EL MAPA DE LA CORRUPCIÓN

El gobierno de Melilla bate records: Imbroda y siete de sus diez consejeros ya están imputados

La reciente 'Operación Tosca' de la Guardia Civil contra la corrupción ha añadido nuevos nombres a la lista de miembros del Ejecutivo de la ciudad autónoma encausados en diferentes sumarios. El 72% de sus integrantes ya tienen problemas con la Justicia.

Juan José Imbroca, presidente de Melilla, en una rueda de prensa la semana pasada.
Juan José Imbroca, presidente de Melilla, en una rueda de prensa la semana pasada. EFE

El pasado jueves, Melilla se despertaba con la noticia de que tres de los once integrantes del gobierno de la ciudad autónoma acababan de ser imputados por su supuesta implicación en la trama de corrupción desmantelada en la 'Operación Tosca' de la Guardia Civil. Se trataban, en concreto, del vicepresidente de Economía y Hacienda, Daniel Conesa Mínguez, y de los consejeros de Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente, Francisco Javier Calderón Carrillo y José Ángel Pérez Calabuig. Un suceso que, sin embargo, no pareció sorprender a sus habitantes, que en los últimos años han visto como los miembros de su Ejecutivo se enfrentan a un sinfín de problemas con la Justicia, empezando por su presidente, el 'popular' Juan José Imbroda. Según documentos judiciales manejados por este diario, en estos momentos el propio Imbroda y siete de sus consejeros están imputados en diversas causas. Los último cinco lo han sido recientemente: entre el 10 y el 18 de febrero pasados. De este modo, sólo tres miembros del Gobierno permanecen aún sin encausar. Pese a ello, el líder del PP sigue insistiendo en que en la gestión de Melilla no hay corrupción, sólo "irregularidades administrativas".

Entre el 10 al 18 de febrero pasado, la Justicia ha encausado a Imbroda y a cuatro de sus consejeros en tres sumarios diferentes

Y ello, quizá, porque él se encuentra entre los que han sido imputados recientemente. Fue el pasado 13 de febrero, sólo unos días antes de que saltase la 'Operación Tosca', cuando el Tribunal Supremo acordó abrir un proceso penal al presidente de la ciudad autónoma, que también es senador y, por tanto, aforado. El alto tribunal va a investigar si Imbroda incurrió en una prevaricación administrativa al contratar a dedo y al margen de todo procedimiento administrativo, a un letrado externo al que pagó 357.000 euros con fondos públicos. Es el conocido como 'caso Abogados'. De este modo, los magistrados del Supremo respaldan la exposición que elevó el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, quien, tras investigar una denuncia presentada por la Asociación Libre de Abogados de Melilla, apreció "sólidos" y "relevantes" indicios de que Imbroda había podido incurrir en prevaricación, malversación y fraude a la Administración. La resolución del alto tribunal, que contó con el criterio favorable de la Fiscalía, sólo menciona, sin embargo, el primero de los delitos.

Junto a Imbroda, también están encausados sus dos vicepresidentes. Uno de ellos, Daniel Conesa, responsable de Economía y Hacienda, acaba de verse salpicado por la 'Operación Tosca', en el que la Guardia Civil rastrea los contratos públicos que el Gobierno de la ciudad autónoma firmó en los últimos once años con tres empresas y en los que los agentes han detectado numerosas irregularidades. Según las investigaciones, dichas mercantiles obtuvieron adjudicaciones de la administración a cambio de 'favores' a los funcionarios y cargos públicos supuestamente implicados. Otros dos consejeros están también encausados en esta investigación, como adelantó Vozpópuli en exclusiva. Se trata de Francisco Javier Calderón Carrillo y José Ángel Pérez Calabuig, consejeros de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. El segundo ya se encontraba imputado desde octubre de 2013, cuando la Guardia Civil descubrió los primeros indicios de irregularidades en contratos en su departamento en la que entonces se llamó 'Operación Ópera', antesala de la actual 'Operación Tosca'.

