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El fiscal Horrach pide al Gobierno atar en corto a los jueces tipo Castro para garantizar la “objetividad judicial”

El Fiscal Pedro Horrach ha incluido entre los escritos dirigidos a la Audiencia de Palma una petición al Gobierno en la que dice que "deviene imprescindible reforzar el sistema de controles cruzados para garantizar el respeto a los principios de imparcialidad y objetividad judiciales" y pide controlar a magistrados como Castro a los que acusa de ser "simultáneamente juez y parte".

El Fiscal de Palma, Pedro Horrach, critica al juez José Castro en su recurso
El Fiscal de Palma, Pedro Horrach, critica al juez José Castro en su recurso EFE

El Fiscal del Caso Nóos, Pedro Horrach, niega estar dirigido por el Gobierno. Y lo ha intentado demostrar siendo él quien lleva la iniciativa de la legislación incluso más allá de donde la había situado Ruiz Gallardón. El fiscal ha lanzado al Ejecutivo una petición pública en la que reclama “reforzar el sistema de controles cruzados para garantizar el respeto a los principios de imparcialidad y objetividad en las decisiones judiciales”. Esa petición ha sido incluida en los escritos que ha dirigido a la Audiencia de Palma y pide que se quite a los jueces la capacidad de investigar si no la respaldan los fiscales, una petición tan inaudita en un escrito oficial que las partes ya la han bautizado como el “sistema anti-jueces Castro”.

Horrach exhorta al Gobierno: "Es buena hora para que se legisle"

La petición desde la Fiscalía para que se controle a los jueces resulta todavía más chocante al leer la argumentación de Horrach que asegura que el magistrado instructor al “ser simultáneamente juez y parte desemboca ineludiblemente en falta de imparcialidad y objetividad en la valoración de los hechos a debate”.

La propuesta que lanza al Ejecutivo es que sean los fiscales los que investiguen y no los jueces, de forma que si la Fiscalía, como en el caso de la infanta, decide no investigar, el proceso terminaría ahí. "Por simple congruencia, se debe otorgar la investigación a quien es responsable de la Acusación", concluye Pedro Horrach. El papel de los jueces instructores quedaría --según esa fórmula-- bloqueado en "aquellos casos en los que las partes acusadoras, bien por ser las únicas constituidas, bien por ser las únicas legitimadas, no sostienen la acción investigadora por la inexistencia de indicios incriminatorios". Pese a esa "delimitación de poderes", el Fiscal dice al Gobierno que no pretende "quitar al Juez poder alguno".

El Fiscal continúa reflexionando: “El esquema procesal actual en materia de garantías, anacrónico y contagiado por recelos hacia instituciones jerarquizadas, conduce a la pérdida de la necesaria e imprescindible equidistancia o alejamiento del Instructor” y exhorta al Ministerio de Justicia: “Es buena hora para que se legisle bajo el amparo del principio de confianza en los Ciudadanos y en las Instituciones, crecidos y educados en el régimen constitucional, y no sobre los pilares de las “prohibiciones” y “recelos” que, contrariamente a lo que se pretende, abre brechas cada vez mayores en la salvaguarda de los derechos y garantías protegidos constitucionalmente.”

La fiscalía plantea el mismo objetivo que Gallardón

Delimitar el papel de los jueces instructores ha sido un debate recurrente en el derecho español. Sin embargo, ese afán no se había materializado hasta que Ruiz Gallardón lo incluyó en su reforma judicial. La propuesta de Pedro Horrach para que sea un fiscal el que realice la instrucción en lugar de un juez ha sido tradicionalmente rebatida en España con dos argumentos, según relatan las fuentes del CGPJ consultadas:

  • El primero se deriva de la posibilidad de que sea controlado por el poder político ya que aunque el artículo 124.2 de la Constitución afirma que “el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones (…) conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”, el artículo 124.4 recuerda que “el Fiscal General del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. Así pues, jerárquicamente, la investigación de un caso como el de la hermana del rey podría depender del poder político en lugar de un tribunal de justicia
  • La segunda crítica se plantea por la llamada “ausencia acusatoria” que se dio en casos como el de Arnaldo Otegui al que en el año 2007 en un caso en el que se reconocía la existencia de delito pero por el que no se le pudo condenar porque únicamente la Fiscalía figuraba como acusación y, al no haber acusación popular presente, quedó libre de todos los cargos después de que el Ministerio Público no se personara y se impusiera el llamado “principio acusatorio”.

Pero la petición de Horrach a Gallardón va más allá incluso de lo que el propio Gallardón ha planteado. En su proyecto para reformar el Poder Judicial, el ministro de Justicia ha planteado un sistema por el que pretende atribuir las facultades del juez instructor a "órganos colegiados de tres jueces", por ejemplo, en todos los asuntos que lleva la Audiencia Nacional.

En cualquier caso, y aunque por diferentes vías, tanto el Gobierno como la Fiscalía parecen compartir un objetivo: poner coto a los jueces instructores para evitar actuaciones por libre como la del responsable del juzgado número 3 de Palma, José Castro.


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