LOS NEGOCIOS DEL CLAN

Jordi Pujol Ferrusola envió a su suegro a exigir el 3% a una empresa por un 'pelotazo' urbanístico

El último informe de la UDEF entregado al juez Ruz recoge el testimonio de los propietarios de una inmobiliaria que en julio de 2005 recibieron la visita del familiar del primogénito del clan para reclamarle el pago de una 'mordida' por la venta de unos terrenos que había hecho sólo días antes por 30 millones de euros. Aceptaron entregar el 1% para evitar problemas.

Imagen de archivo de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat.
Imagen de archivo de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat. EFE

Prácticas mafiosas a la sombra del apellido Pujol. El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juez Pablo Ruz sobre las actividades de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat, detalla como éste supuestamente reclamó a una empresa el pago del célebre 3% por una operación urbanística. El documento policial recoge el testimonio de los propietarios de una inmobiliaria en el que éstos detallan que días después de vender una finca en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a otra mercantil se presentó en su despacho Ramón Gironés, padre de Mercè Gironés Riera, la mujer del primogénito del político catalán y también imputada en la causa. Según señalaron, el hombre les exigió el pago de dicho porcentaje sobre el precio total de la operación, que había ascendido a algo más de 30 millones de euros. La mujer admitió que finalmente cedió y pagó el 1%. El informe se ha incorporado recientemente al sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra el hijo del expresidente de la Generalitat y su esposa, que declararán el próximo 15 de septiembre acusados de los supuestos delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública.

Jordi Pujol Ferrusola utilizó una de sus empresas 'pantalla' para cobrar la comisión al comprador, y a su suegra y a una segunda persona, para recibir la de la parte vendedora 

El episodio es detallado por la Policía al analizar las facturas supuestamente irregulares que Jordi Pujol Ferrusola cargó por su supuesta labor de intermediación al Grupo constructor COPISA, que también figura como 'donante' en los papeles de Luis Bárcenas. Uno de estos cargos bajo sospecha es el que emitió por 226.577 euros a la empresa Novensauro Inmobles, filial de COPISA. El primogénito del expresidente utilizó para ello a una de sus empresas 'pantalla', Iniciatives Marketing i Inversions, y como concepto hizo constar una supuesta mediación en la compra en el verano de 2005 de una finca en la localidad de L´Hospitalet de Llobregat que era propiedad de la inmobiliaria Focio SL. La UDEF destaca como "hecho sintomático" de la supuesta irregularidad de la operación un error en la factura emitida por el investigado, ya que confundió el número registral de la finca vendida. "No consideramos de recibo ese error, cuando se supone que debes conocer con cierta minuciosidad los activos sobre los que negocias dados los importes que obtienen como provecho personal", recalcan los autores del informe.

Por ello, los agentes se dirigieron a los propietarios de la compañía vendedora para constatar la veracidad o no de dicha adquisición y si realmente Jordi Pujol Ferrusola había intermediado en la misma. La sorpresa fue cuando los hermanos Laura y Enrique Antonio Cutillas Santillan, hijos del matrimonio que fundó Focio SL, les aseguraron que la venta sí existió y que se formalizó ante notario el 5 de julio de 2005, pero que nunca tuvieron constancia de que nadie intermediara en la venta de los terrenos. Sin embargo, la mujer sí hizo constar que "poco después de la escrituración de la operación, apareció por la sede de la empresa Ramón Gironés, padre de Mercè Gironés Riera [exesposa del hijo de Pujol] para exigir el cobro de un 3% del importe total de la venta, ascendente a 30.050.606 euros", detalla el informe policial al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La factura, a nombre de la suegra

Los hermanos añadieron que nunca tuvieron conocimiento de ninguna labor de mediación, pese a lo cual "cedieron en pagar un 1%" después de hablar con el representante del Grupo COPISA con el que habían alcanzado el acuerdo de la venta. Éste les aseguró que sí había habido "esa labor de intermediación" aunque ellos nunca fueron conscientes de la misma. También aseguraron a la Policía que para que hicieran efectiva la comisión "se les facilitó el nombre de dos personas a las que debían pagar, previa recepción de facturas a su nombre". Esas dos personas que figurarían como receptoras del dinero no eran, sin embargo, ni Jordi Pujol Ferrusola, ni su entonces mujer ni tan siquiera el padre de ésta, que fue quien acudió a reclamar la 'mordida'. Una de ellas era Mercè Riera Anglada, esposa de éste último y, por tanto, suegra del hijo del expresidente de la Generalitat. La otra, Xavier Corominas Riera, persona a la que la empresaria recuerda haber visto "acompañando en una ocasión a Ramón Gironés". Ambos facturaron la misma cantidad, 162.093 euros, en sendas facturas presuntamente predatadas el 6 de julio de 2005, "día posterior a la firma de la escritura", resalta el informe de la UDEF.

