UPyD presenta una enmienda en el Senado para limitar los privilegios de los expresidentes

Zapatero disfruta de barra libre en el Consejo de Estado para ejercer como lobista

José Luis Rodríguez Zapatero ha evitado seguir los pasos de los expresidentes Felipe González y José María Aznar, que renunciaron a sus puestos como consejeros de Estado al introducirse en aventuras empresariales, a sabiendas de que está amparado por el Reglamento que regula esta institución, en el que se da amplio margen para ejercer como lobista.

José Luis Rodríguez Zapatero junto a su exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos.
José Luis Rodríguez Zapatero junto a su exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos. EFE

Introducir a los expresidentes de Gobierno en el Consejo de Estado de forma casi automática tras su cese fue una de las primeras medidas que tomó José Luis Rodríguez Zapatero nada más llegar a La Moncloa en 2004. Él mismo pidió el ingreso en esta institución pocas semanas después de que el PSOE perdiera las elecciones generales en noviembre de 2011 para acceder, entre otros privilegios, a un sueldo bruto que tras los correspondientes complementos roza los 100.000 euros anuales. Fuentes parlamentarias informan de que, en la práctica, estos ingresos son compatibles con los que derivan de su condición de expresidente del Gobierno y, lo que es más recusable, con los que bajo cuerda puede llegar a acumular por la tarea de lobista que ha empezado a ejercer en algunos países latinoamericanos, conferencias y tareas de lavado de imagen al margen.

La ley que regula el Consejo de Estado deja lagunas que permiten ejercer a los expresidentes del Gobierno como lobistas

Fuentes jurídicas informan que tanto la ley orgánica como el reglamento que regula el funcionamiento del Consejo de Estado, permiten “barra libre” para hacer lobby a los consejeros natos que han sido presidentes de Gobierno. Este último desempeño les da derecho a entrar en la institución con carácter vitalicio y a cesar solo si formalizan su renuncia. También pueden solicitar la suspensión en el cargo por dos años y luego volverse a incorporar cuando les convenga.

Sobre el papel, Zapatero tendría que verse afectado por las incompatibilidades que operan para el presidente y los consejeros permanentes del Consejo, que son las mismas que afectan con carácter general a los altos cargos de la Administración del Estado: solo se les permite ejercer la enseñanza y tienen prohibido dedicarse a la abogacía o desempeñar cargos en empresas concesionarias, contratistas, arrendatarias o administradoras de monopolios, obras o servicios públicos. El Gobierno solo puede separarles del Consejo de Estado por la comisión de un delito doloso, incapacidad permanente o incumplimiento de su función, previa audiencia del interesado e informe favorable del pleno de la institución.

No hay precedentes de ello y en el PSOE se sabe desde hace tiempo que Zapatero ha empezado a campar a sus anchas en su oficio como lobista, como hace unos días se ha descubierto en Cuba o el pasado verano se desveló en Guinea Ecuatorial, donde el expresidente mantuvo una reunión con el dictador Teodoro Obiang, acompañado del exministro de Defensa José Bono y del extitular de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, ambos compañeros de fatigas. En los dos desplazamientos, fuentes próximas al expresidente han defendido que ha servido “a los intereses de España”, algo que en esta ocasión ha desmentido con toda rotundidad el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, acusando al expresidente de “deslealtad” y de obstaculizar la extradición de miembros de ETA a España. Fuentes empresariales aluden también a que la existencia de cobros por determinados servicios facilitados por la densa agenda internacional del expresidente y sus ministros.

Aznar y González dejaron el Consejo de Estado cuando fueron fichados por Murdoch y Gas Natural

Tanto en el PP como en el PSOE se recuerda que José María Aznar y Felipe González no incurrieron en estas prácticas, al menos de este modo tan grotesco. Cuando el primero fue fichado en 2006 por el grupo de comunicación de Rupert Murdoch, dejó de cobrar del Consejo de Estado. Lo mismo hizo González seis años después cuando entró en el Consejo de Gas Natural. Ahora, ninguno de los dos grandes partidos se muestra interesado en remover los privilegios de los expresidentes y la única formación que ha tomado cartas en el asunto ha sido UPyD. A través de una enmienda al proyecto de ley regulador del ejercicio de alto cargo, propone añadir al Estatuto de los expresidentes la incompatibilidad entre los ingresos que perciben al abandonar el cargo y los que puedan proceder de cualquier otra retribución pública o privada. El partido de Rosa Díez propone, incluso, limitar a cuatro años las percepciones que derivan de la pensión indemnizatoria y quitar, por tanto, su carácter vitalicio. Además de la lógica escolta, los expresidentes disfrutan de secretaria, despacho oficial, jefe de Gabinete y transporte gratuito, modalidad de retiro que hay que multiplicar casi por 17, pues es la misma que han aplicado la mayoría de las comunidades autónomas a través de unos consejos consultivos que UPyD propone también suprimir.


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