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El ministro Wert y la triste España del aprobado raspado

Un 27% de los estudiantes universitarios recibe una beca pública financiada con cargo a los PGE, ayudas con las que se trata de garantizar que quienes tienen talento suficiente y voluntad bastante para estudiar más allá de la enseñanza obligatoria y gratuita, puedan hacerlo al margen de la situación económica familiar.

El ministro Wert y la triste España del aprobado raspado
El ministro Wert y la triste España del aprobado raspado

La pretensión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de publicar un Real Decreto regulando el acceso de los estudiantes a las becas de estudio ha tocado una de las fibras más sensibles de la España subsidiada, mediocre España genuflexa ante el Gran Padre Estado como fuente de toda merced gracias al dinero público, por definición inagotable, y a la obligación de lo público de proveer no solo nuestras necesidades básicas, sino incluso nuestra felicidad. Cuando las vacas flacas de la crisis obligan a ajustar aquí y allá, y la evidencia del fracaso educativo fuerza a los gestores públicos a tomar medidas elevando el nivel de exigencia, buena parte del país, desde luego la izquierda política abrazada al palo mayor de la igualdad en la mediocridad, pero también la comunidad académica, pasando por gran parte de la clase política, se alza en armas contra semejante idea, poniendo en evidencia lo extremadamente difícil que para un país acostumbrado a la vida muelle del dinero fácil, carcomido por la ausencia de cualquier tipo de valores que tengan que ver con la disciplina del esfuerzo y el trabajo bien hecho, va a resultar volver a la senda de la austeridad y el sacrificio que reclaman los nuevos tiempos.

No es ocioso recordar que una de las funciones básicas de todo Estado democrático consiste en garantizar la igualdad de oportunidades, principio que hoy se traduce en que un 27% de los estudiantes universitarios recibe una beca pública financiada con cargo a los PGE, ayudas con las que se trata de garantizar que quienes tienen talento suficiente y voluntad bastante para estudiar más allá de la enseñanza obligatoria y gratuita, puedan hacerlo al margen de la situación económica familiar. Como contrapartida, el Estado exige o debiera exigir unos requisitos mínimos de aptitud para quienes deseen cursar estudios superiores, concretados, aunque solo sea por el respeto que merecen los ciudadanos que pagan sus impuestos, en la exigencia de unas calificaciones mínimas, o lo que es lo mismo, el reclamo al valor del esfuerzo y el mérito, la aspiración a la excelencia como objetivo indeclinable.

El Estado democrático garantiza la igualdad de oportunidades; un 27% de los universitarios recibe una beca pública con cargo a los PGE

Requisitos tan elementales chocan frontalmente con el discurso igualitarista de una izquierda que, durante las legislaturas Zapatero, consolidó cual pringosa mancha de aceite esa afición de buena parte de la juventud española a la ley del mínimo esfuerzo y al aprobado por los pelos. Fue el Gobierno ZP el que, en el año 2005 y en el marco de la Ley de Reformas para el Impulso a la Productividad, definió en el BOE a la beca como un “derecho para el estudiante”. Conviene decir, no obstante, que la filosofía del “aprobado general” empezó a gestarse al socaire de la burbuja universitaria iniciada en la década de los ochenta: las 12 universidades públicas, con sus correspondientes distritos, se reprodujeron como esporas, al calor de apuesta autonómica, hasta convertirse en las 50 actuales (más 25 privadas), lo que dio lugar a una arquitectura universitaria que necesitó ser rellenada con premura para justificarse a sí misma y que, entre otras cosas, obvió cualquier exigencia en materia de concesión de becas porque lo que primaba era estabular alumnos en las aulas.  

El coste económico de semejante empresa, así como la disminución de la calidad de la enseñanza universitaria española, son datos refrendados por todo tipo de estadística. Sirva como muestra ese demoledor 40% del total de alumnos que acceden a la universidad con una beca salario (la más importante) y que abandonan los estudios en el primer año de carrera. Hasta el día de hoy, y al margen del requisito del nivel de renta familiar, para acceder a beca es suficiente con haber aprobado el examen de acceso a la universidad. Una vez en ella, la única exigencia académica para renovarla en la mayor parte de las carreras es haber aprobado el 80% de los créditos en los que el alumno se ha matriculado (60% en el caso de ingenierías y arquitecturas). Elogio y exaltación de la España del aprobado raspado, que tanto gusta a nuestra exquisita izquierda caviar. Con datos OCDE de 2011, la tasa de graduación en la enseñanza superior en España es del 27,5% frente al 38,8% de media OCDE, mientras que la tasa de abandono universitario supera el 30% frente al 16% de media europea, todo lo cual se traduce en “una pérdida para el Estado de casi 3.000 millones invertidos en capital humano sin ningún retorno”.