La Policía concluye que el hijo del expresidente de la Generalitat y su entorno cobraron 550.762 euros en comisiones por la compraventa de la finca de L´Hospitalet de Llobregat

Ambos documentos fueron entregados por los responsables de Focio SL a la Policía y ésta los ha incluido en el informe remitido al juez Ruz. En éstos se observa que el concepto es idéntico, "honorarios por el asesoramiento en la operación de venta del solar de la calle Sanfeliú número 72", y que el pago se fraccionó en tres abonos. Uno de 58.418 euros el mismo día de la fecha de la factura; un segundo de 42.070 euros para casi un año después, el 14 de mayo de 2006; y el tercero de 39.246 euros, justo doce meses más tarde que éste. Los agentes llaman la atención sobre la factura emitida por la suegra de Jordi Pujol Ferrusola y, en concreto, en el hecho de que tiene el número 1. Según la UDEF, es una prueba de que la mujer "habitualmente no participa su actividad económica en negocios de este tipo, siendo factible que incluso se diera de alta sólo para el mismo". Los responsables de la inmobiliaria detallaron que para hacer frente a la 'mordida' libraron tres pagarés para cada una de las facturas que cargaron contra la cuenta corriente que su empresa tenía en La Caixa.

En este sentido, los agentes apuntan al juez Ruz la necesidad de "realizar averiguaciones para delimitar la trazabilidad de los fondos, delimitando en poder de quién acaban". Además, destacan que el hijo mayor del expresidente de la Generalitat obtuvo "sólo en este negocio" un beneficio de 550.762 euros entre lo que él mismo facturó a través de una de su empresa a la sociedad que adquirió los terrenos y el dinero que su suegro presuntamente consiguió recaudar de la parte vendedora. Por ello, la UDEF propone al magistrado "acometer una análisis por si hubiera otras [entregas de dinero] no descubiertas hasta la fecha, bien conexas también a Mercè Riera o a Xavier Corominas, o a cualquier otra persona del entorno de Jordi Pujol Ferrusola" ya que sospecha que finalmente lo cobrado se acercaría "al porcentaje del 3% que parece querían cobrar los investigados".

Cambios urbanísticos

El informe policial destaca también "lo ocurrido en torno a la situación urbanística de las fincas transmitidas" en esta operación bajo sospecha. Según recalca, las mismas tenían siempre la calificación de equipamiento urbano hasta el 24 de abril de 2005, poco antes de la compraventa de las mismas, cuando se modificó el plan general de L´Hospitalet de Llobregat. "Reputamos trascendente la observación de las fechas, porque cuando se suscribe el contrado privado el 15 de junio de 2005 [tres semanas antes de la firma de las escrituras notariales] no está aprobada la actuación urbanística y, tal y como manifiestan los declarantes, su información era muy incompleta". Si quería construir, los propietarios de Focio SL tenían que atenerse entonces a los 15.824 metros cuadrados de techo que desde el año 1996 contaban en el avance del plan. Dicha cifra ascendió a 55.123 metros cuadrados tras la modificación urbanística. Los hermanos Cutillas aseguraron a la Policía que "si hubieran conocido de antemano estos guarismos, habrían pedido el doble de dinero por las propiedades al Grupo COPISA".

Tras producirse la compraventa, los terrenos se vieron sospechosamente afectados por una modificación del plan urbanístico de la localidad barcelonesa y multiplicaron su valor

Además, los agentes destacan que los empresarios les contaron, aunque pidieron que no constara en sus declaraciones, que en los años previos a la firma de la venta habían sufrido "toda una serie de problemas" que pueden ser interpretados como gestos de presión para forzales a desprenderse de los terrenos. Así, relataron que les declararon inundable una finca en la que habían montado un negocio de parking de camiones y que terminaron precintándosela. Además, les instalaron en un terreno colindante a otra propiedad una planta de tratamiento de residuos y "les negaron cualquier iniciativa inmobiliaria sobre las fincas en L´Hospitalet de Llobregat". Ellos presentaron en todos los casos recursos contencioso administrativos ante la Justicia y ganaron. No obstante, también aseguraron que les dijeron que "todos sus problemas se acabarían si enajenaban las fincas al Grupo Copisa". Un detalle que no quisieron que figurara por escrito en su testimonio "por las previsibles complicaciones que les podía traer por la influencia que en Cataluña tienen los investigados". Miedo al apellido Pujol.


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