Ruz investiga las presiones a dos empresarios para que pagaran la ‘mordida’ a Jordi Pujol Ferrusola

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha decidido centrar buena parte de los esfuerzos que en las próximas semanas dedicará a la investigación del ‘caso Jordi Pujol Ferrusola’ en un pelotazo urbanístico en el que, según el informe de la UDEF, personas del entorno del primogénito del expresidente de la Generalitat presuntamente presionaron a los dos hermanos propietarios de la inmobiliaria Focio SL para que pagaron una comisión. Para ello, el magistrado tomará declaración en noviembre a seis personas protagonistas de aquel suceso. Tres de ellos, los exsuegros de Jordi Pujol hijo y un amigo de éste, lo harán como imputados. Los otros tres, entre los que se encuentran los propietarios de la empresa afectada, como testigos. Estos aseguraron a la Policía que el padre de la exmujer acudió a sus oficinas y les exigió el pago de una cantidad por unos supuestos servicios de intermediación que ellos desconocían. Terminaron pagando un 1% (324.000 euros) para evitar problemas. Ruz también ha pedido a La Caixa que le remita antes de cinco días la información sobre seis movimientos bancarios concretos relacionados sobre dicho pago.

Ruz ha citado a declarar como imputados a los suegros de Jordi Pujol Jr. y a uno de sus amigos por su presunta implicación en el suceso

Las diligencias vienen recogidas en el auto que el magistrado hizo público este miércoles y en que además destapaba que Jordi Pujol Ferrusola había transferido desde Andorra a México 2,4 millones de euros el pasado 4 de agosto, sólo seis días después de ser imputado. En ese escrito, en el que ordenaba cursar comisiones rogatorias al país centroamericano, Liechtenstein y Reino Unido, Ruz también citaba a declarar a partir a partir del próximo 12 de noviembre a 38 personas relacionadas con los negocios que permitieron embolsarse 8 millones de euros al hijo del expresidente de la Generalitat. De todas ellas, once lo harán como imputados. Se trata, en la mayoría de los casos, de empresarios que tuvieron una participación activa en varios de los ‘pelotazos’ bajo sospecha del hijo mayor de Jordi Pujol, pero también familiares y amigos.

Entre éstos últimos están Ramón Gironés Pages y Mercè Riera Anglada, padres de Mercè Gironès, exesposa del primogénito del expolítico y también imputada en la causa. Ambos tuvieron presuntamente una participación muy activa en el cobro de esa comisión. Ramón Gironès fue, de hecho, quien se presentó ante los empresarios presuntamente presionados para exigirles el 3% de comisión. Su mujer emitió a su nombre tres de las seis facturas que permitieron su cobro posterior. El tercer implicado en dicho episodio que también tendrá que declarar ante Ruz como imputado es Xavier Corominas, arquitecto cercano al PSC que mantiene una estrecha relación personal con Jordi Pujol hijo. Él emitió a su nombre los otros tres cargos e, incluso, acompañó al suegro de su amigo en al menos una de las visitas a la inmobiliaria.

Y tres testigos

Como testigos por estos hechos comparecerán el 13 de noviembre en la Audiencia Nacional los hermanos Laura y Enrique Cutillas Santillán, representantes de Focio SL, la empresa afectada. La tercera persona que acudirá para declarar en idéntica condición es Antonio Lodeiro, representante de COPISA, la empresa que adquirió los terrenos a los anteriores. Lodeiro también fue quien aseguró a los hermanos Cutillas que sí había habido una labor de intermediación cuando éstos le comentaron las exigencias del suegro de Jordi Pujol. Finalmente, los empresarios “cedieron a pagar el 1%”, según reconocieron a la Policía.

El magistrado ha dado cinco días "improrrogables" a La Caixa para que le facilite toda la información sobre los seis pagos de aquella 'mordida'

Aquellos pagos se concretaron en seis pagos a dos personas, Mercé Riera y Xavier Corominas, que Ruz quiere investigar en profundidad. Por ello, en su auto de este miércoles, “oficiar a La Caixa sin dilación y en todo caso en el improrrogable plazo de cinco días” para que identifique “a la persona física o jurídica” que presenté al cobro “los pagares o cheques contra la cuenta de Focio SL” con los que se pagó dicha ‘mordida’ entre julio de 2005 y mayo de 2007. El informe de la UDEF del pasado verano que abrió el pasado esta línea de investigación incluía copia de las facturas que ambas personas cercanas a Jordi Pujol Ferrusola presentaron a los hermanos empresarios para justificar los abonos. En éstos se observaba que el concepto era idéntico en todos los casos: "Honorarios por el asesoramiento en la operación de venta del solar de la calle Sanfeliú número 72". Los dos primeros pagos, de 58.418 euros cada uno, se facturaron el mismo día de la fecha de la factura. Los dos segundos, de 42.070 euros cada uno, el 14 de mayo de 2006. Y los dos últimos, de 39.246 euros cada uno, justo doce meses más tarde que éste.