Un campo de golf bajo sospecha 

El otro vicepresidente salpicado por los escándalos es Miguel Marín Cobos, quien ocupa la cartera de Fomento, Juventud y Deportes, y que anteriormente había sido consejero de Administraciones Públicas. El pasado 10 de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla, Miguel Ángel García Gutiérrez, le imputó junto a otras quince personas en el llamado 'caso Campo de Golf'. El magistrado le ha citado a declarar para el próximo 21 de abril al considerar que existen indicios de la comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en su actuación en la gestión del célebre campo de golf situado junto a la valla que separa la ciudad de Marruecos y a la que se encaraman los 'sin papeles' que quieren entrar en España. En su escrito, el magistrado detallaba hasta una docena de irregularidades supuestamente cometidas por el vicepresidente de Imbroda, entre ellas entregar fondos públicos mediante subvención directa al club del que él mismo es socio.

El vicepresidente primero acaba de ser imputado por las irregularidades detectadas en la gestión del célebre campo de golf situado junto a la valla de Melilla 

Esa citación judicial no será, sin embargo, la primera a la que se enfrente. Así, el pasado diciembre ya tuvo que acudir a declarar como imputado en otra causa, en este caso por la supuesta contratación irregular de un arquitecto. Además, en el 'caso Abogados' en el que está imputado Imbroda, el informe de la Guardia Civil de mayo de 2014 que ha servido de base para encausar al presidente de Melilla, le menciona de manera reiterada. El documento policial, al que ha tenido acceso este diario, detallaba hasta siete pagos a un letrado ajeno al equipo jurídico del Ejecutivo en los que supuestamente habría tenido intervención de manera directa Miguel Marín cuando era consejero de Administraciones Públicas

Por el 'caso Abogados' también está imputada la consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonio Garbín Espigares. El pasado mes de agosto, el juez que instruye el caso dictó un auto en el que la incluía en una lista de seis nuevos encausados. En su escrito, el magistrado consideraba a la consejera responsable de haber contratado entre 2003 y 2013 con dinero público a cuatro letrados sin cumplir las previsiones legales que rigen la contratación administrativa, “pretendiendo lograr la designación directa de los letrados mediante el fraccionamiento de los pagos y la omisión de la actividad interventora”, detallaba en el auto. Garbin acudió a declarar por ello el pasado mes de septiembre.

El caso de los 4.000 libros desaparecidos

También se encuentra imputada la consejera de Cultura y Festejos, Simi Chocrón Chocrón, en este caso por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Melilla. Sus problemas con la Justicia se remontan a 2013, cuando un diputado socialista de la oposición la denunció por la supuesta desaparición de 4.000 ejemplares de un libro editado entre 2009 y 2011 por el Gobierno de la ciudad autónoma bajo el título 'Melilla y su Judaísmo' que habían costado al erario público 70.000 euros. El magistrado citó a declarar a Simi Chocrón en marzo de 2013 al considerar que su actuación en este caso presentaba "características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa". Ella, que pertenece a la comunidad judía, defendió ante el magistrado que esos libros existían, pero que fueron enviados a la comunidad judía melillense que reside en el extranjero, principalmente en Israel, y ya no estaban en España.

La supuesta desaparición de 4.000 ejemplares de un libro y las irregularidades en las subvenciones a grupos juveniles han llevado ante el juez a otros dos consejeros

Más reciente es la imputación del octavo miembro del Gobierno de Imbroda. Se trata de Antonio Miranda Montilla, responsable de Educación y Colectivos Sociales, a quien el pasado mes de octubre un juez melillense encausó en unas diligencias abiertas por las supuestas irregularidades detectadas en una convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles en 2007. En el mismo procedimiento también se encuentran imputados un exconsejero y un funcionario de su departamento. Todo partió de una denuncia ante la Fiscalía de un grupo de estudiantes universitarios que consideraban irregulares las ayudas de 50.000 euros anuales concedidas a dos grupos que no estaban inscritos en el censo oficial de asociaciones de la ciudad autónoma, requisito imprescindible para poder optar a ellas. En su auto, el juez apuntaba a la supuesta comisión de un delito de prevaricación. Uno más en la larga lista del Gobierno con más del 70% de sus integrantes encausados y en la que su presidente sigue insistiendo que sólo hay "irregularidades administrativas" pero no corrupción.


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