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Operación Malaya: Roca se librará de pagar los 232 millones de multa impuesta por el Supremo

Los bienes decomisados en la operación Malaya pasarán a manos del Estado. Sin embargo, no será posible cobrar la multa de más de 232 millones que el Supremo le ha impuesto al cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

Juan Antonio Roca en el juicio de Malaya.
Juan Antonio Roca en el juicio de Malaya. EFE

Los ciudadanos de Marbella se quedarán sin ver cómo los bienes decomisados y los más de 550 millones de euros de multas impuestas en la sentencia firme por la operación Malaya vuelven a las arcas municipales de esta localidad malagueña. 

El Tribunal Supremo revocó ayer la decisión de la Audiencia Provincial de Málaga que acordó en noviembre de 2013 que los bienes decomisados -fincas, palacios y hoteles, entre otros- y las multas millonarias impuestas a los condenados en la trama Malaya -su cabecilla Juan Antonio Roca, la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe o la exteniente alcalde Isabel García Marcos, etc- deban ir destinadas a paliar la deuda del Ayuntamiento de Marbella con Hacienda y la Seguridad Social.

Los ciudadanos de Marbella se quedarán sin los bienes decomisados en sus arcas municipales

El asunto no es baladí ya que el presidente del tribunal de la Audiencia malagueña que juzgó esta macrocausa de corrupción, el magistrado José Godino, recogió públicamente el "deseo y esperanza de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero que por comiso se recaude en el proceso, revierta en beneficio de la localidad". 

El tribunal se hacía así eco de una reivindicación ciudadana de los marbellíes que habían sufrido un "ambiente generalizado de corrupción" que les había causado "evidentes perjuicios morales y económicos" que debían ser "resarcidos" en la medida de lo posible.

"No es justo que como consecuencia de los actos y conductas aquí enjuiciadas, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social, mientras que el dinero y los bienes decomisados reviertan en otras localidades distintas", dijo el presidente de la Sala cuando leyó públicamente el fallo de Malaya.

"Bienintencionada pero contraria a la ley"

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción recurrió este punto de la sentencia de la Audiencia de Málaga porque aunque la idea era "bienintencionada" era contraria a la ley. El Ministerio Público entendió que la atribución del decomiso a ese fin era "irregular".

La Fiscalía señaló que la Audiencia de Málaga "no podía alterar a su capricho, cualesquiera que sean las razones que le asistan" el destino "imperativo" de lo decomisado que no es otro que la Administración del Estado.

El cerebro de Malaya ha sido condenado a 17 años de prisión por distintos delitos de corrupción

Ahora, la Sala de lo Penal del Supremo estima parcialmente este recurso del fiscal y señala que en cuanto a los depósitos y multas la normativa marca que deben ir "a favor de la Administración General del Estado" al tiempo que recoge que en cuanto a los decomisos "debe seguirse el dictado de la norma". "Desconocer el procedimiento establecido equivale a infringir la norma vigente", manifiestan los magistrados del Alto Tribunal en su sentencia de 3138 folios.

"La Audiencia directamente no puede afectar su destino a abonar deudas con las entidades públicas reseñadas, debiendo prevalecer el principio de legalidad sobre otros criterios que están al margen de la decisión del Tribunal", añaden los jueces del Supremo.

Los bienes, para el Estado

Fuentes jurídicas consultadas por Vózpopuli explican que ahora todos los bienes decomisados en el caso Malaya pasarán a manos de la Administración General. En este sentido, la ley obliga al Estado a vender los "bienes de lícito comercio" y a destruir lo "bienes ilícitos" en el caso de los decomisos.

Sin embargo, mientras que recuperar los bienes decomisados es un procedimiento relativamente sencillo será mucho más difícil -por no decir imposible-, que todo el dinero impuesto como multas a los condenados de Malaya acabe en las arcas del Estado.

La razón es que el Código Penal recoge que "si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas". Es decir, si no se paga la multa se alarga la pena. De hecho, el cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria "extingue la obligación de pago de la multa, aunque mejore la situación económica" del condenado.

No obstante, la Ley también establece que a las personas que se les condene a una pena privativa de libertad superior a cinco años no se les impondrá esta responsabilidad subsidiaria. Esto libra de facto a los principales condenados de la trama a pagar sus multas millonarias siempre que hayan sido condenados a más de cinco años de prisión como, por ejemplo, ocurre con el 'cerebro' de la trama Juan Antonio Roca.

El Supremo le impone a Roca una pena de 17 años de prisión y una multa de más de 232 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho continuado y delito contra la Hacienda Pública. De pasar por prisión no libra nadie al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella pero de pagar la multa quedará exonerado.


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