POLÉMICA EN TORNO A LA ÚLTIMA OPERACIÓN CONTRA LOS GRAPO

El juez Bermúdez baraja elevar al Supremo las filtraciones de Interior en el caso Cordón

El capitán de la Guardia Civil que dirigió las pesquisas debe informar hoy al magistrado de la Audiencia Nacional quién, además de él, tenía copia de la comisión rogatoria francesa. Éste no descarta señalar al ministro Jorge Fernández Díaz, quien facilitó en rueda de prensa datos secretos. La decisión de Bermúdez de dejar en libertad a dos de los cuatro detenidos ya había provocado malestar entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y en la propia familia del industrial secuestrado.

El ministro del Interior, durante la recepción que hizo a la viuda de Publico Cordón.
El ministro del Interior, durante la recepción que hizo a la viuda de Publico Cordón. EFE

El enfrentamiento entre la judicatura y el Ministerio del Interior sigue en aumento. El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, baraja elevar en los próximos días al Tribunal Supremo "una exposición racionada" sobre la filtración que permitió que la prensa conociera detalles de la última operación contra los Grapo antes, incluso, que el propio magistrado. Detrás de todo ello están las dos ruedas de prensa que el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, celebró los pasados jueves y viernes en las que informó sobre las primeras detenciones y la localización del chalé de Lyon (Francia) donde estuvo retenido y, finalmente, murió hace 17 años el empresario zaragozano Publico Cordón. En estas comparecencia, el titular del departamento reveló, por ejemplo, que la víctima grabó en el armario donde estuvo recluido un peculiar calendario con palotes que demostraba que sólo estuvo retenido 15 días antes de fallecer, un dato que estaba bajo secreto de sumario.

El juez se ha mostrado muy preocupado por el daño que el incidente puede causar en el futuro de la cooperación antiterrorista francesa 

No obstante, antres de elevar al Alto Tribunal sus conclusiones, lo que significaría una acusación contra un aforado, el propio Fernández Díaz, el juez quiere leer el informe que "antes de las 9 horas" de hoy debe entregarle el capitán de la Guardia Civil que dirigió las pesquisas y al que ha ordenado detallar en el mismo "la cadena de custodia seguida por la comisión rogatoria internacional 0000006/1995 desde su entrega en mano en el aeropuerto de Barajas y su devenir posterior, así como si se hicieron copias de la misma distinta a la que fue entregada por este juzgado para el desarrollo de la investigación". Gómez Bermúdez considera que "la publicidad de hechos, datos y fotografía e imágenes sobre los hechos investigados repercute negativamente en la cooperación jurídica internacional y en la propia investigación, con probable daño para la causa pública". El juez de la Audiencia nacional quiere saber si se ha producido un delito de "revelación de secretos".

El choque entre Interior y la Audiencia Nacional alcanzó su punto culminante el pasado sábado, cuando tomó declaración a los tres primeros detenidos, José Ramón Teijelo, Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa. Ese día, los tres presuntos grapo ingresaron en los calabozos de este órgano judicial a las 8.55 horas, pero el atestado elaborado por la Guardia Civil no llegó hasta casi tres horas más tarde, cuando el orden habitual de recepción suele ser el contrario: primero el informe policial y, posteriormente, los arrestados, para que el juez instructor pueda leer el documento antes del inicio de la toma de declaración. Este hecho provocó que el juez Gómez Benítez, muy molesto ya por las filtraciones de los días anteriores, decidiera dictar la providencia para investigar éstas. Según fuentes jurídicas, el magistrado de la Audiencia Nacional se mostró en todo momento muy preocupado por el daño que las mismas podían causar en el futuro a la colaboración antiterrorista que prestan a España las autoridades judiciales francesas.

La posterior decisión de Bermúdez de dejar en libertad bajo fianza a dos de los presuntos grapos, Ontanilla y Sarasa, provocó inmediatamente la reacción de Interior, de la Guardia Civil y de la propia familia de Publico Cordón. Miembros del Instituto armado hicieron llegar a la prensa su "perplejidad" y "sorpresa" por la decisión del juez, además de mostrar su "indignación" por la decisión de Gómez Bermúdez de abrir diligencias por revelación de secretos tras la publicación en los medios de comunicación de determinados datos del secuestro. Por su parte, Carmen Cordón, hija del empresario, no dudó en mostrar su "malestar" y "profunda decepción" por la decisión judicial, y acusó al magistrado de "tirar por tierra" los 17 años de investigación de la Guardia Civil. Los ataques no sentaron nada bien en la Audiencia Nacional, donde se ha recriminado a Interior de "echar encima del juez" a la familia.

Ayer, en otro auto, en este caso para ordenar la prisión provisional de una cuarta detenida, María Victoria Gómez, el magistrado dejaba entrever que sólo existe pruebas consistentes contra ésta, que ya estaba presa por otra cuasa, y contra Teijelo, a quien el magistrado encarceló el sábado. La propietaria de la casa identificó a ambos, aunque no sin género de dudas, como el matrimonio que le alquiló la vivienda con documentación falsa en 1995. Según detalla el juez en su escrito, Teijelo además utilizó hasta el año 2000 un DNI falso con el mismo nombre, José Luis Monforte Andreu, para alquilar pisos en los años siguientes al secuestro.

Segundo incidente con Francia

La filtración del caso Cordón es el segundo incidente en pocas semanas entre el Ministerio del Interior y la Justicia francesa a cuenta de una filtración sobre la lucha antiterrorista. El pasado 3 de julio, la detención en el sur de Francia del presunto miembro de ETA Juan María Mujika Dorronsoro estuvo a punto de frustrarse por la indiscreción cometida pocas horas antes por Jorge Fernández DíazÉste presumió en una entrevista radiofónica de que ese día se iba a producir “una buena noticia” y que tenía que ver con la banda terrorista. El desliz provocó un gran malestar entre los responsables policiales franceses y la juez gala que dirigía la operación, quien decidió no dar la autorización judicial para entrar en la vivienda de la localidad francesa donde se escondía el presunto terrorista. Finalmente, dicha orden no fue necesaria porque el etarra fue arrestado cuando abandonaba el domicilio.

El malestar se hizo extensivo a los servicios de la lucha antiterrorista del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, uno de cuyos integrantes se lamentaba entonces a este diario de la "irresponsabilidad" del ministro en un tema tan sensible: "No se pueden 'radiar' las detenciones y, muchos menos, anunciarlas antes de que se produzca". El mayor sindicato policial, el SUP, llegó a calificar el desliz de “chivatazo” y exigió el cese inmediato del ministro, al que calificó como el peor de la democracia.


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