Consejo de ministros

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley general de Telecomunicaciones

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha venido explicando que la nueva Ley de telecomunicaciones facilitará el despliegue de nuevas infraestructuras con la eliminación de la necesidad de muchas licencias locales. 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La Ley actualiza la normativa para adaptarla a los profundos avances que ha vivido el sector de las telecomunicaciones y para favorecer el desarrollo futuro de la economía digital, que el Gobierno considera uno de los pilares económicos con más potencial de crecimiento en nuestro país.

La nueva Ley busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de esta economía digital, eliminando barreras y fomentando la competitividad y la protección del usuario. Entre las novedades, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias.

Además, la nueva Ley asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.

En este sentido,Jose Manuel Soria,pone en agenda una nueva reforma estructural para fomentar la competitividad, crear empleo y afianzar inversiones por parte de los operadores de telecomunicaciones que podrían ascender a 25.000 millones de euros en los próximos años.

Modificaciones

El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, con dos objetivos principales:

  1. Facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura.
  2. Mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de competencia.

La consecución de estos dos objetivos se lleva a cabo a través de la nueva normativa, que se basa en cuatro grandes pilares:

Impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios. La competencia es un instrumento esencial para garantizar unos mejores servicios a los usuarios finales, unos precios más ajustados y que se mantenga el esfuerzo de inversión e innovación característicos del sector de las telecomunicaciones. De esta manera:

-       Se realizarán, de forma periódica, análisis de los distintos mercados, lo que permitirá fijar en cada uno de ellos unas obligaciones específicas y unas condiciones de competencia más adecuadas a la situación real del mercado.

-       Se mejoran los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas. Se precisa el régimen sancionador y  se facilita el cumplimento de las obligaciones de los operadores manteniendo los derechos de los usuarios

-       Se simplifica la actuación de las Administraciones Públicas en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones.

-       Se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental.

Se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

Recuperación de la unidad de mercado, de manera que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en la toda la geografía española. Mediante esta actuación se complementa y refuerza la ley de garantía de unidad de mercado desde la legislación sectorial. Como principales medidas:

-       Se diseñan nuevos mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las CCAA y las Entidades Locales para que se facilite el despliegue de redes de telecomunicaciones.

-       Se establecen requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, así como límites máximos únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional.

Simplificación administrativa: se eliminarán las barreras normativas que las distintas Administraciones imponen al despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones.

-       Se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico.

-       Se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.

Facilitar el despliegue de redes: reducir los costes de manera que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes y dispongan de mayor margen para trasladar a los precios finales dicha reducción de costes.

-          Se facilitará el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantizará el derecho de cualquier usuario a poder acceder a las redes ultrarrápidas, lo que implica que si un residente desea contratar servicios de redes ultrarrápidas, la comunidad de vecinos deberá permitir el despliegue necesario para proporcionar ese servicio. 

-       Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados.

En resúmen, el Proyecto de Ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y  resuelve  determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones,  como lo son la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Además, se mejora la protección al usuario.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones se inserta dentro del Plan Nacional de Reformas que está llevando a cabo el Gobierno como parte esencial de la política económica. Ésta se enmarca dentro del impulso a la economía digital que el Ejecutivo ha puesto en marcha y cuyo eje central es la Agenda Digital para España.


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