Así lo descubrió la Policía   

El episodio fue detallado por la Policía en su informe al analizar las facturas supuestamente irregulares que Jordi Pujol Ferrusola cargó por su supuesta labor de intermediación al Grupo constructor COPISA, que también figura como 'donante' en los papeles de Luis Bárcenas. Uno de estos cargos bajo sospecha es el que emitió por 226.577 euros a la empresa Novensauro Inmobles, filial de COPISA. El primogénito del expresidente utilizó para ello a una de sus empresas 'pantalla', Iniciatives Marketing i Inversions, y como concepto hizo constar una supuesta mediación en la compra en el verano de 2005 de la finca en la localidad de L´Hospitalet de Llobregat que era propiedad de la inmobiliaria Focio SL.

Por aquella operación urbanística, el hijo del expresidente de la Generalitat se embolsó más de medio millón de euros 

Los agentes se dirigieron entonces a los propietarios de la compañía vendedora para constatar la veracidad o no de dicha adquisición y si realmente Jordi Pujol Ferrusola había intermediado en la misma. La sorpresa fue cuando los hermanos Laura y Enrique Cutillas les aseguraron que la venta sí existió y que se formalizó ante notario el 5 de julio de 2005, pero que nunca tuvieron constancia de que nadie intermediara en la venta de los terrenos. Sin embargo, la mujer sí hizo constar que "poco después de la escrituración de la operación, apareció por la sede de la empresa Ramón Gironés, padre de Mercè Gironés Riera [exesposa del hijo de Pujol] para exigir el cobro de un 3% del importe total de la venta, ascendente a 30.050.606 euros", detallaba el informe policial, como adelantó Vozpópuli el pasado 31 de julio.

También aseguraron a la Policía que para que hicieran efectiva la comisión "se les facilitó el nombre de dos personas a las que debían pagar, previa recepción de facturas a su nombre". Eran Mercè Riera y Xavier Corominas. Los agentes apuntaban al juez Ruz en dicho informe la necesidad de "realizar averiguaciones para delimitar la trazabilidad de los fondos, delimitando en poder de quién acaban", que es lo que ha hecho ahora en su auto el magistrado. El informe policial también destacaba que el hijo mayor del expresidente de la Generalitat obtuvo "sólo en este negocio" un beneficio de 550.762 euros entre lo que él mismo facturó a través de una de su empresa a la sociedad que adquirió los terrenos y el dinero que su suegro presuntamente consiguió recaudar de la parte vendedora.

Cambios urbanísticos

El documento de la UDEF resaltaba también "lo ocurrido en torno a la situación urbanística de las fincas transmitidas" en esta operación bajo sospecha. Según recalcaba, las mismas habían tenido siempre la calificación de equipamiento urbano hasta el 24 de abril de 2005, poco antes de la compraventa de las mismas, se modificó el plan general de L´Hospitalet de Llobregat. "Reputamos trascendente la observación de las fechas, porque cuando se suscribe el contrato privado el 15 de junio de 2005 [tres semanas antes de la firma de las escrituras notariales] no está aprobada la actuación urbanística y, tal y como manifiestan los declarantes, su información era muy incompleta". Si quería construir, los propietarios de Focio SL tenían que atenerse entonces a los 15.824 metros cuadrados de techo que desde el año 1996 contaban en el avance del plan. Dicha cifra ascendió a 55.123 metros cuadrados tras la modificación urbanística. Los hermanos Cutillas aseguraron a la Policía que "si hubieran conocido de antemano estos guarismos, habrían pedido el doble de dinero por las propiedades al Grupo COPISA".

Tras la venta de los terrenos, estos multiplicaron su valor por la modificación del plan general de L'Hospitalet de Llobregat 

Además, los agentes señalaban que los empresarios les contaron, aunque pidieron que no constara en sus declaraciones, que en los años previos a la firma de la venta habían sufrido "toda una serie de problemas" que podían ser interpretados como gestos de presión para forzales a desprenderse de los terrenos. Así, relataron que les declararon inundable una finca en la que habían montado un negocio de parking de camiones y que terminaron precintándosela. Además, les instalaron en un terreno colindante a otra propiedad una planta de tratamiento de residuos y "les negaron cualquier iniciativa inmobiliaria sobre las fincas en L´Hospitalet de Llobregat". Ellos presentaron en todos los casos recursos contencioso administrativo ante la Justicia y ganaron. No obstante, también aseguraron que les dijeron que "todos sus problemas se acabarían si enajenaban las fincas al Grupo Copisa". Un detalle que no quisieron que figurara por escrito en su testimonio "por las previsibles complicaciones que les podía traer por la influencia que en Cataluña tienen los investigados". Ahora, sin embargo, tendrán que contárselo al juez Ruz.