La Universidad española sigue en plena siesta

Ante semejante panorama, el ministro Wert ha pretendido, con buen criterio, cambiar ese estado de cosas, tarea tan ingente como ingrata, porque por algún sitio habrá que empezar a poner racionalidad en el disparate educativo de un país que se creía rico hasta ayer, pero que claramente es subdesarrollado en materia de educación superior, como demuestra el caso de una Universidad, otrora germen ilustrado capaz de mover conciencias y orientar políticas, que, con España sumida en la mayor crisis política y económica de su historia reciente, ni está ni se la espera, algo insólito que ni siquiera sucedió en las etapas más oscuras del franquismo. Ni una voz del mundo universitario capaz de alertar de los problemas y proponer soluciones, aunque, eso sí, a la hora de reclamar dinero público, es la primera.

En esa línea de búsqueda de un cierto grado de excelencia, el Gobierno publicó en julio pasado el Real Decreto 1000/2012 para adaptar los parámetros de la concesión de becas a las exigencias de aprovechamiento académico. En una etapa de ajuste de las cuentas públicas como la actual, esa apelación al esfuerzo de los estudiantes debía permitir, además, un ahorro de fondos públicos, en tanto en cuanto las mayores exigencias terminarían traduciéndose en una reducción del número de becados. El nuevo Real Decreto para becas del curso 2013/14 que ahora se plantea Wert introduce dos cambios de importancia en el sistema de concesión: Por un lado eleva la exigencia de nota a los becados universitarios hasta el 6,5 de media, y por otro cambia la estructura de percepción de la beca en dos partes, una fija (vinculada al nivel de renta), y otra variable (que tiene en cuenta renta y rendimiento académico del beneficiario).

Es el 'café para todos' de la sociedad igualitaria del imaginario socialista, enemigo del talento, el esfuerzo y el mérito

En un país admirador de la ley del mínimo esfuerzo como este, la elevación de los requisitos académicos ha levantado en armas a una mayoría de partidos, CCAA, Conferencia de Rectores y Consejo Escolar del Estado.  Para el secretario general del PSOE, “las becas no son un sistema para seleccionar a los mejores alumnos, sino para que los que no tengan recursos puedan estudiar”, ello al margen de si son listos o zopencos, si se esfuerzan o haraganean. Es el “café para todos” de la sociedad igualitaria que figura en el frontispicio del imaginario socialista, enemigo declarado del talento, el esfuerzo y el mérito. En boca de los Rectores, “la nota de aprobado -el 5 raspado- debe ser suficiente para recibir la ayuda, porque solo así se defiende la verdadera igualdad y se evita que la educación quede reservada a los estudiantes con más recursos”. Lo llamativo del caso es que han sido también algunas CCAA gobernadas por el PP las que han expresado sus críticas a la nueva regulación (según el consejero de Castilla y León, Juan José Mateos, “el rechazo a las nuevas exigencias académicas en un sentimiento general”) lo que indica a las claras el grado de descomposición doctrinal de una derecha dizque liberal, teórica primera interesada en la formación de unas elites que, en su acepción más genuina, son un valor a preservar en beneficio del interés general en cualquier país desarrollado.

Gracias a la izquierda, los pobres volverán a perder

Como era de prever, José Ignacio Wert, eficazmente asaeteado por muchos de sus conmilitones del PP, tardó horas en rendirse, si bien parcialmente, y anunciar una rebaja de la nota (el 5,5) media exigible a los becados no universitarios. Hay que decir que el ministro, tan brillante como ocurrente a menudo, parece haberse ganado a pulso esa cierta fama de déspota que le acompaña. “Wert tendría que haber creado unas becas de talento, becas de excelencia, distintas a las que ahora se entienden como medida de compensación social. De modo que el ministro lo ha mezclado  todo. Ello al margen de que en las CCAA gobernadas por el PP están hartas de los líos educativos que monta un tipo acostumbrado a tomar decisiones por su cuenta, sin consultar a nadie, ni siquiera a sus colegas del Gobierno. Luego viene pidiendo ayuda… Son las formas lo que le pierde a este hombre”.

Es obvio que las verdaderas elites, los hijos de las clases medias, por no hablar de las verdaderamente pudientes, seguirán enviando a sus hijos a aquellos centros privados de auténtico prestigio dentro y fuera de España, que aseguran una formación diferencial basada en el esfuerzo y la búsqueda de la excelencia. Es también lo que vienen haciendo desde hace tiempo los prebostes socialistas con sus vástagos, lejos de la salmodia igualitaria que recitan como loros ante las cámaras de la televisión. La enseñanza pública, devaluada por la exigencia social del 5 raspado, quedará de verdad para los menos favorecidos. Ya ha quedado. Es lo que las futuras generaciones de españoles deberán agradecer al PSOE. Y a un PP incapaz de cumplir con el ideario liberal que cabría exigirle.


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