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El registro de pasajeros sospechosos de yihadismo que prepara el Gobierno no estará listo antes de final de año

El ministro del Interior explica que la infraestructura tecnológica necesaria para implementar la medida tardará aún varios meses en poder aplicarse. Confía en que con "una sencillita enmienda de tres palabras" en la Ley de Seguridad Ciudadana se le dé cobertura legal a la iniciativa.

El ministro del Interiorl Jorge Fernández Díaz
El ministro del Interiorl Jorge Fernández Díaz Efe

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que su departamento llevará a cabo medidas para aplicar en España el uso del registro de pasajeros de aviones en el marco de la lucha contra las nuevas formas de terrorismo como el yihadista. En declaraciones a la cadena COPE ha avanzado que para finales de este año España tendrá la infraestructura tecnológica necesaria para implementar este registro.

Además ha adelantado que para que tenga soporte legal su intención es que el grupo popular introduzca en el Senado una enmienda al proyecto de ley de seguridad ciudadana para que las empresas de transporte de viajeros estén obligadas a facilitar esos datos en este ámbito. De hecho ha anunciado que se va a introducir "una sencillita enmienda de tres palabras" para que el PNR tenga encaje legal en el ordenamiento jurídico. "Con una sencillita enmienda de tres palabras ya tendríamos la cobertura legal. Lo importante es que no sólo seamos unos cuantos países sino todos los que lo tengamos".

Fernández Díaz ve necesario reformar el Código Penal para adaptarlo a las nuevas formas de terrorismo y para ello cree necesario llegar a acuerdo con el PSOE

Jorge Fernández Díaz cree también necesario reformar el Código Penal para adaptarlo a las nuevas formas de terrorismo ya que el actual "dota al Estado de instrumentos para derrotar a organizaciones con una jerarquía como ETA y los Grapo pero no contra terroristas como los yihadistas en los que la red juega un papel capital para el adoctrinamiento, la captación y la financiación".

"Asunto de Estado"

Para llevar a cabo todas estas medidas considera necesario llegar a acuerdos con el PSOE ya que la lucha contra el terrorismo es un "asunto de Estado", ha destacado, y por ello tanto él como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunirán este martes con el grupo socialista. Ha recordado que este registro, conocido como PNR, por las siglas en inglés de Registro de Nombres de Pasajeros, fue una iniciativa de la Comisión Europea y del Consejo Europeo de 2010, pero que el Parlamento Europeo lo paralizó al oponerse grupos como el socialista que consideraron que atentaba contra el derecho a la intimidad personal. "Es una pena que tengan que morir personas para que se produzca un vuelco en el estado de opinión. El PNR se tiene que aprobar y estoy seguro que se va a aprobar", ha concluido.

Ha aclarado que este registro busca prevenir y en su caso investigar eventuales delitos terroristas de tal forma que trata de aportar a un dispositivo tecnológico datos basados en perfiles de riesgo y al mismo solo tienen acceso los investigadores con las debidas garantías y reservas. "No se trata de datos del ámbito religioso o étnico sino de otros cómo si el pasajero ha facturado, si viaja solo y de dónde viene".

Respecto al retorno a España de yihadistas ha indicado que aunque no existe el riesgo cero, las fuerzas de seguridad estiman que son 68 las personas desplazadas desde España para combatir fundamentalmente en Siria, de las cuales 18 habrían muerto, quedarían combatiendo unas 40 y de los retornados algunos están en prisión.

Escuchas sin orden judicial 

El ministro también ha asegurado que el Gobierno renunciará a su propuesta de aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial si el Consejo General del Poder Judicial concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice el dictamen que aprobó el lunes. "Si el CGPJ considera que no tiene pleno encaje constitucional le puedo asegurar que renunciamos a esa iniciativa", ha dicho. "Ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia tenemos intención de promover o imponer una iniciativa que tenga la más mínima duda de su adecuado encaje constitucional", ha añadido.

Según ha dicho, la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual ya prevé que el ministro del Interior pueda intervenir las comunicaciones sólo por supuestos terroristas durante 72 horas antes de comunicárselo a un juez. "Otra cosa es que cuando se aprobó esa Ley el smartphone no existía y hay que adecuar esa situación a la nueva realidad", ha apostillado. Catalá ha indicado este martes que en caso de que el CGPJ se manifieste en contra de las escuchas, el Gobierno esperará al dictamen del Consejo de Estado y de la Fiscalía antes de valorar la aprobación de las escuchas.


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