Nacional

El Tribunal Supremo se apresura a desimputar a Imbroda a escasas semanas de las elecciones

El alto tribunal archiva la causa abierta al presidente de la ciudad autónoma de Melilla por un presunto delito de prevaricación al contratar en 2001 a un abogado externo a la Administración con fondos públicos.

Juan José Imbroda a la salida del Tribunal Supremo.
Juan José Imbroda a la salida del Tribunal Supremo. EFE

El Tribunal Supremo ha archivado este martes la causa abierta contra el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, por la presunta comisión de un delito de prevaricación por la contratación sin concurso en 2001 de un abogado externo para llevar varios juicios de despido y al que pagó 395.000 euros de fondos públicos. La decisión del magistrado se produce menos de un mes después de que el político 'popular' declarse ante él como imputado y a sólo unas semanas de que se celebren las elecciones locales y autonómicas en las que él será cabeza de lista por el PP.

El magistrado del Supremo considera que la iniciativa de contratar al abogado "no partió de Imbroda" y muestras sus dudas sobre "la naturaleza del contrato"

El magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, adopta esta decisión a la vista de las explicaciones dadas por el mandatario del PP el pasado 11 de marzo, cuando el político declaró como imputado, y de los informes que obran en la causa. Entiende que la contratación del letrado no surgió de Imbroda, sino de uno de los consejeros de la ciudad autónoma, informa EP. En aquella comparecencia ante el alto tribunal Imbroda negó haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos y rechazó que su imputación por este asunto le llevase a dimitir. "Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no tengo ningún tinglao raro", dijo. Ahora, el Supremo le da la razón y entiende que el contrato por el que el abogado letrado cobró de la institución 395.000 euros hasta 2010 no puede atribuirse a Imbroda, quien ya había solicitado el archivo de la causa el 23 de marzo pasado.

En el auto dado a conocer este martes, el magistrado Monterde explica que la iniciativa no partió de Imbroda y que existen que hay dudas interpretativas sobre la naturaleza del contrato que unía al letrado con la ciudad autónoma y, por tanto, si era necesario o no tramitar el correspondiente procedimiento administrativo de contratación. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, en su exposición razonada elevada al Supremo contra Imbroda, destacó que el contrato era administrativo, que se obviaron para establecerlo los requisitos legales para llevarlo a cabo, y que el letrado fue contratado de manera directa por Imbroda. Por su parte, éste sostenía que era un contrato de naturaleza civil de arrendamiento de servicios.

No "a sabiendas"

Ahora, el magistrado del Supremo indica que existiera prevaricación en el caso, ya que para que se produzca este delito no es suficiente con que haya una contradicción con el Derecho en la actuación, sino que la misma sea injusta y arbitraria. "En el presente supuesto no cabe apreciar una contradicción patente y grosera con el Derecho, basada en la omisión palmaria de los trámites procedimentales referidos a un contrato específico; en la medida en que se discute y existen discrepancias interpretativas sobre cuál era la naturaleza del contrato que se suscribió", señala el auto del alto tribunal. Tampoco advierte el juez Monterde que concurra el elemento subjetivo de este tipo penal, que exige que la resolución se adoptase "a sabiendas".

La causa se seguirá instruyendo en Melilla, donde está imputado, entre otros, un vicepresidente del Ejecutivo de Imbroda

En ese sentido, Imbroda señaló durante su declaración que no fue consciente de que estaba contratando un abogado cuando firmó en su favor un poder para pleitos, ya que se limitaba a rubricar las escrituras que le indicaban los servicios jurídicos. Para el instructor, tampoco es expresivo de ilicitud penal en su inicial contratación el pago de las cantidades al letrado, ya que estuvo precedido de control administrativo, y consta en la causa que la Intervención General del Estado no puso reparos a ninguno de los abonos al abogado. El auto subraya que "es verosímil deducir que el mandatario popular obró en la creencia razonable de que había que dar una solución urgente a un problema puntual", como fue la existencia de un elevado número de reclamaciones ante la jurisdicción social por un alto importe económico.

Monterde afirma que con su resolución no se concluye que "la actuación del aforado sea correcta desde el punto de vista administrativo o que se dé por buena una de las interpretaciones contractuales discutidas en el presente supuesto, sino que se entiende que su actuar no es delictivo". Respecto a otras personas investigadas en Melilla, entre las que se encuentra un vicepresidente del gobierno de Melilla, la causa se seguirá instruyendo en el Juzgado número 2 de Instrucción de la ciudad autónoma que inició la causa y que si vio delito en la actuación del dirigente 'popular'.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba