo en vigor su contrato. SA Depuración y Tratamientos-SADYT, otros 20.121 euros. Drace Medio Ambiente SA, 16.445 euros. Valoriza Aguas SL, la misma que dio un trabajo a la hija del político, 198.567 euros. Sondeos Toledo SL, 3.094 euros. La UTE Reciclados Melilla, 253.794 euros. Y Marcor Ebro SA Unipersonal, otros 10.704 euros. Con estos datos en la mesa, la Guardia Civil concluye que esta relación 'causa-efecto' entre la adjudicación y ejecución de los contratos públicos dependientes de la Consejería de Medio Ambiente se tradujeron entre los años 2004 y 2013 en "una inyección de fondos" de más de 2 millones de euros en las cuentas de la empresa del político. Un volumen que, destaca el documento policial, supuso "el 38,6% del total" de su facturación.

Clientes institucionales

Los beneficios de las empresas del consejero y su familia no se circunscribieron, sin embargo, al sector privado, según destaca la Guardia Civil. De hecho la propia ciudad autónoma de Melilla y sociedades públicas ligadas a ella también "han supuesto un importante aporte económico" a Pérez Calabuig y su entramado mercantil. Así, la agencia de viajes que regentaba su mujer facturó al gobierno de Imbroda más de un millón  de euros entre 2004 y 2009, "lo que supone el 71,62% del total" de sus ventas. Por su parte, la gasolinera familiar cargó a la sociedad pública Residuos Melilla SA 179.164 euros entre 2007 y 2013. El informe destaca que esta última empresa, participada en un 50% por la propia ciudad autónoma de Melilla, tiene como actividad el tratamiento de la basuras de la ciudad "materia incluida entre las competencias atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente [...] donde ha desempeñado y desempeña su función pública el investigado José Ángel Pérez Calabuig", resalta el documento policial.

El Gobierno de Melilla también contataba con las empresas del consejero: la agencia de viajes de su mujer le facturó más de un millón de euros, el 72% de sus ventas

Por último, los investigadores han analizado la participación del político en la sociedad Desarrollo Industrial del Norte de África SA-DEINASA y sus relaciones comerciales con Inarme Melilla, también participada por Pérez Calabuig. Según la Guardia Civil, de ambas compañías éste obtuvo en concepto de dividendos un total de 324.598 euros pese a la escasa actividad de ambas. De hecho, la única conocida por DENISA "durante toda su existencia" ha sido la compra a una tercera compañía de una finca en la que posteriormente se construyeron cuarenta naves industriales para su venta. Un 'pelotazo' bajo sospecha ya que, según detalla el informe, la finca albergaba una instalación de almacenaje y envasado de gas butano que fue trasladada al recinto porturario de Melilla en mayo de 2003, sólo tres meses antes de la compra de los terrenos por parte de la empresa del consejero. Éste, entonces, ya ocupaba un alto cargo en este departamento, encargado, precisamente, de "todo lo relacionado con las actividades llevadas a cabo en la citada planta de gas butano". Según fuentes cercanas a la investigación, una prueba más de que hubo algo más que los meros "errores administrativos" que alega Imbroda.


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